El Post DetectAR es uno de los operativos que el Gobierno porteño implementó desde mediados del año pasado para controlar la cadena de contagios en la Ciudad de Buenos Aires. Estos dispositivos, distribuidos en escuelas, universidades, centros de jubilados, sedes comunales y clubes de los diferentes barrios, se distinguen de otras estrategias sanitarias por dos actividades principales: por un lado, funcionan como centros de testeo (PCR) para contactos estrechos asintomáticos y, por el otro, realizan una “búsqueda activa”, es decir, recorridas territoriales que llevan a cabo los equipos de enfermerxs casa a casa buscando posibles contactos estrechos con el fin de testearlxs o hacer un seguimiento de su situación de salud. Actualmente hay 28 centros de testeo que funcionan entre las 9 y las 15 horas de lunes a viernes y otros los sábados, domingos y feriados. Según los números oficiales, desde que comenzó el programa ya se realizaron 226.836 testeos de los cuales 36.680 dieron resultado positivo.
En el Post DetectAR confluyen distintos actores. Si bien depende de cada dispositivo, suelen trabajar en conjunto profesionales de las Áreas Programáticas de los Hospitales de la Ciudad, representantes de Comuna, estudiantes del IAR (Internado Anual Rotatorio) de la UBA y trabajadores especialmente contratades para el operativo. Cada uno de éstos responde a una entidad diferente y recibe otra remuneración y condiciones laborales. Dentro de esta heterogeneidad, les más perjudicades son les trabajadores contratades especialmente por el Ministerio de Salud para formar parte del programa. Enfermeros, enfermeras, médicos y médicas, en su mayoría migrantes, muches con matrículas en trámite.
Entre las condiciones a las que quedan expuestes están las demoras en los pagos de sus haberes, la desactualización salarial y la ausencia de remuneración por las horas extra. Actualmente, les enfermeres perciben un sueldo de $32.000 mensuales por cubrir jornadas de nueve horas de lunes a viernes y en el caso de les médiques llega a $42.000. En ambas situaciones, el costo del monotributo corre por cuenta del empleade. “Todos estamos bajo un régimen de contratos que se renueva mes a mes. Nos dijeron que nos iban a contratar hasta marzo, pero estamos a finales de enero y todavía no vimos nada. Cada vez que preguntamos nos dan respuestas vagas y nos dilatan. Yo estuve casi un mes y medio sin cobrar cuando ingresé al programa, con la incertidumbre de no saber si iba a pasar más tiempo. Ahora nos avisaron que enero y febrero también los vamos a cobrar con un atraso -que puede llegar hasta dos meses- pero no nos dieron una fecha exacta”, explica J. “Muchas veces terminamos haciendo horas extras o realizando más tareas por la desorganización. Un día me tuve que quedar una hora después de mi turno porque nadie venía a buscar las muestras y si se perdían era mi responsabilidad. Son 130 personas que dedicaron toda su mañana a venir a hisoparse”.
A la precariedad laboral se suman los constantes errores en la comunicación: a pesar de la insistencia de les trabajadores a través la web de la Ciudad y desde la línea #147, se suelen comunicar de manera errada los horarios de testeo, habilitando a que se les exija atención sanitaria fuera de su jornada laboral. Lo mismo ocurre con la entrega de resultados de los test a asintomáticos: mientras el Gobierno porteño vaticina a viva voz la celeridad con la que se entregan los resultados (prometen entre 24 y 36 hs ), desde los dispositivos explican que éste es un número mentiroso. Los laboratorios no logran procesar y comunicar los resultados en esos plazos, salvo en contadas excepciones.
En septiembre pasado, algunes trabajadores del Post DetectAR hicieron paro por la demora en los pagos. Fueron pocos y pocas quienes se sumaron a esta medida por la falta de representación sindical y las posibles represalias. Este temor no resulta infundado porque durante todo el operativo -con el eufemismo de “no renovación del contrato”- se dejaron de lado a les trabajadores que no cumplían con las supuestas expectativas del programa. Para peor: ni las bajas ni las renuncias voluntarias fueron reemplazadas, obligando a quienes quedaban en sus puestos a sostener los mismos dispositivos con menor personal (en algunos casos incluso la mitad). Esta sobrecarga derivó en que les enfermeres deban cumplir roles médicos y administrativos de mayor responsabilidad a cambio del mismo salario.
“El año pasado, el GCBA hizo un contrato con la UBA para que las prácticas presenciales de la carrera de medicina se realicen en el DetectAR y Post DetectAR. Fue muy injusto porque muchos no podían recibirse porque la única manera era exponerse a estar acá. Este convenio terminó en diciembre, lo que significó que debamos continuar con cinco o seis personas menos por día. Recién hoy, veinte días después, nos mandaron solamente a dos personas más”, señala J.
Durante los últimos meses del 2020, se realizaron distintas movilizaciones en el ámbito de la salud donde médiques y enfermeres exigieron reconocimiento y mejoras salariales. Sin embargo, en ninguna de estas instancias participaron trabajadores del Post DetectAR, quedando por fuera de cualquier negociación o discusión. Incluso durante esos días de paro, casi todos los dispositivos debieron seguir funcionando.
Los únicos canales con los que cuentan les trabajadores para expresar sus demandas se basan en grupos de WhatsApp y una casilla de mail que, en la mayoría de los casos, no da respuestas concretas. En su caso, J. cuenta que, después de varios días de exigir una reunión presencial, la única respuesta que recibió fue un mensaje evasivo explicando que el personal de Recursos Humanos estaba trabajando en la renovación de los contratos, tanto del Post DetectAR como en el área de turismo y las postas de vacunación. Sin embargo, la joven asegura que en las nuevas postas turísticas los salarios son mayores: “Es muy difícil si tu única herramienta es un grupo de WhatsApp y si querés diálogo no hay diálogo”.
La violencia laboral se cristaliza también en las tareas cotidianas. Desde el comienzo de la pandemia, los equipos de búsqueda activa fueron los más expuestos a los maltratos. Solía escrachárselos en medios de comunicación y redes sociales asociándolos con mafias y bandas delictivas. Esto llevó a que muches trabajadores fueran hostigades en la vía pública tanto por vecines como por la Policía de la Ciudad, recibiendo comentarios despectivos, xenófobos y estigmatizantes. Sin bien estas situaciones mermaron en los últimos meses, debieron enfrentarse a muchas otras.
Mientras el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta apura cada vez más la reactivación de las actividades y anuncia la vuelta a las clases presenciales, los y las trabajadoras que sostienen el sistema de salud y controlan la emergencia sanitaria quedan expuestos a todo tipo de violencias. Todas evitables, ninguna evitada.
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