El censo oficial se realizará en conjunto con las organizaciones sociales

El Gobierno porteño, dispuesto a reconocer cuántas personas viven en la calle en la Ciudad

Organizaciones sociales firmaron un acta de acuerdo con autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para realizar de conjunto el próximo censo oficial de personas en situación de calle, que por primera vez podría arrojar datos reales sobre la dimensión de la problemática. "Para nosotros es un logro histórico", dijo Horacio Ávila, referente de Proyecto 7.

El Gobierno porteño parece dispuesto a reconocer este año el número real de personas que viven en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, tal como le había adelantado a El Grito del Sur, convocó a las organizaciones sociales más comprometidas con esa población para coordinar un censo que por primera vez se hará, si la pandemia lo permite, de manera conjunta.

En vísperas de Navidad se firmó un convenio entre ambas partes que establece que esta vez el relevamiento oficial se hará a la manera y con el método empleado por las organizaciones sociales, que con muchos menos recursos pero con un amplio despliegue militante lograron censar 5872 personas sin techo en 2017 y 7251 en 2019, además de otras 20 mil “en riesgo” de quedar en la calle. La Ciudad, según el último dato disponible, sólo reconoce 1146.

Esa notoria diferencia entre los resultados del censo oficial y los de los “censos populares” se explica en parte porque el Gobierno porteño realizaba los rastrillajes en algunos pocos barrios y a lo largo de una sola noche, mientras que las organizaciones se dedicaban a recorrer toda la Ciudad durante una semana, y en diferentes horarios. La apatía con que el Gobierno porteño realizó los últimos censos motivó un fallo de Cámara del fuero Contencioso Administrativo, en 2019, que le ordenaba al ministerio de Migliore hacer lo que finalmente terminó haciendo: convocar a las organizaciones para una mesa de trabajo e incorporar al conteo a quienes duermen en paradores y otros dispositivos similares y centros de día, tal como lo indica la ley de Personas en Situación de Calle, que ya tiene una década de vigencia.

La iniciativa se inscribe dentro del cambio de orientación en la política hacia las organizaciones sociales que Horacio Rodríguez Larreta definió imprimirle a su segundo mandato al frente de la Ciudad. “Esta firma refleja nuestra convicción de que para abordar ciertos temas hay que hacerlo con el consenso de todos los actores para asegurar políticas de largo plazo”, dijo Migliore tras el anuncio del convenio, que se firmó en la sede del Ejecutivo porteño, en Parque Patricios. La ministra señaló que las personas en situación de calle son ahora “un tema central” de su gestión y destacó “la voluntad y compromiso de todos los actores” para llegar al acuerdo.

Para las organizaciones, la firma representa un paso adelante en sus reclamos históricos. “Es un logro histórico y a la vez un reconocimiento hacia nuestra lucha. Por primera vez, el Gobierno, si cumple con lo que se firmó, va a tener que reconocer cuántos compañeros y compañeras hay realmente en las calles y en riesgo de estarlo y va a realizar el censo tal y como marca la ley. Pero lo más importante es que, cuando tengamos las estadísticas oficiales reales, vamos a partir desde otro lugar a la hora de que se apliquen las políticas que necesitamos y por las que luchamos hace años”, le dijo a El Grito del Sur Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, una de las organizaciones históricas del colectivo y que formó parte de las negociaciones.

Además de Ávila, formaron parte del acuerdo Barbara Alegre, de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle; Pablo Vitale, de ACIJ; Leandro Vera Belli, del CELS; Constanza Guillén, del MTE; y representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. Por parte del Gobierno de la Ciudad firmó, entre otros, el Subsecretario de Asistencia y Cuidados Inmediatos, Maximiliano Corach, quien hace dos años dijo en una entrevista con Clarín que no tenía idea de cuánto pagaba la Ciudad por un subsidio habitacional, que hoy no llega a cubrir la mitad del valor de una pensión en el barrio de Constitución.

Pese a que el acuerdo se logró tras varios de meses de diálogo que favorecieron el consenso, las organizaciones todavía recuerdan largos años de desidia en las políticas hacia el sector e incluso la represión desatada a través de la Policía de la Ciudad e incluso mediante la UCEP, una patota paraestatal que se dedicaba a desalojar «ranchadas» a palazos y de la que formaron parte dirigentes importantes en la estructura del Pro, como Matías Lanusse, hoy a cargo de la Agencia Gubernamental de Control.

«La mesa de trabajo creada es un importante paso para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, que fue lo que en 2017 llevó a la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el GCBA corrigiera su metodología de conteo. El dato certero que se espera construir a partir del acuerdo es clave para desarrollar políticas que le den respuesta a todas las personas en situación de calle, tras años de postergaciones y de políticas deficitarias», dijeron las organizaciones en un comunicado tras la firma del acta.

De hecho, el mismo día que se firmaba el acta, la ministra despidió a 15 laburantes del Programa de Acompañamiento Social Integral (PASI), encargado de brindar asistencia a unas mil familias vulnerables y en emergencia habitacional.

Foto de portada: Rolando Andrade Stracuzzi

 

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