El sol del mediodía pega de lleno sobre la Avenida España, donde nace la urbanización modelo de la villa Rodrigo Bueno, emplazada entre Puerto Madero y La Boca, en una zona cuyo metro cuadrado es sólo accesible para unos pocos privilegiados. Lo que desde la crisis del 2001 y hasta hace unos pocos años fue un asentamiento, hoy es un complejo de viviendas populares insólitamente bello y funcional para lo que suelen ser este tipo de construcciones, casi siempre hechas con desdén, porque son para los pobres. De los edificios en forma de chalets con ladrillo a la vista bajan una decena de vecinos, bolsa de compras en mano, y se dirigen a la huerta comunitaria donde los espera la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, y otros funcionarios. La huerta cumple un año y se festeja. El contraste con la situación de otros barrios populares de la propia Ciudad es notable: a pocas cuadras, en la 21-24, continúan los problemas de luz y agua potable. En La Boca sigue habiendo conventillos incendiados. Y en la 31, que también está a un colectivo de distancia, unas 500 familias todavía se niegan a abandonar el insalubre bajo autopista para mudarse a las viviendas que construyó el Gobierno de la Ciudad en el barrio, porque son literalmente peores que las casillas precarias que levantaron con nada sus padres y abuelos. Esas viviendas sociales de la 31 costaron curiosamente casi lo mismo que las que se levantaron en este sector de la Ciudad, que a la luz del contexto es una excepción a la regla.
Migliore recibe a El Grito del Sur pocos minutos antes de la reunión con los vecinos y unos días después de que la Legislatura convirtiera en ley su proyecto para formalizar en la Ciudad a la Economía Popular. Las organizaciones recibieron la norma con buenas expectativas: tendrán nuevas líneas de crédito para sus cooperativas y facilidades para ofertar en los procesos de compra de bienes y servicios del Estado, entre otros beneficios. Todo un cambio en la política que el Pro se dio hacia el sector hasta hace muy poco, aunque en el debe queda -no como un detalle sino como una marca de identidad política- la represión y persecución permanente a vendedores ambulantes, manteros y otros trabajadores informales, en especial los de origen senegalés.
«La Economía Popular puede aportar mucho valor al circuito formal de la Ciudad», dice la ministra sobre los alcances de la ley, que trae una novedad para lo que suelen ser las políticas públicas para el sector: la incorporación de las empresas privadas, que tendrán exenciones impositivas si aportan a un fideicomiso que financiará créditos para cooperativas. En el mundo empresarial eso tiene un nombre y es el «impact investing», o «inversiones de impacto», una idea que rige la política social del partido de Gobierno.
¿Por qué es necesaria la ley de Economía Popular?
Porque estamos convencidos de que hay mucho valor en la economía social y popular, muchísimo valor. Y lo que hace esta ley es brindar herramientas concretas para integrar todo el valor que tiene esa economía informal al circuito de valor “formal” de la Ciudad. Queremos que la economía social y popular se integre, convencidos de que la mejor política social es el trabajo. Nuestro rol como Estado es garantizar derechos, pero también darle voz y potenciar a los distintos sectores. Por eso creamos nuevas líneas de crédito, por ejemplo, o exenciones impositivas y un régimen de compras especiales desde lo público. Son aportes en clave económica para potenciar sus productos y generar nuevas oportunidades.
Uno de los puntos más novedosos de la ley es el aporte del sector privado al fideicomiso que financia los créditos. ¿Cómo imaginan el maridaje entre las empresas y la Economía Popular?
Es algo que ya se viene dando en la Ciudad. Hace poco una cooperativa textil de la 1-11-14 le entregó a Toyota toda una producción de mochilas, riñoneras y muñecos que la empresa reparte. En la empresa estaban sorprendidos con la calidad del trabajo, por eso insisto en el potencial que tiene el sector. También, desde acá (señala el patio de comidas de la Rodrigo Bueno) generamos encuentros de emprendedores gastronómicos y empresas que derivaron en prestar un servicio de catering para eventos a la UIA, por ejemplo. Desde el Estado hay que generar un marco donde las empresas pongan el impacto social en el corazón del negocio. Esta nueva ley estructura un fideicomiso similar al que ya hay en muchos países del mundo, que ofrecen exenciones impositivas a las empresas para fomentar este tipo de inversiones de impacto social y de inversiones “verdes”. Porque uno de los problemas, además, es que para las cooperativas el microcrédito a veces queda chico, se necesita más volumen de dinero para invertir y el sistema bancario no los incluye, así que había que crear una forma nueva de otorgar créditos interesantes a tasas accesibles y con requisitos flexibles. Con el objetivo, como dije antes, de potenciar la producción y así integrar al sistema formal de la economía.
La ley fue apoyada por casi todas las organizaciones sociales y votada por la oposición. Se ve una nueva orientación, si se quiere, de las políticas hacia el sector en relación a lo que fue históricamente el Pro en el distrito. ¿Qué cambió?
Las transformaciones son siempre procesos. Los cambios son posibles a partir de momentos históricos particulares. En la Ciudad se viene recorriendo un camino importante en lo social, de hecho ya desde la primera gestión de Horacio como Jefe de Gobierno y con el amparo del Gobierno nacional pudimos avanzar en las distintas integraciones de los barrios populares. Pero la Economía Social como sujeto es un fenómeno nuevo a nivel país y latinoamericano, que ha hecho escuchar su voz y se ha posicionado en el último tiempo. En ese marco nosotros vemos dos momentos: uno de contención y democratización del consumo, con políticas como la AUH, y un segundo, que es el actual, de democratizar la producción. Nosotros vimos claramente una necesidad de avanzar hacia ahí.
¿Por qué no sucede lo mismo con otros sectores? Manteros, vendedores ambulantes y migrantes son perseguidos, reprimidos y muchas veces encarcelados, con una saña especial de la Policía de la Ciudad con la comunidad senegalesa.
En ese punto las dos miradas son atendibles, la de quienes venden en la vía pública y la de los comerciantes. Tenemos que encontrar alternativas que contemplen a ambos, y estamos trabajando en mesas de trabajo conjuntas para generar espacios que permitan todas las actividades. Pero en este punto, donde se debe poner el foco es en la viabilidad de los proyectos productivos. ¿Por qué algunos terminan sin integrarse? La responsabilidad no es de las personas, sino del Estado. Debemos acompañar esos procesos de economía productiva popular desde un principio, siempre teniendo en cuenta que sean posibles de llevar adelante. Por ejemplo, nosotros investigamos si Rodrigo Bueno podía ser un barrio turístico como lo es La Boca que está acá nomás y como son otros barrios formales de la Ciudad y nos dio que sí. A la hora de planificar todo el proceso eso fue fundamental, porque no partió de hacer viviendas y de ese derecho nada más, sino la idea fue que la Ciudad también gane un barrio más.
Con esta nueva ley, ¿las organizaciones van a poder hacer obra pública?
Perfectamente, sí. Se viene trabajando en esa línea. Bienes y servicios. Vemos en lo textil, por ejemplo, una especialidad. Para el Operativo Frío contratamos cooperativas en todo lo referido a frazadas y ropas para las personas en situación de calle.
El número de personas en situación de calle, ahora que lo menciona, no para de crecer, y el censo de las organizaciones cuenta siete veces más gente en esa situación que el oficial. ¿Hay una voluntad del Ejecutivo de realizar el censo del año que viene con las organizaciones, como marca la ley?
Sí. Para nosotros es muy importante que podamos avanzar en eso. Tenemos una mesa de trabajo permanente con las organizaciones. Estamos trabajando en encontrar consensos, buscar los puntos de acuerdo. Este año por la pandemia no hubo censo, pero la idea es realizarlo de conjunto con las organizaciones el año que viene.
¿Qué es lo que generó que siga creciendo el número de gente en calle en la Ciudad?
Donde más pegó la pandemia fue en el trabajo. Lo primero que se vio cuando la actividad estuvo cerrada por la cuarentena en el sector popular fue la caída de la actividad informal, las changas fueron lo primero que se cortó. Eso se enmarca en una situación general compleja: si la clase media deja de consumir, también deja de emplear o generar ingresos a la Economía Popular. Otra de nuestras preocupaciones, que viene un poco de la mano, fue la cuestión de la violencia de género, potenciada por el encierro y la falta de trabajo, por la convivencia de las mujeres con el agresor. Estuvimos muy abocadas a brindar atención y herramientas, atendimos más de 50 mil llamados en la línea 144 y habilitamos un canal más, para que se pueda escribir en lugar de llamar, por un tema de resguardo. La Ley también incorpora esa mirada, porque incluye políticas concretas de empoderamiento de las mujeres en la toma de todas las decisiones que hacen a sus emprendimientos laborales.
¿A qué atribuye las diferencias notorias que hay entre un proceso exitoso como el de Rodrigo Bueno y otras urbanizaciones? En pandemia fue crítica la falta de agua, servicios básicos y conectividad en casi todos los barrios.
Son procesos que llevan tiempo. La transformación de la 31 está siendo muy importante también, con la mudanza del Ministerio de Educación, lo que habla de un proceso que está en marcha. Lo que tenemos que lograr es el consenso político y que los vecinos sean protagonistas, construir herramientas para poder darles voz y que se reconozcan derechos. Es cierto que falta en estos procesos, pero la palabra lo dice, son procesos. Estamos trabajando para que en la 1-11-14 y la 21-24 se concluyan las obras de agua y de luz para que la gente viva mejor. Dicho esto, también es cierto que Horacio fue el Jefe de Gobierno que más presupuesto invirtió en materia social en la Ciudad desde que volvió la democracia hasta ahora.
Sin embargo, la oposición denuncia un recorte del 50 por ciento en el presupuesto de vivienda para el año que viene. ¿Es así?
Es que estamos en semanas de definición de nuestro presupuesto, atado a la discusión con el Gobierno nacional por la quita unilateral de recursos de coparticipación a la Ciudad, en la que ya hemos dejado en claro nuestra posición. Aún con ese recorte, procuramos que todo esté garantizado, tal como lo hicimos en pandemia.
¿Esa discusión aleja la posibilidad de la coordinación con su par nacional, Daniel Arroyo, como se vio al inicio de la pandemia?
Eso siempre estuvo y se va a seguir dando. El diálogo es algo que Horacio marcó muy claro como nuestra intención desde el principio. Vamos a ser claros en nuestras posiciones, pero vamos a construir con diálogo. La ley de Economía Popular es un ejemplo de eso, se votó con mucho consenso.
Por último, también es un tema que hace al desarrollo humano el acceso público a la Costanera y al goce del río y los espacios verdes. ¿Por qué el Gobierno insiste con privatizar Costa Salguero y Punta Carrasco?
No creo que sea así. El proyecto que resultó ganador de la convocatoria, además de las viviendas, incluye espacios verdes públicos, que se ganan para la Ciudad. También hay espacios culturales. Los vecinos van a ganar un espacio que antes no tenían, van a ganar un espacio que estaba privatizado antes.
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