Recorta la independencia del fuero Contencioso Administrativo

Larreta ya tiene su propia reforma judicial para frenar los amparos contra su gestión

El Ejecutivo porteño modificó el código que regula el funcionamiento del fuero Contencioso Administrativo, cuyos fallos pusieron nerviosos más de una vez tanto a Mauricio Macri como al propio Rodríguez Larreta. Los jueces y las juezas denuncian que recorta su independencia y estira los plazos de las causas, postergando las sentencias.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya tiene su propia reforma judicial a pequeña escala. La Legislatura convirtió ayer en ley un proyecto cuya letra chica generó preocupación en buena parte de los jueces y las juezas del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, quienes rápidamente detectaron un nuevo intento de entorpecer sus fallos, con los que el Pro arrastra una obsesión desde los tiempos de Mauricio Macri.

La ley en cuestión fue impulsada por el legislador oficialista Martín Ocampo e introduce modificaciones en el código que regula la actuación de ese fuero, en las que los jueces y las juezas ven un intento de interferir en sus fallos, extender los plazos judiciales y lesionar su independencia del Ejecutivo.

El fuero Contencioso Administrativo se encarga, básicamente, de garantizar los derechos de los porteños y las porteñas vulnerados por las distintas políticas públicas y que inician amparos individuales o colectivos. Entre sus facultades, está la de dictar medidas cautelares que frenan decisiones del Gobierno o lo obligan a tomar otras. Por ejemplo, congelar la tarifa del subte u ordenar que se realice un censo de personas en situación de calle como marca la ley, entre muchos otros casos relativamente recientes. El último y más resonante de sus fallos fue el que suspendió temporalmente la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco, con el argumento de que se debió garantizar la participación ciudadana a través de una audiencia pública como la que empezó a fines de noviembre, con récord de inscriptos.

La principal modificación que trae la ley de Ocampo es que le da intervención al Ministerio Público Fiscal (MPF) en cada una de las distintas etapas procesales, haciendo más lentos los procesos, y confundiendo el rol del MPF con el que debe resguardar la Procuración General, que representa al propio gobierno, sobre el que pesan las decisiones de los jueces. Ocampo y el bloque del oficialismo cumplieron un histórico anhelo político del Pro, que en los 13 años que gobierna la Ciudad tuvo varios encontronazos y cruces públicos con varios de ellos. «Que el marido de Liberatori de Aramburu se haga cargo de lo que hace su mujer», llegó a decir Macri en 2008, en un claro ataque de machismo, rabioso con el fallo de la jueza Elena Liberatori que prohibió el famoso “0800 buchón” para que los padres denunciasen a los hijos de otros padres que tomaban escuelas.

La preocupación principal de los jueces y las juezas se centra en los artículos que prevén una “intervención especial y obligatoria” del Ministerio Público Fiscal, bajo «sanción de nulidad». Traducido: les jueces deben elevarles el expediente cada vez que el MPF lo requiera y de forma obligatoria también en distintas instancias del trámite de la causa, incluso antes de dictar sentencia. Sino, se anula el proceso.

Martín Ocampo

El problema está en que muchas de las resoluciones del fuero requieren celeridad. “Si por razones de urgencia, como cuestiones de salud, hábitat, o donde corre el riesgo la vida de las personas, como en el caso de los amparos y medidas cautelares, los jueces decidieran sin pasar intervención al MPF, se podría anular la sentencia”, explicó a El Grito del Sur la doctora Fabiana Schafrik, camarista de la Sala I del fuero y representante del estamento de los magistrados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

“Eso altera y transforma completamente la finalidad de los procesos de amparo y medida cautelar, que deben ser rápidos y expeditos”, agregó la jueza. Pero lo que es más grave, consideró, es que “también se afecta lo que es aún más importante, la independencia de los jueces en la conducción del expediente”.

En tanto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la ACIJ y el CELS, entre otras organizaciones, plantearon que la ley es «improcedente e inconstitucional». «Esto resulta de particular gravedad en los procesos de amparo, y especialmente en las medidas cautelares, que tienden a la tutela de los derechos y garantías constitucionales de las personas», afirmaron.

 

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