Natalia D'Alessandro

«Hay un fetichismo punitivo que es funcional a los medios y se utiliza electoralmente»

En pleno debate por la baja de la edad de imputabilidad, la directora de Control y Prevención de la Violencia Institucional en el Ministerio de Seguridad habló sobre la nueva ofensiva conservadora. "Si el cumplimiento de la pena no sirve para resocializar a personas mayores de edad, imaginemos qué va a suceder con los menores", sentencia.

Como un eterno loop que reaparece cada determinado tiempo, ayer por la mañana volvió a emerger el tema. El asesinato de un ciudadano armenio que circulaba en bicicleta por la zona de Retiro a manos de un adolescente de 15 años fue la excusa perfecta para que los sectores conservadores pudieran reabrir (una vez más) el histórico debate por la baja de edad de imputabilidad.

Con la foto del menor en los principales medios, el Gobierno de la Ciudad salió rápidamente a sentar posición en palabras de su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli: «Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo», sentenció el número dos de Larreta. Pero los ecos del crimen atravesaron la grieta y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró esta mañana en declaraciones a Radio Rivadavia que «en la Argentina de hoy no tengo ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero eso no significa que un chico de 15 años tenga que ser tirado en un depósito de presos, como son hoy las penitenciarías”.

«Estoy en contra de cualquier baja en la edad de imputabilidad», dijo en diálogo con El Grito del Sur la abogada y directora de Control y Prevención de la Violencia Institucional en el Ministerio de Seguridad, Natalia D’Alessandro. «Es un debate público que en realidad no propone ninguna solución al tema concreto: es un relato de una posible solución, cuando en verdad, viendo los antecedentes de otros países y lo que sucede con el cumplimiento de una pena, nunca se podría plantear como respuesta a un hecho concreto», explicó.

«Se universaliza un hecho concreto: a partir de una situación se criminaliza a toda la juventud», sostuvo la abogada. «Se da una respuesta punitiva que obedece solamente a patrones de demagogia. Si el cumplimiento de la pena no sirve para resocializar a las personas mayores de edad, imaginemos qué tipo de cumplimiento de pena van a llevar los menores», señaló.

La edad mínima de responsabilidad penal es la edad a partir de la cual los países deciden que un niño o joven puede ser castigado por cometer un delito. En nuestro país, de los 16 años en adelante, una persona es punible. No es lo mismo que castigarlo quitándole su libertad, el tipo de castigo último y más grave que puede dársele a un menor. «Es la falta de imaginación de cómo abordar los problemas estructurales que atraviesan a nuestra sociedad», señala D’Alessandro. «Hay cierto fetichismo punitivo que es funcional a los medios de comunicación y se utiliza electoralmente», agrega.

Según los datos de UNICEF, para 2018 había más de 1300 adolescentes detenidos en nuestro país. El estudio brinda una serie de datos reveladores: la mitad de les niñes y adolescentes detenides no iba a la escuela cuando les encerraron; un tercio llegó a vivir en la calle; el 14% pasó por un hogar debido a situaciones de maltrato. Además, según dicho informe, les detenides comenzaron a trabajar en promedio a los 13,9 años y la mitad de elles consumió cocaína y pastillas, mientras que casi un cuarto (23%) hizo lo propio con la pasta base. Dato no menor: 1 de cada 4 declaró tener al menos un hijo o hija a cargo.

«Hay que hacer un abordaje integral de qué hace el Estado con los niños y niñas que no estudian ni trabajan, que no tienen grupos de pertenencia social, que no tienen posibilidad de desarrollar los lazos sociales que nos permitieron a muchos desarrollar una adolescencia en un marco de contención», agregó la directora del área de Violencia Institucional. «Tenemos un índice de pobreza muy grande donde los principales perjudicados son los niñas y las niñas. Si no pensamos en políticas de inclusión real, es el mismo Estado el que pierde la legitimidad para exigir que se cumpla una ley».

 

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