La deuda es con les migrantes

En el Día Internacional de las y los Migrantes, Jackson Jean analiza el sentido que tenía esta fecha para el gobierno anterior y explica por qué la gestión de Alberto Fernández no puede celebrar esta jornada en un 2020 adverso para este sector de la población.

Los días internacionales decretados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) tienen mucho significado para todos los gobiernos de los países miembros, en especial para aquellos en situación de conflicto político, búsqueda de legitimidad internacional o diplomacia. No sin razón, el gobierno de Venezuela impulsó ante el consejo de la ONU el 24 de abril como el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, el cual se celebró por primera vez el año pasado.

En la Argentina, el sentido de este tipo depende estrechamente de la ideología de los gobiernos. Hoy es el día internacional de las y los migrantes. ¿Cuál es el sentido que tenía ese día internacional para el gobierno anterior y cuál tiene para el gobierno actual? ¿Por qué el gobierno actual no puede celebrar este día en 2020?

El gobierno de Macri, su ideología y les migrantes

El expresidente Mauricio Macri, en base a una visión de centro-derecha, tenía una política pública desfavorable a cualquier grupo social no empresarial. En cuanto a les migrantes y refugiados, se vieron afectados por sus decisiones a tal punto que el gobierno anterior publicó el DNU 70/217 que sujeta más a les migrantes a las violencias institucionales y responsabiliza a éstos de cualquier debilidad administrativa o del sistema electrónico RADEX que implementaron. Además, este decreto modifica la ley de Nacionalidad 346 exigiendo que sólo pueden acceder a la ciudadanía quienes tengan la residencia temporaria o permanente, e invalida el Certificado de Residencia Precaria como documentación para iniciar ese trámite con perjuicio a la ley de Reconocimiento y Protección de Apátridas (27.512).

Según los datos de Comisión Nacional de Refugio (Co.Na.Re.), entre los años 2010 y 2019 recibieron casi 15.000 solicitudes de refugio: entre ellas, 3046 de nacionalidad senegalesa, 1573 de Haití y 1171 de República Dominicana. Solo en 2019, recibieron 2157 solicitudes por parte de venezolanos y venezolanas. El exgobierno fue la gestión que más excluyó a los refugiados de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (26.165) y de la ley 26.202 referida a la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la ONU.

El gobierno actual

A pesar de la ideología diferente del nuevo gobierno, el DNU 70/2017 no se ha derogado y han aumentado los reclamos porque el COVID-19 afecta en mayor medida a la comunidad de migrantes y refugiados. La primera Encuesta Nacional de los Migrantes en Argentina (ENMA), impulsada por un equipo de investigadoras e investigadores pertenecientes al Eje Migración & Asilo de la Red Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos del CONICET y más de 30 organizaciones sociales y de migrantes, reveló:

  1. El porcentaje de personas migrantes que fueron testeadas y diagnosticadas con COVID-19 (5%) es equivalente a la proporción de personas migrantes que residen en el país (4.9%). Ahora bien, se estima que el porcentaje de contagios podría ser más alto, ya que a este dato se suma que el 6% de las personas encuestadas informó haber tenido síntomas compatibles con el coronavirus o convivir con personas que contrajeron el virus (4%). Cuando se analiza el impacto del COVID-19 dentro de cada colectivo nacional, se observan algunas variaciones significativas: la tasa de contagios de connacionales peruanes (9.3%), paraguayes (7.6%), haitianes (7%) y bolivianes (6.2%) es mayor si se compara con la de colombianes (0.5%), chilenes (2%), senegaleses (4.6%) y venezolanes (5%).
  2. El análisis de la situación laboral de la población migrante previa a la pandemia revela que las personas que cuentan con menos años de residencia en el país se ven expuestas a situaciones de mayor precariedad laboral. Por el contrario, a medida que pasa el tiempo, se observa el descenso del desempleo y de ocupaciones esporádicas e independientes y, paralelamente, un aumento de los trabajos bajo relación de dependencia con sus respectivas garantías laborales asociadas (retiros y licencias). Esta información es clave para corroborar la existencia de una estrecha vinculación entre migración reciente, pobreza e indigencia, que debería ser contemplada en el diseño de las políticas públicas de contención dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
  3. El panorama expuesto sobre la situación laboral de la población migrante se vio agravado con la emergencia por la pandemia y las medidas de aislamiento social, repercutiendo decididamente en la precarización de sus condiciones de vida: el 51% de les migrantes encuestades vieron interrumpida su fuente de ingresos desde la emergencia sanitaria.
  4. Sólo un 20% declaró haber accedido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
  5. El acceso al IFE según nacionalidad muestra que las personas provenientes de Paraguay, Bolivia y Perú, que integran los tres colectivos migrantes con mayor presencia temporal y numérica en el país, presentaron proporcionalmente más solicitudes de IFE y tuvieron mayor éxito en su acceso. En efecto, el saldo entre IFEs otorgados y denegados fue positivo en los tres casos. En el otro grupo, integrado por personas migrantes de Venezuela, Senegal, Haití, Colombia, Chile y Brasil, se observa la tendencia contraria: el porcentaje de solicitudes es llamativamente más bajo y el nivel de rechazos claramente superior.
  6. La ENMA evidencia que solo el 29% de las personas migrantes se encontraba trabajando en relación de dependencia o con un salario fijo antes de la irrupción del COVID-19 en Argentina.

 

En ese marco, les referentes y militantes migrantes creen que el Gobierno no puede celebrar el Día Internacional de los Migrantes mientras siga vigente el DNU 70/2017. «El día de hoy no es motivo de celebración para nosotres como migrantes, sino un momento de lucha para hacer demandas al Estado argentino y exigir que sea derogado el DNU 70/2017, que endureció los controles migratorios, modificó la Ley de migraciones 25.871 y aceleró la expulsión de migrantes», resumió en diálogo con El Grito del Sur Arturo Lev, vocero de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados – UTEP.

 

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