El Gobierno nacional terminó torciéndole el brazo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y logró aprobar esta mañana el proyecto que recorta los fondos coparticipables de la Ciudad en más de dos puntos, lo que equivale a más de 40 mil millones de pesos el año que viene. Lo hizo con la ayuda inestimable de cuatro diputados cordobeses del riñón del gobernador Juan Schiaretti, quienes aportaron el quórum, introdujeron leves cambios al proyecto original y terminaron votando con el oficialismo, pese a los intentos realizados a contrarreloj por el Pro para evitarlo.
El oficialismo se impuso así a la hora de conseguir los consensos políticos para avanzar en una decisión difícil, cuyo origen fue el levantamiento en agosto de la Policía Bonaerense, que llegó a tener ribetes desestabilizadores, e hizo un ejercicio fuerte de gobernabilidad: el propio Alberto Fernández tuvo que extender el plazo de las sesiones ordinarias, que vencía hoy a las 0 horas, hasta el 11 de diciembre, para que el proyecto pueda ser debatido y sancionado. Con más de 50 cuestiones de privilegio y demás berrinches, el bloque de Juntos por el Cambio intentó estirar la sesión hasta más allá de las 12 de la noche, con el objetivo de voltear el proyecto, pero la estrategia terminó por naufragar.
El proyecto deberá volver ahora al Senado, por las escasas modificaciones que introdujo el bloque del peronismo cordobés. Se espera que en la Cámara Alta, comandada por CFK, el trámite sea express. Es que los gobernadores del interior están en su enorme mayoría a favor de que la Ciudad comience a devolver los fondos que recibió durante los cuatro años en que Mauricio Macri estuvo en el poder. Según los cálculos de la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Interior, Silvina Batakis, Rodríguez Larreta gozó al menos de 80 mil millones de pesos “extra” entre 2016 y 2019 por el traspaso de la Federal, que fueron otorgados con discrecionalidad y para afrontar gastos que excedieron ampliamente el ítem “Seguridad”.
Fuentes del Ministerio de Interior aseguraban ayer a El Grito del Sur que la sanción de la ley terminará por enterrar las aspiraciones de Rodríguez Larreta de lograr un fallo favorable en su apelación a la Corte. Ya no se tratará de un decreto judicializado, sino que también habrá una ley votada por ambas cámaras y con el apoyo de los gobernadores. En medio de la tensión de la jornada, el oficialismo intentó de todos modos construir un puente con el Jefe de Gobierno, al que le ofreció incluir un artículo en el proyecto que estableciera un plazo de 60 días de negociaciones entre ambos Ejecutivos.
De todos modos, la desconfianza es mutua. Pesan varias zancadillas que se dieron entre ambos en los últimos diez días. En la Rosada todavía se lamentan por la represión desatada por la Policía de la Ciudad durante el funeral popular de Diego Maradona, a la que culpan en parte por los desmanes y la sensación amarga que dejó la pésima organización. También reprochan el impuesto a las Leliqs que introdujo el Jefe de Gobierno en su propio presupuesto para 2021, una jugada de ahogado con la que buscó recuperar parte de los fondos recortados pero que lo vuelve a enfrentar con la Rosada. Eso motivó una fuerte respuesta del Banco Central. También, de por medio, está la privatización de Costa Salguero, a la que el Frente de Todos enfrentó con movilizaciones, fallos judiciales y una colonización de las audiencias públicas, con 7 mil inscriptos, un récord histórico. Larreta, por ahora, sigue trabando por su parte el nuevo pacto fiscal, una de las prioridades del Gobierno.
“A Larreta ya no le quedan más argumentos”, decían desde Interior. En el Gobierno entienden que la Corte evitó una sentencia (pese a que hubo trascendidos de que lo iba a hacer) porque estaba esperando que decida el Congreso.
Pero al margen de la disputa palaciega, queda el trasfondo de la cuestión, que es determinar cuánto cuesta la Federal traspasada y cuál debe ser el peso de la Ciudad dentro de la coparticipación en el marco de un sistema federal y teniendo en cuenta su autonomía lograda hace ya 24 años, con su nueva Constitución. “Desde que empezó este debate, la Ciudad nunca mostró los números (de cuánto es el gasto de la Federal traspasada), incluso no lo hizo en las reuniones privadas”, decían desde Interior.
De aprobarse finalmente la ley, la Ciudad retrocederá al 1,4 por ciento de coparticipación «histórico» decretado por el presidente interino Eduardo Duhalde, en 2003. Sobre ese monto, Nación pondrá 24 mil millones de pesos extra para pagar los salarios de la Federal transferida en 2016, actualizados en función de la inflación.
Sobre el cierre de la sesión, el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, dejó una frase en torno a cómo se dieron las negociaciones y sobre la dinámica política de la disputa con el Jefe de Gobierno y su ejercicio del poder. “Hay muchos que son anti peronistas con el interior del país y con los aliados, pero cuando ven a alguno del peronismo porteño, al jefe de Gobierno le brillan los ojos”, disparó, fiel a su estilo.
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