Uno de los mayores consensos a nivel global es el repensar nuevos paradigmas urbanos basados en criterios de justicia ambiental, climática, de género y social.
Pensar en ciudades habitadas en condiciones de igualdad implica necesariamente democratizar todas las dimensiones de la vida urbana, también implica garantizar la gratuidad y universalidad en el acceso al conjunto de los servicios públicos, establecer un nuevo ritmo para la vida urbana y discutir nuevas movilidades.
Sin embargo, la pandemia ha consolidado el rumbo que la Ciudad de Buenos Aires hace más de una década ha elegido: el despojo de nuestros bienes comunes a partir de la privatización de más 500 hectáreas de tierras públicas y, cómo consecuencia, la precarización de las políticas públicas.
El relato oficial del gobierno porteño incorpora conceptos como sustentabilidad, inclusión, integración que no tienen correlato alguno con las verdaderas políticas adoptadas.
Recordemos algunas situaciones durante la pandemia: las diversas protestas por falta de agua durante semanas en los Barrios Populares (por ejemplo, Barrio Carlos Mugica, Barrio Padre Riciardelli, Villa 21-24, Scapino) o por las deficiencias en la atención alimentaria. Fue necesaria una orden judicial para que se elaborara un Protocolo de Actuación Frente a la Propagación del Covid 19 en Barrios Populares. La Encuesta de Seroprevalencia realizada por el propio GCBA determinó que el 42% de la población de los Barrios Populares se había contagiado frente al 7,4% del resto de la población porteña.
La población de las villas (Barrios Populares según Ley N° 27453) en 2001 era de 107 mil personas, en 2010 de 163 mil y actualmente ronda las 400 mil personas. Es decir, 1 de cada 7 porteñas/os viven en villas. El Pro gobierna la Ciudad desde 2007 y recién en 2016 decidió implementar una política de integración focalizada en algunos Barrios Populares. Uno de los aspectos distintivos en las intervenciones llevadas a cabo, es la ausencia de mecanismos genuinos de democracia participativa para sus habitantes. En ninguno de los barrios en proceso de reurbanización (Playón de Chacarita, Villa 20, Rodrigo Bueno, Carlos Mugica, Ramón Carrillo, Villa 1-11-14) los organismos intervinientes han apelado al consenso para la toma de decisiones. En general, las propuestas de las familias distintas a las del GCBA no han sido tenidas en cuenta ni siquiera luego de semanas enteras de protestas o reclamos.
Por ejemplo, las leyes de reurbanización de estos barrios fueron presentadas en algunos casos de forma unilateral por el GCBA sin consenso del barrio organizado porque no se aceptó incorporar garantías y derechos razonables en su articulado. (Carlos Mugica, Playón de Chacarita, Ramón Carrillo). Uno de los grandes ejes de debate en estos procesos es si la reurbanización es una verdadera integración social y urbana o si son procesos para permitir que las fuerzas expulsivas del mercado inmobiliario terminen dominando. Los Barrios peticionaron medidas de protección contra la expulsión y la gentrificación que no fueron incorporadas por los organismos responsables.
Durante la pandemia, la justicia ordenó al GCBA consensuar con los barrios el servicio de agua potable de emergencia. Transcurridos 8 meses de la sentencia, el GCBA ni siquiera presentó el plan de emergencia en la causa judicial.
Durante la semana del 22 al 28 de agosto del año pasado, diferentes organizaciones sociales y comunitarias, organizadas en la Mesa Activa por la Reurbanización de Villa 20, llevaron a cabo la campaña “Saca tu reclamo a tu puerta”. Cientos de familias pegaron en las puertas de sus hogares carteles con reclamos por falta de alimentos, agua potable, cloacas y conectividad. Durante el mes de diciembre, en una importante movilización, las mujeres de Villa 20 denunciaron frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat la violencia institucional machista en los procesos de reurbanización.
La falta de transparencia e información es la norma en estos procesos. En las últimas semanas de diciembre, familias autoconvocadas pacíficamente denunciaron irregularidades y falta de transparencia por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad en la adjudicación de las nuevas viviendas sociales. A pesar de que la Corte Suprema en situaciones similares ha establecido que este tipo de información debe ser pública, es sistemático el ocultamiento de esta información por parte de los organismos intervinientes.
Los ejemplos son innumerables y ningún barrio aceptaría la afirmación de que estos procesos son democráticos y por consenso.
Más allá de la forma en que se toman las decisiones, el gobierno avanzó con la construcción de grandes complejos habitacionales, solución cuestionable considerando el estado actual de los conjuntos habitacionales de décadas anteriores. En estos años se destinaron frondosos recursos públicos tanto para la construcción de infraestructura como para viviendas nuevas. Estos recursos tuvieron su fuente principal en la venta de tierras públicas y en el endeudamiento de la Ciudad. Esta gestión simplista empleó el presupuesto con poco recaudo ya que la gran cantidad de recursos invertidos no tiene correlación con los resultados actuales.
En el Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis), las familias desde el inicio del proyecto y durante la construcción de las nuevas viviendas, realizaron denuncias al GCBA sin ser escuchadas. Ahora, sufren problemas estructurales y ven a diario, sus viviendas anegadas con aguas servidas.
En cuanto a las obras de infraestructura, a la fecha ningún hogar del macizo histórico de estos barrios se encuentra formalmente conectado a los servicios públicos sanitarios. La historia repetida de los barrios humildes de la ciudad, la del doble estándar técnico. Obras de baja calidad que además se realizan varias veces sin controles adecuados y destinando cifras millonarias de fondos públicos. El doble estándar técnico implica un doble estándar sanitario: cómo podemos explicar que mientras en la Ciudad de Buenos Aires el 22% de su población supera los 60 años, en el Barrio Ramón Carrillo sólo el 6% de sus habitantes superan esa edad. El doble estándar sanitario y ambiental limita la propia reproducción de la vida y fue puesto en evidencia por la pandemia, porque allí donde los servicios públicos son informales los contagios se multiplican.
En definitiva, los procesos de «reurbanización e integración socio-urbana» llevados a cabo por el GCBA no respetan principios de justicia social, espacial y de género, no garantizan mecanismos democráticos de participación, ni la perdurabilidad de la integración social y urbana. El discurso oficial, vacío de verdad, oculta las verdaderas dinámicas de exclusión, concentración y privatización que vive la ciudad.
