Respuesta contra la "mercantilización de la educación"

La oposición porteña presentó un pedido de juicio político contra los magistrados larretistas

En una conferencia de prensa encabezada por legisladores y legisladoras de la oposición, distintos actores de la comunidad educativa porteña expresaron el repudio al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y reclamaron el juicio político de los cuatro magistrados involucrados.

En vísperas de la Nochebuena, tal como adelantamos desde El Grito del Sur, se conoció el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires que, en un accionar sin precedentes, dictaminó en contra de las familias porteñas que no consiguen vacantes en la escuela pública año tras año y dispuso que solo puedan reclamar judicialmente una vacante en la educación de gestión estatal aquellas personas que demuestren que no cuentan con los recursos necesarios para pagar la matrícula de un colegio privado. El enérgico repudio de docentes, estudiantes y familias porteñas no se hizo esperar e inmediatamente salieron a cruzar al TSJ, acusando a los magistrados de estar alineados políticamente con la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Los legisladores y las legisladoras de la oposición también hicieron lo propio y encabezaron este mediodía una conferencia de prensa en la que cuestionaron el accionar de la Justicia y pidieron el juicio político a cuatro miembros del Tribunal porteño de Justicia: «Este fallo es inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en materia de conquistas de derechos», expresó Lorena Pokoik, integrante de la bancada del Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña.

Lorena Pokoik

Se trata de Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, quienes dieron sentencia definitiva sobre una acción de amparo presentada por una mamá en representación de su hijo a los fines de que se ordenara al Gobierno de la Ciudad incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto, que el Estado porteño subsidie la cuota de una vacante en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.

Lejos de brindar una solución a la familia en cuestión -tal como venían fallando anteriormente en cada amparo presentado por una familia porteña en reclamo de una vacante para su hijo o hija en la escuela pública-, esta vez el Tribunal Superior de Justicia optó por ratificar la política expulsiva de Horacio Rodríguez Larreta, que año tras año deja a más de 15 mil niños, niñas y adolescentes sin vacantes. De esta manera, el fallo dejó afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, ya que impide que aquellas familias que no consiguieron una vacante en la educación pública por falta de la construcción de escuelas, puedan recibir un subsidio por parte del Ministerio de Educación para poder pagar una vacante en la privada.

Pokoik fue la encargada de abrir la conferencia de prensa y denunció que se trata de «un fallo discriminatorio que está basado en la mercantilización de la educación pública». «No nos olvidemos que el mismo Gobierno porteño que le pide a estos jueces que le hagan un fallo a medida, es el mismo Ejecutivo que intentó cerrar los 29 profesorados docentes, cerrar las 14 escuelas nocturnas, el que intentó cerrar el jardín maternal del Hospital Ramos Mejía y el que no cumplió con la construcción de las 54 escuelas», sentenció.

«Esta conferencia de prensa es una primera respuesta a este escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia y será seguramente el inicio de una serie de medidas que iremos tomando progresivamente porque este fallo no se puede aplicar y no hay que cumplirlo», señaló por su parte la diputada porteña por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, que también se acercó a participar de la rueda de prensa. Y agregó: «Es un fallo inconstitucional que viola el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad y fundamentalmente viola todos los tratados de derechos humanos que hablan de la progresividad de derechos».

También estuvieron las representaciones estudiantiles, los sindicatos docentes, las cooperadoras escolares y los colectivos de familias autoconvocadas en defensa de la educación pública. Entre las organizaciones presentes participaron: Cooperadores en Movimiento, con su titular Pablo Cesaroni; Micaela López Rodríguez, de La Vacante es un Derecho; Amparo López, del Centro de Estudiantes del Lenguas Vivas; Camila Carrillo del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno; y Esther Levy de FEDUBA. Además acercaron sus adhesiones las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Familias de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Comisión Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; la APDH, Argentina por los Derechos Humanos y Buena Memoria, entre otras.

La secretaria general de la UTE, Angélica Graciano, no puedo participar de la actividad porque se encontraba declarando en la causa abierta por el Gobierno de la Ciudad en contra de las medidas de lucha adoptadas por la Unión de Trabajadores de la Educación durante 2019. «Esta maniobra no es un hecho aislado, viene en conjunto con todo lo que hace el Gobierno porteño, que utiliza a la Justicia para ajustar en educación», advirtió Paula Caligna, secretaria de prensa del sindicato. A su tiempo, el secretario general adjunto de ADEMyS, Jorge Adaro, afirmó que «este Tribunal está subordinado al poder político, expresa las intenciones del gobierno de Larreta que pone como centro la educación privada y corre del centro de la escena lo que debe ser el acceso universal a la educación pública».

Por último intervino también Alejandra López, titular del SADOP que reúne a los y las docentes de las escuelas de gestión privada: «Expresamos el enérgico repudio al fallo de este tribunal que responde a una misma matriz, el liberalismo económico, y desde la educación decimos que la educación es una sola y lo que tenemos que lograr es la inversión educativa, ya que cada año hay menor presupuesto en educación».

 

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