El documento será presentado ante la Justicia porteña

Ciudad: elaboran un amparo para que no sea obligatoria la presencialidad en las aulas

Colectivos de familias buscan tener el poder de enviar o no a sus hijos e hijas a la escuela en medio de la pandemia y obligar al Ministerio de Educación porteño a que garantice clases virtuales en todo el distrito. ¿Es posible una judicialización de la presencialidad en las aulas?

“Esta vez la batuta no está del lado de los sindicatos ni del Gobierno porteño, somos las familias las que vamos a decidir qué hacemos con nuestros hijos”, pronunció con verborragia Noemí, mamá de 4, que participó durante la semana en uno de los encuentros virtuales de colectivos de familias de la comunidad educativa. Decisión que se repite en cada familia consultada y en cada testimonio. El objetivo de estos encuentros es gestar un documento para presentar ante la Justicia porteña, que les dé el poder a las familias de enviar o no a sus hijos e hijas a la escuela en medio de la pandemia y, asimismo, obligar a la cartera educativa que dirige Soledad Acuña a que garantice las clases virtuales en todo el distrito.

En estos últimos meses, el conjunto de familias de los diferentes colectivos -frente a la decisión del Gobierno porteño y la inseguridad que eso provoca- decidieron reorganizarse para definir cuáles van a ser los pasos a seguir durante la emergencia sanitaria, respecto a la presencialidad obligatoria que propone Soledad Acuña, quien pretende que el 17 de febrero abran todas las escuelas y vayan todos los alumnos al mismo tiempo, lo más parecido a un contexto sin pandemia. Si se acaban todas las instancias de diálogo y la postura del Ejecutivo es la misma, la judicialización de la presencialidad será un hecho.

Fueron más de 400 familias, docentes, estudiantes y expertos en medicina que, bajo la consigna, “Retorno Seguro a las Escuelas”, se reunieron vía Zoom. Entre otras personalidades participaron la Dra. Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz; la Dra. Gabriela Dueñas, especialista en psicología y educación; estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB); y un grupo de abogados y abogadas para brindar las diferentes alternativas legales.

“En el caso de que las condiciones en las que se pretendan que la presencialidad sea obligatoria atenten contra el derecho a la salud, eso se va a judicializar”, advirtió la doctora María Cecilia Fernández, del Grupo de Litigio Estratégico (GLE), en diálogo con El Grito del Sur. En principio, los argumentos del documento legal son tres: no se puede poner en riesgo la salud de la población, ya que los niños y las niñas son vectores de contagio; que el Gobierno porteño les brinde a cada una de las familias amparadas clases virtuales y, si no tienen computadoras, que el Estado les suministre dispositivos y conectividad; y que no se aplique la regla sobre “regularidad”, para que no pierdan la vacantes por no estar presentes en las aulas. “La idea es que el amparo garantice que no sea obligatoria la presencialidad para las familias y que sea obligatoria la doble modalidad (virtual y presencial) para el Gobierno porteño”, aclaró Fernández.



“Hasta lo hablado con el conjunto de la comunidad educativa, el objetivo es que -llegada esa instancia- cada familia presente de manera individual ante la Justicia el amparo y que no sea una presentación colectiva, porque si bien es mayor la cantidad de familias que tienen temor de enviar a sus hijos a la escuela en este contexto, hay muchas familias que quieren la presencialidad”, señaló Adrián Albor, que también integra el GLE. “El fundamento es el derecho a la salud y los derechos de niños, niñas y adolescentes que tienen jerarquía constitucional, y brindar datos concretos de lo peligroso que puede ser la movilización de millones de personas, y las escuelas como lugares de concentración del virus y su propagación”, agregó Albor.

La preocupación de miles de familias creció luego de la presentación del protocolo de Acuña para la vuelta masiva a la presencialidad. Desde la organización “Vacantes para Todos y Todas”, que reúne a más de 18 mil integrantes de la comunidad educativa porteña, advirtieron: “El protocolo rompe el sistema de burbujas como medida de cuidado y plantea la asistencia del grado completo. Esto implica que un mismo docente deba participar en varios grados a cargo, como se hacía habitualmente sin pandemia. En gran parte de las escuelas, las dimensiones de las aulas no permiten el distanciamiento de 1,5 metros si se pretende el ingreso de la totalidad de la matrícula. El distanciamiento debería ser de 2 metros como mínimo para garantizar la efectividad de la medida de cuidado”.

El comunicado señaló además que “para Nivel Inicial es descabellado lo que plantean. Para bebés y niñxs de 45 días a 4 años no hay ninguna medida posible de cuidado porque exploran todo con el gusto y el tacto. Es irrisorio el protocolo para las salas de maternal, claramente escrito por personas ajenas al nivel sin ningún tipo de conocimiento del mismo. De 4 a 8 años es sumamente difícil también evitar el contacto físico entre pares, que eviten tocar objetos o jugar a distancia”.

Una de las organizaciones más calificadas en la materia, como lo es la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), afirmó que por encima de los 200 nuevos contagios cada 100 mil habitantes ocurridos en los últimos 14 días, nos encontramos en el punto de riesgo más alto de transmisión en las escuelas, lo que el semáforo epidemiológico representa con el color rojo. Las cifras de casos COVID positivos obtenidas en las dos últimas semanas (del 15 enero al 28 del mismo mes), marcan que en la Ciudad de Buenos Aires hay 528 contagios cada 100 mil habitantes. Situación que casi triplica los números recomendados por la SAP.

Tw.: @MDSuarez

 

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