Ley de Economía Social

El guiño de Larreta a la economía popular fue apoyado por el Frente de Todos

La Legislatura porteña sancionó la Ley de Economía Social, que busca fortalecer al sector mediante el aporte de fondos públicos y privados. Desde el Frente de Todos celebraron esta iniciativa que robustece a la economía popular. "Queremos que se garantice una implementación acorde a las necesidades del sector", dijo la legisladora Laura Velasco.

La Legislatura porteña discutió y aprobó este jueves la Ley de Economía Social, que busca crear un fondo público-privado a partir de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad con el objetivo de financiar proyectos productivos de las cooperativas y organizaciones asociativas, que permitan potenciar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. “Esta ley, que venía siendo postergada, es un avance y un enorme logro de las organizaciones populares. Vamos a seguir trabajando para que se garantice una reglamentación e implementación acorde a las enormes necesidades del sector”, expresó Laura Velasco, legisladora por el Frente de Todos, en diálogo con El Grito del Sur.

La normativa en cuestión surge como propuesta del Ejecutivo porteño y venía siendo discutida en comisiones dentro de la Legislatura, donde surgieron otros seis proyectos de representantes de distintos bloques que introducían modificaciones al documento original. Finalmente, con apenas algunas modificaciones, el texto del oficialismo fue aprobado esta semana en el recinto.

Velasco introdujo una de las propuestas alternativas al proyecto larretista. Entre las principales diferencias, la representante del Frente de Todos planteaba el ingreso al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES) de las cooperativas de trabajo, asociaciones mutuales y civiles, y unidades productivas autogestionadas registradas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y domiciliadas o emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el texto aprobado se definió la creación de un Registro de Unidades Productivas de la Economía Social. Esta propuesta alternativa también buscaba otorgar subsidios para el pago de los servicios de agua, gas y luz, como así también para fomentar y sostener las actividades productivas, sumado al ofrecimiento de espacios físicos mediante convenios con entidades públicas o privadas. Por otro lado, se planteaba la constitución de una mesa permanente con las organizaciones que permitiera darle un seguimiento a la aplicación de la ley, a modo de Consejo Asesor, algo que finalmente tampoco fue tenido en cuenta en la redacción final del proyecto.

“Hubiéramos querido que esos aportes fueran tenidos mucho más en cuenta para llegar a una mejor ley que integre a las tareas de cuidado comunitarias, que cuente con presupuesto acorde, que integre a las organizaciones en un Consejo, que exprese claramente las características del fondo fiduciario o las condiciones de los créditos para acceder a maquinarias y herramientas, a la capitalización y a la posibilidad de sustentabilidad de los emprendimientos productivos”, le dijo Velasco a este medio.

La Ley de Economía Social aprobada otorga beneficios impositivos para las unidades productivas que se encuentran inscriptas en la categoría de monotributo promovido ante la AFIP. Las mismas estarán exentas del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el plazo de tres años a partir de su entrada en vigencia, facilitando de esta manera el camino hacia la formalización.

“Esta ley beneficiará a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular porque son parte de un sector que va a ser apuntalado por esta ley en varios aspectos en cuanto a lo que hace a la capacitación, la posibilidad de acceder a créditos, lo que hace también a la posibilidad de contar con algunas políticas públicas activas que se lleven adelante a través de este fondo fiduciario que combinaría aportes públicos y privados, y es fundamental para que todas las cooperativas y diversas formas asociativas que tienen los emprendimientos de la economía social y popular puedan tener sustentabilidad”, reflexionó la legisladora porteña. Finalmente concluyó: “Hay una parte que quedó planteada en la ley y hay otra parte que apostamos a que -en términos de reglamentación y aplicación- sumando a las organizaciones populares a un consejo permanente puedan tener este desarrollo para que la ley cumpla con su objetivo”.

 

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