El pueblo de Chubut se adueñó de las calles y lucha en contra del avance de una de las actividades que más avasalla los bienes comunes naturales y los derechos humanos de la población, favoreciendo exclusivamente los circuitos de acumulación de la riqueza: la megaminería. Esta actividad no tiene licencia social en la provincia.
La lucha del pueblo chubutense contra la megaminería data de casi dos décadas. En el año 2002, en la ciudad de Esquel, comenzaron a organizarse las primeras asambleas vecinales ante la noticia de que cerca de allí se estaba gestando un proyecto que pretendía extraer oro utilizando enormes cantidades de agua y cianuro. Frente a esto, ganó la movilización popular que tomó las calles y logró que mediante un plebiscito se expresara la voluntad del pueblo, vislumbrando que el 80 por ciento de los habitantes estaba en contra del desarrollo minero. El resultado de esta lucha colectiva e indetenible concluyó en la Ley Nº 5001, hoy denominada Ley XVII-Nº68, que no prohíbe totalmente la minería pero sí impone fuertes restricciones a la actividad e impide que ésta se realice utilizando cianuro en toda la provincia.
Chubut es una de las provincias menos pobladas del país, cuya economía se basa principalmente en la ganadería, la explotación de yacimientos de hidrocarburos y la pesca, entre otras prácticas productivas. Actualmente, la provincia está enfrentándose a dificultades económicas y problemas para pagar los sueldos de sus empleados, lo que ha generado el contexto idóneo para que quienes vienen especulando y negociando de espaldas a la población puedan abrirle paso a la minería, en esta ocasión, mediante el Proyecto Navidad, un emprendimiento megaminero que profundiza aún más el modelo extractivista predominante en la región.
A pesar de la legislación vigente, las gigantes mineras -transnacionales con sede principalmente en Canadá pero que operan a lo largo de todo el mundo- continuaron desarrollando sus planes y consolidando proyectos. El Proyecto Navidad, llevado adelante por la empresa Pan American Silver (PAS) desde 2009, busca extraer plata y plomo de uno de los yacimientos más grandes del mundo que se ubica en la localidad de Gastre, al norte de la provincia sobre un área sagrada para comunidades originarias del lugar y de gran valor arqueológico. Para este emprendimiento se estima un área de excavación de 100 km2, y pretende extraer 500 toneladas de metales al año, por el término de 17 años.
Mientras tanto, las marchas no se detienen y todos los días las calles gritan “no a la mina” y “no es no”. La respuesta del gobierno provincial es la represión reiterada a la movilización popular, la detención de ambientalistas y la persecución de quienes se oponen al desarrollo de la megaminería, incluso llevando a cabo allanamientos e imponiendo todo tipo de violencia, que violan la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Los mismos sectores que están involucrados en causas de espionaje a activistas, integrantes de pueblos originarios, vecinos y periodistas son los que operan a favor del negocio minero, falsificando documentos e informes de Conicet para legitimar sus intereses y presionando para aprobar la zonificación de la meseta y poder empezar, finalmente con la instalación de “Navidad” y la exploración para otros proyectos.
La negativa del pueblo responde a las ya conocidas experiencias que la patria grande tiene en el tema. Sobran los ejemplos que demuestran que no es posible realizarla, en las escalas que se pretenden, de forma sostenible. Casos como el de Minas Gerais, Brasil, donde en el año 2015 la ruptura de un dique de cola produjo un alud que sepultó dos ciudades, fallecieron 19 personas y miles fueron desplazados de sus hogares, o el de la mina Veladero en San Juan, donde en ese mismo año se derramó más de un millón de litros de agua cianurada contaminando el Río Jáchal, ponen de manifiesto que la megaminería no se condice con la salud humana y ambiental.
Para poder desarrollarse, la megaminería utiliza grandes cantidades de compuestos tóxicos, se liberan metales pesados al ambiente, generando drenaje ácido de las rocas removidas que libera ácido sulfúrico por largos periodos de tiempo y se utilizan además grandes volúmenes de agua. Puntualmente para “Navidad” se prevé un consumo de 95 litros por segundo. Esto es especialmente problemático en una zona de desierto semiárido, lo cual implica un serio problema para abastecer a las comunidades aledañas. Por otro lado, para poder extraer los metales de la roca, la misma debe perforarse y pulverizarse, lo que significa destruir mesetas y montañas de forma irreversible.
El respaldo a la minería viene acompañado de quienes argumentan sobre las ganancias y los empleos que ésta genera, los cuales no se condicen con la realidad que viven cientos de pueblos mineros. Si bien al inicio de la actividad y en la fase de instalación de la infraestructura de las minas se requiere gran cantidad de mano de obra, una vez instaladas la demanda disminuye. Si se toma de referencia lo que ocurre en otras minas, como Veladero, se estima que cada 1,2 millones de dólares que las empresas invierten, sólo se genera un puesto de trabajo. Por otro lado, no solo la cantidad de puestos laborales que genera la minería son irracionalmente bajos, sino que la calidad de los mismos son alarmantes, los empleados tienen que someterse a condiciones insalubres, a jornadas laborales excesivas y a sueldos precarizados además de que sus derechos laborales son sistemáticamente vulnerados.
La falacia del desarrollo y el progreso que traen aparejadas actividades como la minería queda al descubierto. Los países latinoamericanos son los primeros en ser elegidos por las empresas que invierten en estas actividades, extraen metales valuados en millones de dólares, y cuando las minas dejan de ser rentables, se van dejando desempleo, zonas destruidas y una gran contaminación que difícilmente se puede revertir. El costo son pueblos enfermos, sin acceso a los servicios básicos y con un enorme índice de pobreza. Mientras tanto, los países más ricos reciben el oro, la plata, y otros metales, para industrializarlos, transformarlos y comercializarlos en productos con un alto valor agregado, y para los cuales se generan empleos de calidad. El saqueo de los recursos continúa, como desde hace más de cinco siglos. Las promesas de empleos y divisas son los espejitos de colores del siglo XXI.
La crisis socioambiental y económica que atravesamos es la crisis de un modelo que no funciona. Las respuestas y las soluciones deben ir en otro sentido. Es hora de apostar a una economía que no implique destruir nuestros ecosistemas ni explotar a nuestros pueblos en función de los intereses de unos pocos, y de los mismos de siempre. Es momento de disputar nuestros modelos de producción y de entender que no hay futuro posible si destruimos nuestra tierra. La transición debe, necesariamente, venir por y para los de abajo.
Todo proyecto de país, por otra parte, no puede oponerse a la voluntad de los pueblos. El escenario que nos plantea la crisis climática exige una democracia robusta y un fortalecimiento de los movimientos sociales a la hora de disputar los intereses concentrados que nos arrastraron al colapso sanitario, social y climático.
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