Durante la primera semana de este 2021, ya con la temporada de verano inaugurada a todo ritmo, se vieron las imágenes más temidas en medio de la pandemia: multitudes agrupadas -en especial jóvenes- tomando alcohol y bailando sin distanciamiento ni barbijos cerca del agua en un balneario al sur de Pinamar. Esta situación de descontrol, que motivó la intervención de la Policía Bonaerense, se reprodujo también en otras localidades de la Costa Atlántica que en los últimos días han recibido nutridos contingentes de turistas que buscan divertirse mientras el país se encamina a una segunda ola de casos de COVID-19.
Las aglomeraciones en zonas donde disfrutan principalmente jóvenes de clase media y alta contrasta con otras medidas de carácter restrictivo como la suspensión de los corsos en la Ciudad de Buenos Aires. Por primera vez desde la vuelta de la democracia, las actuaciones no se realizarán en su formato tradicional y tendrán lugar únicamente vía streaming. Esta decisión fue consensuada entre las agrupaciones de carnaval y las autoridades porteñas, que prefirieron evitar en el marco de la emergencia sanitaria «cualquier salida en espacio público, al aire libre o cerrado que pudiera llegar a tener algún tipo de concurrencia». La propuesta que recibió el ministro de Cultura Enrique Avogadro fue realizar el festejo de los carnavales en julio próximo para así poder incorporarlo al calendario anual de actividades culturales de la Ciudad.
En un contexto de rebrote de los casos de coronavirus en el AMBA, la medida de prevención resulta acertada y el objetivo es «mantener vivo el carnaval» mediante streaming de actuaciones de murgas, muestras, radios abiertas y murales. Durante 2021, al menos hasta mitad de año, no habrá entonces carnaval como ritual, esa regla de la transgresión que lleva a las personas a una liberación de las pulsiones habitualmente reprimidas celebrando así el hecho de existir, de vivir juntos, de ser diferentes, felices y tristes, débiles y fuertes. Al mismo tiempo, el acceso a la murga como manifestación de la cultura popular quedará vedado a los sectores populares de la Ciudad y alrededores.
Por otro lado, el disfrute irresponsable de ciertos grupos sociales que viajan de vacaciones en este contexto excepcional continúa garantizado hasta el momento a pesar de sus claros efectos negativos para el contagio del COVID-19. ¿Cuál es el motivo de esta doble vara? «Las medidas que se van tomando como forma de prevención de la vida y de la salud están en colisión permanente con los intereses económicos. Cada medida de prevención, cierre o resguardo tiene un daño económico inmediato para distintos actores, entonces lo que estamos viendo es una tensión entre la salud y la economía. Es más fácil clausurar un corso -donde no hay intereses económicos fuertes detrás- que un balneario en Pinamar», analiza en diálogo con El Grito del Sur Natalia Calcagno, socióloga especializada en economía de la cultura.
Calcagno señala que «el entretenimiento tiene una dimensión económica y una pata de generación de ingresos. Entonces las clases bajas tienen dificultades para el acceso al entretenimiento. No creo que se haya orquestado una política en contra del disfrute de las clases bajas, pero éstas resultan las víctimas más alevosas de todo el daño sanitario y económico. Además, estos sectores son los que menos capacidad de reclamo tienen».
En las últimas horas, el Gobierno propuso a los gobernadores que implementen restricciones nocturnas a la circulación entre las 23 y las 6 horas. Una de las incógnitas que se desprende de esta nueva situación crítica es el rol de la administración pública en los distintos niveles del Estado para lograr un equilibrio en materia de entretenimiento para los diferentes sectores sociales en contexto de pandemia. La docente y socióloga sostiene al respecto: «En vez de responder a los intereses económicos, el Estado debe proteger las diferentes expresiones culturales como son las murgas y los carnavales. Estas expresiones populares desaparecen si no cuentan con el apoyo del Estado porque no tienen ninguna posibilidad de ser autosustentables. Como son actividades que el mercado no apoya, sólo le queda al Estado protegerlas». «Hoy se están privilegiando los grandes negocios por sobre las murgas», concluye Calcagno.
