En los barrios, en las postas sanitarias, en los comedores y en las organizaciones sociales, la primera línea de batalla contra la pandemia fue ocupada por mujeres y feminidades que le pusieron cara, cuerpo, voz y manos a las labores cotidianas. Fueron ellas las que asumieron la mayor carga de las tareas de cuidado exponiéndose a potenciales contagios para evitar que el tejido social caiga por su propio peso y que la situación empeore en los barrios populares.
Desde que comenzó la pandemia -y con el acumulado de años de lucha-, los movimientos sociales vienen exigiendo al Gobierno que reconozca la tarea de los y las trabajadoras de la economía popular. En ese sentido, Nación anunció en diciembre pasado un bono de $5.000 para 50 mil trabajadores sociocomunitarios beneficiarios del “Potenciar Trabajo” y agregó un plus de $6.000 para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, más de un 90% madres.
Ahora los movimientos sociales, englobados bajo la órbita de la UTEP, dieron un paso más y lograron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contemple como grupo prioritario para la vacunación a 10 mil promotoras territoriales de salud, educación, ambiente y género de los barrios populares, reclamo que también promueven a nivel nacional. “En el marco de lo que son los ámbitos de diálogo que ya teníamos con el Gobierno de la Ciudad a partir del armado del Comité de Crisis y las Postas Sanitarias en barrios populares, lo que hicimos fue articular para que se reconozca el trabajo de las compañeras. En la Ciudad hay 490 comedores asistidos reconocidos por el Gobierno porteño, pero nosotros calculamos más o menos el doble entre los no reconocidos y los que funcionan con ayuda de Nación. Teniendo en cuenta un promedio de 10 personas por cada uno, se llega a 10 mil compañeras con esta propuesta”, explicó a El Grito del Sur Nahuel Casademunt, referente de la UTEP y militante del Movimiento Evita.
La vacuna Sputnik V ya comenzó a aplicarse en el personal de salud, un universo de aproximadamente 760 mil trabajadores y trabajadoras. Las siguientes dosis, que recientemente fueron aprobadas por la ANMAT, serán destinadas a mayores de 70 y 60 y personas que viven en geriátricos, personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de servicios penitenciarios, adultos de entre 18 y 59 años que presentan factores de riesgo, personal docente y no docente y “otras poblaciones estratégicas definidas por la jurisdicción” entre las cuales entrarían las promotoras. Según la página oficial del Gobierno nacional, hasta el 20 de enero se habían colocado 241.850 dosis en todo el territorio nacional y 16.645 en CABA (actualizado al 15 de enero).
“El trabajo que venimos realizando en nuestros comedores y merenderos desde que comenzó la pandemia aumentó, entonces tuvimos que empezar a hacer magia para que todos y todas puedan retirar sus viandas”, cuenta Mandi Ruiz Díaz, responsable de la rama sociocomunitaria de la Comuna 1. En ese sentido agrega: “Acompañamos en todos los ámbitos sociales a las familias, tratamos de hacer llegar los materiales de higiene, les hicimos cuadernillos a los niños y niñas, armamos ollas populares. No hemos descansado porque sabemos que el barrio nos necesita”. También enfatiza en que a los cuidados que requirió el COVID se le sumó el dengue, plaga menos visible pero igual de presente en la Ciudad.
Al día de hoy, el Gobierno porteño confirmó 18.142 casos y 288 fallecidos por COVID-19 en los barrios populares de la Ciudad, siendo los más afectados las villas 1-11-14 y 21-24. Si bien para controlar la situación se lanzaron diferentes programas, entre ellos el DetectAR que se dedica a recorrer los barrios identificando posibles contagios o contactos estrechos, la mayoría de estos recayó en organizaciones sociales, barriales y vecinos. “Siempre fuimos esenciales nosotras. Hace muchos años somos esenciales y más en la Ciudad de Buenos Aires, por eso es sumamente importante el rol que las mujeres de la economía popular venimos llevando adelante”, asegura Mandi.
Desde que comenzó la pandemia, la UTEP ya articuló con la Ciudad de Buenos Aires la creación del Comité de Crisis, las postas sanitarias y el programa «El Estado en tu Barrio». A nivel nacional, entre otras iniciativas, se creó el Renatep (Registro Nacional de los y las Trabajadores de la Economía Popular). A finales de diciembre, el registro ya llegaba cargados 17.496.32 de inscriptos con un 57% de mujeres. El 32% equivale a la categoría de trabajadores sociocomunitarios, dentro de la cual un 61% atiende comedores y merenderos, un ámbito ampliamente feminizado. “A nivel nacional se ha logrado trabajar muy fuerte con la institucionalización de la economía popular con la ley de Emergencia Social y el Potenciar Trabajo. En la Ciudad también estamos dando grandes pasos en ese sentido. El hecho de que la Legislatura haya votado el año pasado la ley de Economía Popular muestra la necesidad de reconocerla como tal y dar herramientas que permitan mejorarla,” suma Casademunt. “La vacunación de las compañeras va en el mismo sentido de dar a entender que esto no es trabajo voluntario sino que debe ser reconocido”.
Además de las tareas de cuidado, muchas de las trabajadoras socio-comunitarias son acompañantes en situaciones de violencia de género que, con el aislamiento como único paisaje posible, debieron sostener a quienes se vieron obligadas a elegir entre quedarse en la calle o seguir conviviendo con su agresor. Desde ese lugar, las promotoras contra la violencia de género tejieron con alambre redes barriales que devinieron en puentes. «Cuando arrancó la pandemia fue un trabajo duro porque muchas vecinas tuvieron que vivir con su agresor, mientras nosotras tratábamos de intervenir y sacar a todas las compañeras de esos hogares para después darle un abordaje legal. Como promotoras de género, siempre estamos en el barrio atentas a cualquier circunstancia de alguna vecina o compañera. No deja de ser un trabajo duro pero le ponemos el alma y los ovarios por las ganas de ver a la otra bien», finaliza Mandi.
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