En un fallo sin precedentes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires determinó que sólo estarán habilitados para reclamar vacantes aquellas familias que no puedan abonar la matrícula en la educación privada. De esta manera, el TSJ se posiciona en contra de la Constitución porteña, que en su artículo 24 señala: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”.
Este fallo del Tribunal Superior de Justicia, bajo el Expte. n° 15955/18, atenta contra la educación pública y retrocede en el tiempo a instancias anteriores a la sanción de la Constitución porteña aprobada en el año 1996.
De los 5 magistrados que tiene el TSJ, cuatro votaron contra la comunidad educativa y a favor del gobierno porteño: Marcela De Langhe fue la jueza que emitió el primer voto en favor del Ejecutivo; a continuación, la jueza Inés M. Weinberg y el juez Santiago Otamendi hicieron lo propio, al igual que el magistrado Luis Francisco Lozano, quien dentro de sus argumentos propuso que las causas sobre pedidos de vacantes se acumulen en la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que lleva adelante reclamos de las familias que demandan vacantes por la vía legal, cuando agotaron todos los canales de reclamo en el Ministerio de Educación que dirige Soledad Acuña. La única jueza que votó a favor de que las familias puedan seguir demandando por la vía legal una vacante en la educación pública y gratuita fue Alicia Ruiz.
“Es un fallo escandaloso, de neto corte político”, advirtió en diálogo con El Grito del Sur María Cecilia Fernández, abogada especialista en la materia. “A pesar de que el texto de la Constitución de la Ciudad es bastante claro, el Tribunal Superior de Justicia -claramente de color político favorable al macrismo- decide rechazar esta demanda diciendo que con los recursos disponibles el Estado hace lo que puede”. La letrada dejó en claro que este fallo es inconstitucional al manifestar que “el TSJ desconoce la Constitución porque dice que no hay una ley que establezca cuáles son los recursos a asignar a la educación para que se puedan cubrir esta demanda de vacantes para todo aquel que la solicite. Eso es falso de toda falsedad».
Otro dato grave a tener en cuenta: esta determinación de la Justicia porteña introduce planteos sustentados en la meritocracia, ya que la jueza Marcela De Langhe argumenta que «las normas consagran el criterio coincidente conforme el cual, en la educación superior, la asignación de vacantes debe efectuarse exclusivamente en función al mérito individual de los estudiantes”.
Este polémico fallo deja afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no permite que aquellas familias que no pudieron acceder a la escuela pública por la propia inoperancia del Gobierno porteño, tampoco puedan recibir un subsidio por parte del Ministerio de Educación para poder pagar una vacante en la privada; una medida que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia porteña que habían fallado en ese sentido.
El fallo es en respuesta a la demanda presentada por una mamá en representación de su hijo menor de edad, quien inició una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto — subsidiariamente — en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.
La mujer inscribió al niño en la «sala de 2 años» en varios establecimientos educativos y el día 17/11/2017, cuando se asignaron las vacantes, obtuvo una respuesta negativa en relación a la inscripción de su hijo. En este sentido, sostuvo que «el GCBA no garantizó al niño el derecho de acceso a la educación”, según detalla la demanda.
En una parte del fallo el TSJ señala: «Resta analizar si la actora tiene derecho a percibir un subsidio destinado a afrontar las cuotas mensuales de una institución de gestión privada. Como ya se resaltó la actora no logró demostrar que tuviera un mejor derecho a la asignación de una vacante en el sistema público de educación inicial que aquel que el GCBA le computó en virtud de lo establecido en el reglamento de asignación de vacantes”, y termina diciendo, “ni ha impugnado la constitucionalidad de ese reglamento, ni ha demostrado encontrarse en una situación de pobreza o exclusión que le impidiese el acceso al sistema educativo”. Esto marca jurisprudencia desde el máximo órgano de justicia de la Ciudad, quien determina que quien tiene las condiciones económicas para pagar una escuela privada, no tiene derecho a una vacante en la educación pública de gestión estatal.
Desde la organización de madres y padres autoconvocados “La Vacante es un Derecho”, que lucha desde hace años por el acceso a la educación pública y gratuita en la Ciudad, repudiaron este fallo que “recorta la posibilidad de acceder a la justicia y el reconocimiento del derecho a la educación a partir de los 45 días para todos las y los niños por igual. Además, desliga al Ejecutivo de la responsabilidad que le cabe en la fijación de prioridades para la distribución del presupuesto de la Ciudad, en el cual el destinado para Educación en el 2021 es el más bajo de la historia”.
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