Sin transporte escolar para la vuelta a clases, ni obras de infraestructura edilicia para ampliar las aulas; sin la actualización de los protocolos para la presencialidad total en las escuelas y con poco personal docente para garantizar el ciclo lectivo en contexto de pandemia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insiste en volver a las aulas el próximo 17 de febrero. Entre los temas más preocupantes, el Gobierno porteño no pondrá a disposición el transporte escolar y aún no tiene definido el registro abierto para el plan de vacunación docente.
A menos de un mes de la vuelta a la presencialidad proclamada por la ministra de Educación Soledad Acuña, las y los docentes siguen esperando que la cartera educativa envíe algún planeamiento de retorno a las aulas, donde se garanticen todas las medidas de seguridad y con protocolos que incluyan los elementos necesarios para la desinfección de los edificios y la higiene de toda la comunidad educativa. Los funcionarios de la cartera “no presentaron ninguna propuesta concreta acerca de cómo tiene planeado llevar adelante esta situación en un momento donde el número de casos asciende de manera alarmante”, afirmó mediante un comunicado la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que participó de la reunión del viernes donde el Gobierno porteño convocó a los diferentes gremios a una reunión “informativa”.
Desde la cartera que conduce Soledad Acuña también se negaron a brindar precisiones a este medio. Al ser consultados sobre el planeamiento de retorno a la presencialidad, sólo nos confirmaron que “el alcohol en gel y los elementos de desinfección estarán garantizados” y que las jornadas completas pasarán a ser simples, lo que advierte la eliminación del comedor escolar. Al indagar sobre las obras necesarias para modificar la infraestructura de las escuelas, tampoco brindaron información. Lo mismo ocurrió durante la reunión del Ministerio de Educación de la Ciudad con los sindicatos. “No pudieron dar respuestas acerca de la adecuación en términos de infraestructura de los edificios escolares y sólo se limitaron a informar que están trabajando para garantizar los elementos de protección y los kits de limpieza y en aumentar la cantidad de auxiliares en forma tercerizada”, detalló UTE en el comunicado. “Durante el desarrollo de la reunión no pudieron precisar si la supuesta presencialidad se va a realizar con la mitad del grado, si va a ser por burbujas, si van a escalonar las entradas, salidas y recreos”, agregó el documento.
El Gobierno porteño delegó a cada escuela la responsabilidad de armar su propio protocolo de ingreso y salida de las y los estudiantes. Y todo ese organigrama deberán realizarlo en apenas 5 días, en la semana del 8 al 16 de febrero. De esta manera, la administración de Horacio Rodríguez Larreta se aparta del problema y deja en manos de las y los trabajadores de la educación la organización de los espacios áulicos, el protocolo de uso de baños con horarios por curso, si hay que reducir la cantidad de horas de asistencia presencial o cantidad de cursos por falta de espacios, y todo la articulación necesaria para el “normal” funcionamiento del ciclo lectivo en medio de la pandemia.
El otro gremio docente mayoritario, Ademys, comunicó que la idea de Soledad Acuña es que “que las y los estudiantes de todos los niveles y todos los docentes, volverían a las escuelas. No se está, en principio, planteando un sistema mixto de convivencia de la virtualidad con la presencialidad, sino que cada docente conforme una “burbuja”, con, por ejemplo, los 30 estudiantes de su curso”.
Desde Ademys “planteamos la imposibilidad objetiva de que en la mayoría de las escuelas se cumpla con el distanciamiento necesario dentro de un aula si concurren todos los estudiantes y que la concurrencia de la totalidad de la matrícula implica una circulación de 1 millón doscientas mil personas en la Ciudad, lo que incrementa muchísimo el riesgo de contagios, sobre todo en el transporte público”. La movilización diaria de millones de personas que integran la comunidad educativa, es uno de los temas que más preocupa a los gobiernos y, sobre todo, a los asesores médicos. Pese a esto, el Gobierno porteño planteó que no se pondrá transporte escolar y que tampoco serán obligatorios los testeos a maestras y maestros como a los diferentes trabajadores y trabajadoras de la educación.
Si bien aparece una insistencia mediática para la vuelta a clases presenciales, la realidad epidemiológica es la que tendrá la última palabra. Las autoridades porteñas son conscientes de esta realidad aunque quieran restarle importancia al tema. “Plantearon que todo esto estará eventualmente supeditado a la aprobación de la autoridad sanitaria, que se están planteando distintos dispositivos para los distintos escenarios, y que de no ser posible la presencialidad de la totalidad de la matrícula y hubiera que reducir la cantidad de estudiantes que asisten, se priorizará la presencialidad de quienes tienen “menor autonomía”, inicial y primaria. Es decir, quienes no pueden cuidarse solos en casa. Se piensa más bien en un escenario de cierres y aperturas, como ocurrió en otros países, con las graves consecuencias que se están evidenciando”, remató el documento de ADEMYS.
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