Esta semana se debatió en comisiones del Senado el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que ya cuenta con la media sanción de la Cámara Baja. Nuevamente pasaron expositores tanto a favor como en contra de la ley -algunos de ellos ya habían estado en el debate en Diputados- con argumentos sólidos y momentos conmovedores, como la carta de Lucía, la niña tucumana de 11 años que había sido violada y embarazada por la pareja de su abuela, pero también con golpes bajos, mentiras e información sesgada que intenta confundir acerca de qué es y qué implica una IVE y evitar la ampliación de derechos sexuales y reproductivos.
Estefanía Cioffi es médica generalista, militante feminista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Para ella, el debate “no tuvo nada muy novedoso” porque “se repiten los mismos argumentos que en 2018, en especial quienes están en contra, incluso como si el debate en Diputados no hubiera sucedido”.
“Muchas personas que están en contra (de la legalización del aborto) dicen que se tendrían que hacer otras cosas, pero los abortos inseguros no disminuyen y, si lo hicieron, fue por la militancia feminista, no por políticas públicas. Hay una negación de que pasaron dos años (desde que se trató la ley en el Congreso), de que hubo muertes por abortos inseguros y derechos vulnerados en el camino. En nuestro país, una niña sigue pariendo cada siete horas”, lamentó Cioffi.
En muchas exposiciones contrarias al proyecto se dijo que cuando una persona embarazada va al sistema de salud “lo primero que le ofrecen es un aborto”. ¿Con qué situación se encuentran las personas embarazadas en esa primera consulta médica?
Lo que sucede es que, frente a un test positivo o una primera ecografía, la primera respuesta es una felicitación. No hay lugar para una consejería en opciones, en preguntarle a la persona qué le pasa con esa noticia, en qué contexto está. Cualquier deseo, la maternidad o el aborto, es un proceso y eso está bueno que sea acompañado porque creo que el principal problema es no poder acompañar lo que decidan. El sistema de salud las expulsa, muchas no consultan por miedo a sentirse juzgadas o ser criminalizadas y lo resuelven de otra manera. Los discursos que se escucharon en el Senado hablan del aborto como si fuera un tema complejísimo, cuando en realidad casi el 95 por ciento de los casos se puede resolver de forma ambulatoria y con pastillas o medicamentos. Esa desinformación hace que a muchas les dé miedo consultar cuando nosotros lo que queremos es acompañar, sea cual sea la decisión que tome la persona. La irregularidad en esa respuesta también depende mucho del profesional de la salud que esté del otro lado. Por eso nos oponemos a la objeción de conciencia.
La letra original del proyecto regulaba bastante la objeción de conciencia y en el dictamen final de Diputados se permite que una clínica privada tenga a todo su personal como objetor. ¿No te parece que quizás era mejor regular para evitar obstrucciones como pasa con las interrupciones legales del embarazo (ILE)?
Nosotros trabajamos a conciencia, lo que se objeta es la práctica. Me parece que no puede ser que eso (la objeción) haga que se vulneren derechos como lo que se escuchó de la médica (Marisa Belinda Manno, quien amenazó a una mujer diciendo que “cuando quieras asesinar a tu hijo y caigas en mis manos, te voy a hacer concha”). El artículo 19 de la Constitución dice que el derecho a la información es elemental, entonces el derecho para que las personas sean informadas y no expongan su salud y su vida debe ser obligatorio, no es una opción. Hay niñas de 13 años que van a guardias embarazadas no solo en Formosa, sino también en el AMBA y no se les prende la alarma de qué es lo que pasó ahí, las citan para un control de embarazo. Cuando hablamos de las marcas que deja el aborto tiene que ver con transitar esa interrupción en un contexto de clandestinidad, pero también todo el recorrido que hacen algunos hasta llegar con un profesional que le garantice sus derechos. Dentro del mismo sistema de salud hay personas que pasaron por muchos maltratos.
¿Cómo cuáles?
En el recorrido de garantizar una ILE, nos pasa en general que con las interrupciones en el segundo trimestre y que requieren atención dentro del hospital, las personas alrededor vulneran esos derechos. Dan información a otras personas, no le quieren poner las sábanas en la cama al paciente, no le dan la medicación, no lo revisan cada cierta cantidad de horas, el anestesista no quiere poner la anestesia porque dice que es objetor. La objeción de conciencia no debería existir, así como no existe en la mayoría de las prácticas en salud. Algo bastante sistemático es la violencia a la hora de hacer las ecografías. Algunas piden no escuchar ni ver las pantallas y los obligan a mirar o ponen el volumen alto. En un acompañamiento que hice en un control post-aborto, el ecógrafo le dijo a la mujer “cómo pudiste hacer esto, mataste a una persona”. Ella tenía el apoyo de su familia, de su pareja, estuvo durante el proceso y esa consulta le resultó tremenda.
Otro de los cuestionamientos que se hizo en el Senado es a quiénes se refiere la ley cuando habla de profesionales de la salud. ¿Quién o quiénes intervienen al momento de acompañar una ILE hoy?
Solo quien realiza la práctica de forma directa es quien puede recetar la medicación o aplicarla. Puede ser una médica generalista, una obstetra. Pero hay una gran variedad de quienes participan porque la forma en la que trabajamos es interdisciplinaria con trabajadores sociales, psicólogos, pediatras. Incluso la farmacéutica que vende la medicación participa. Los problemas de salud son complejos y tienen que encontrar una respuesta completa e integral.
En el debate también se mencionaron aquellos abortos que se practican con los embarazos avanzados y que están permitidos por las causales que establece el Código Penal que ratifica después el fallo FAL. ¿Qué porcentaje representan y en qué condiciones se dan estos casos?
Tenemos interrupción legal sin límite de edad gestacional desde 1921 y lo venimos practicando cuando corresponde a las causales. En la experiencia concreta casi no hay personas que quieran interrumpir un embarazo a los ocho meses, como dijeron en el Senado. La mayoría de las personas que quieren interrumpir su embarazo quieren que sea lo antes posible y se angustian mucho cuando se retrasa la práctica. Lo que sucede es que cuando llegan casos de más de 18 semanas de gestación son niñas que fueron abusadas, que les resulta complicado hablar sobre lo que les pasó, o mujeres que viven en situaciones de violencia, que son abusadas por sus parejas y no las dejan ir a los controles. También hay casos con personas gestantes que tienen consumos problemáticos o de salud mental. A todas esas personas les tenemos que dar una respuesta porque son las más vulnerables de todas y las que llegan más tarde al sistema de salud.
En el caso de que la ley se sancione, ¿qué desafíos crees que tendrán la reglamentación y la implementación?
Creo que tenemos la capacidad instalada para garantizar la IVE. En la Red de Profesionales ya somos más de mil en todo el país, desde Tierra del Fuego a Tilcara. Pero necesitamos expandir esa capacidad y que quienes venimos acompañando las ILE de una manera segura y amorosa podamos formar parte de las capacitaciones al personal de salud. Después va a haber que trabajar con la población en general para que sepan cuál es su derecho. Así como aprendimos a usar un preservativo, que se enseñó cómo se ponen, que previenen las ETS, también se va a tener que enseñar que el aborto es una opción, cómo es, que esa persona va a estar acompañada. Y las redes feministas van a seguir teniendo un rol importante de acompañamiento y de ser el puente entre el territorio y las instituciones de salud. El feminismo en Argentina está muy territorializado y tendemos una tarea grande por hacer.
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