El contacto con la chapa le quema los dedos. El sol del mediodía hace estragos sobre el cemento en esta parte de la Villa 31 conocida como “YPF” –unas seis manzanas antes propiedad de la petrolera, a medio camino entre la traza de la Autopista Illia y el puerto–, donde no hay un solo árbol que dé sombra y donde se levantan los 26 edificios de viviendas populares que el Gobierno porteño ya terminó de construir y espera poder entregar, llave en mano, a un total de 1600 familias del bajo autopista, un proceso que arrastra ya dos años de complicaciones. Estela golpea la chapa para graficar que el material del que está hecha la casa donde vive ahora es “una porquería”. El golpe suena algo hueco y acentúa la sentencia. “Esto no va a durar nada”, dice y en los ojos negros y entrecerrados por el calor brutal se le mezclan la frustración y el orgullo.
Parada sobre la entrada de la planta baja del edificio 25, a una distancia de 300 metros en diagonal del nuevo Ministerio de Educación porteño, Estela es una de las diez nuevas propietarias que abre la puerta de su casa para que unas 50 personas, entre legisladores y comuneros de la oposición, referentes de organizaciones del barrio y camarógrafos y cronistas, constaten con sus propios ojos lo que tienen para denunciar: hay algo en esas construcciones que no anda bien.
Estela cuenta que es jubilada, que llegó de Perú directo a la Villa 31 hace varias décadas y que vivió bajo la Illia hasta octubre del año pasado, cuando se mudó con sus dos hijas al nuevo complejo de YPF. Un poco a regañadientes, aceptó la hipoteca de 30 años, dejó su casilla y ahora tiene el título de propiedad de un 3 ambientes. Al poco tiempo, dice, empezaron a confirmarse algunos de los reparos que tenía: la semana pasada se le inundó todo. “Se rompió un caño de la cloaca, un caño de PVC, de esos que supuestamente no se rompen. Se puede tapar, sí, pero se rompió. Andá a sacar el olor ahora”, dice.
El resto de los vecinos y las vecinas que reciben la visita cuentan historias parecidas. Horacio, por caso, tiene un local que da a la calle que también se inundó y le echó a perder varios metros de tela que acababa de comprar para su emprendimiento, que tuvo que tirar. Andrea, dos casas más allá, describe con estupor cómo el primer mes recién mudada sentía los pasos de vecinos del piso de arriba como si pasara un tren: todo temblaba. “Se caían pedazos de la mampostería sobre los platos de comida”, dice. Y cuenta que tuvo que poner plata de su bolsillo para hacer los arreglos. “Nos entregaron todo sin las terminaciones. Tuvimos que rellenar nosotras, y mandar a pintar”.
La chapa es el material que reviste la serie de 26 edificios de cuatro pisos del nuevo barrio YPF. Según los planes de la Secretaría de Integración Social y Urbana que conduce el ex Sushi-Bar Restó Diego Fernández, es el destino de unas 1600 familias que viven bajo la traza de la Illia, un “barrio dentro del barrio” que ocupa unas 8 manzanas. Allí se vive entre los ruidos de los coches, las vibraciones, la contaminación excesiva, las arañas de cables, la falta de servicios. Pero aunque parezca increíble para cualquiera que llega de afuera, la resistencia a mudarse hacia las casas hechas por el Estado es muy importante. La mitad de las familias se niega a firmar el contrato, dos años después de iniciado el proceso.
“Las viviendas son de chapa. El tendido de cables lo van a hacer aéreo. Los caños van todos por fuera de las paredes. Nos han dicho que, si nos atrasamos tres meses con los servicios, nos ponen el prepago. Yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia con las casillas que la gente tiene bajo la autopista? Los vecinos quisieran mudarse a un lugar mejor, pero hay que urbanizar bien, no así. La ley de urbanización dice muy claramente que la nueva vivienda debe mantener o mejorar lo que la familia ya tenía. Y eso no se da en todos los casos: lo que venden como urbanización es una estafa. Nos prometieron infraestructura y sólo levantaron estas casas, que a poco de empezar a habitarse, empezaron con todos estos problemas”, explica la situación Silvana, una de las referentas del peronismo porteño en el barrio, que organizó la visita.
Si bien no todas las familias que se mudaron están disconformes, los problemas con este estilo de construcción no son nuevos. La Secretaría de Fernández optó por un método de obra no convencional, de construcción en seco o “Steel Framing” por su nombre técnico. Esa construcción fue llevada al extremo en el primero de los complejos terminados, hace más de 3 años, para las familias del sector “Cristo Obrero” de la 31 bis, por donde pasará la nueva traza de la Autopista Illia, si es que algún día se termina (sólo se construyeron algunos postes y la obra está aplazada por tiempo indefinido). Esas primeras viviendas fueron bautizadas “Containeras” porque se asemejan a un container. Es un tipo de vivienda que se levanta rápido, sin revestimientos, ideada para reducir gastos en terminaciones, instalaciones y futuros arreglos. Ya tuvieron varios problemas: abundan los testimonios de vecinos que, una vez mudados, optan por ni siquiera pasar un trapo húmedo, porque puede generar cortos. Esa situación incrementó la desconfianza en los nuevos edificios.
Esa opción en la 31 contrasta y mucho con el modelo que usó el propio Gobierno porteño en otros procesos de urbanización. En la Rodrigo Bueno y en la Villa 20, por caso, se utilizó el método tradicional de construcción, porque así lo pidieron los propios vecinos y vecinas, muchos de los cuales son obreros de la construcción y tienen, obviamente, algo que decir en todo esto. “Eso no sucedió en la 31”, confía a este medio una fuente que vivió desde adentro todo el proceso de las urbanizaciones en la Ciudad, que arrancaron con fuerza en 2016 luego del traspaso Macri-Larreta. “No es que la construcción en seco ahorre demasiado dinero y tiempo tampoco, no es una buena opción. Además, si bien están de moda en Europa, acá no está muchas veces la tecnología para hacerlas bien. Y las empresas, en el medio del proceso, pueden cambiar un material por otro y eso en ese tipo de construcción es más peligroso”, detalla.
La empresa ganadora para las Containeras fue Cunumí SA, beneficiaria de muchos contratos con el Gobierno porteño relacionados al arreglo de veredas. Para las de YPF, en 2018, por un monto casi diez veces mayor (devaluación mediante), fue adjudicada la constructora Sudamericana SA, de Rudi Boggiano. Un dato curioso: los vecinos y las vecinas tienen apenas un año de garantía por las viviendas, cuando en el resto de los edificios a estrenar en cualquier barrio ya urbanizado de la Ciudad es de 10.
Pero, al margen de los edificios, también está el factor humano. Víctor cuenta que alquila en su casa bajo la autopista para poder pagarse la universidad. «Por ahora me quedo donde estoy. Lo que me ofrecen no me cierra, las casas nuevas no se ven bien y, además, se me sumaría pagar la hipoteca y quedarme sin un ingreso que hoy me permite buscar un futuro», explica.
Muchos vecinos denuncian haber recibido amenazas para mudarse. Esto contrasta con otras situaciones conocidas, como la de Ramona Medina, quien murió de COVID luego de haber pasado una semana sin agua en su casa del bajo autopista, en medio de una pelea con las autoridades del Gobierno de la Ciudad para que, en su nueva vivienda, pudiese convivir con una de sus hijas con discapacidad.
Así las cosas, la relocalización está lejos de completarse, pese a que aún en pandemia, el proceso se aceleró. «La lucha viene del año pasado ya, y la vamos a seguir. Estamos peleando las escrituras, queremos que la hipoteca no pueda ser ejecutada y vendida a un privado como sucede ahora», aclara Víctor.
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