Organizaciones sociales y políticas se movilizaron el lunes pasado al Palacio de Tribunales para reclamar una «Navidad sin presos políticos». Si bien ya se cumplió el primer aniversario de la asunción de Alberto Fernández como presidente, el lawfare sigue vigente en la Argentina con el objetivo de perseguir y encarcelar a dirigentes populares. A principios de este mes, la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar firme la condena a 5 años de prisión del exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Por su parte, Milagro Sala continúa padeciendo prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy.
«Si hay alguien que cuestionó los procedimientos judiciales fui yo. La discusión semántica no es menor: el preso político, técnicamente, es un preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es un preso sin causa. Y yo no tengo a ningún preso sin causa, no tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo Nacional», dijo el Presidente en febrero de este año. En un tono similar se expresó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, pero recientemente volvieron a aflorar posiciones disidentes dentro del propio Gobierno. A las declaraciones de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta se le sumó ahora su par Juan Cabandié, quien señaló que «hay presos políticos y la Justicia tiene que intervenir, pero tenemos que poner las discusiones en la arena pública».
Durante los cuatro años de macrismo, el caso más resonante a nivel nacional e internacional fue el encarcelamiento de Milagro Sala. La Justicia de Jujuy ordenó liberar a la dirigente indígena en la llamada «Megacausa», pero en la actualidad sigue con prisión domiciliaria tras haber sido condenada por asociación ilícita en la causa conocida como «Pibes villeros». Los expedientes impulsados por el gobernador Gerardo Morales también provocaron la privación de libertad de María Condorí, Miguel Sivila, Gladys Díaz, Iván Altamirano, Graciela López, Patricia Cabana, Mirtha Guerrero, Adriana Condorí, y Mirta Aizama.
«Está claro que hay una continuidad judicial, son causas que se iniciaron en el gobierno anterior y hoy continúan porque se convalidaron todos los mecanismos para generar causas débiles de papeles en el marco del lawfare. Lo que se busca es aniquilar al enemigo, allí todo vale. En particular se utilizó la figura de los arrepentidos junto a pruebas que no eran tales. Las escuchas ilegales, por ejemplo, fueron utilizadas en diferentes casos para generar expedientes», plantea en diálogo con El Grito del Sur Gastón Harispe, diputado del Parlasur (FPV-PJ) y secretario general del Movimiento Octubres.
Harispe señala que «todas las instrucciones de la etapa macrista, hechas por la Justicia Federal en causas políticas, tuvieron el objetivo de perseguir a algunos dirigentes, en particular el caso concreto de Julio De Vido quien fuera el artífice del último eslabón de planificación estatal de la economía. El lawfare es el trípode diabólico de lo judicial, donde los medios de comunicación generan notas a partir de fuentes poco fiables que dan lugar a la intervención automática de fiscales y jueces. Ese es el mecanismo por el cual hoy tienen sentencias -en algunos casos firmes- algunos dirigentes políticos».
Tal como afirmó la vicepresidenta Cristina Fernández, el lawfare comandado por el tándem Poder Judicial-medios de comunicación sigue en su apogeo y es bien selectivo: en la actualidad se protege a los exfuncionarios macristas que endeudaron al país mientras continúa el encarcelamiento para los opositores durante el período anterior. «Esas causas deberían correr todas por nulidades. Es la teoría del árbol podrido: como en este caso se llegó al fruto a partir de la maduración de determinados procesos investigativos mediante bases podridas, como pruebas falseadas o mecanismos que violaron las garantías constitucionales en el marco de un debido proceso, esas causas no pueden hacer frutos buenos. En algunos casos, como la provincia de Buenos Aires, Casación ha determinado nulidades para causas donde hay testigos arrepentidos que fueron la base del fundamento de una sentencia», explica el diputado del Parlasur.
La embestida legal que sufrieron Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, así como Rafael Correa en Ecuador, son ejemplos no aislados de la táctica de guerra no convencional conocida como lawfare. En ese sentido, Gastón Harispe plantea que el combate contra el mismo debe tener un carácter regional: «Éste es un ejercicio de poder del imperialismo para intervenir en el continente. No hay responsabilidad del Ejecutivo, pero desde allí se debe trabajar el tema. Mediante la judicialización de la política y las propias contradicciones que hay en las sociedades, lo único que hacemos es profundizar conflictos irresolubles».
«Con el lawfare se persiguió un modelo económico y político que tenía como base al peronismo que rigió los destinos del país entre 1945 y 1955», concluyó Harispe.
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