Si hay algo por lo que se distingue nuestro país, es por su ánimo cambiante y su celeridad en algunas circunstancias. Por eso, ayer por la tarde, cuando ni siquiera había culminado el festejo por la primera Interrupción Voluntaria del Embarazo y la negativa del juez Bavio de suspender la ILE y la IVE en Salta, la jueza chaqueña Marta Aucar de Trotti, responsable delJuzgado Civil y Comercial 19, decidió aceptar un pedido para no aplicar la ley 27.610 en dicha provincia. La cautelar avalada cuenta con seis firmas de autodenominados provida, entre las cuales se encuentra Hilda Beatriz Dellamea, referente de Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino).
Los denunciantes basaron su argumento en que la flamante norma contradice la Constitución chaqueña, que en su artículo 15 inciso 1 estipula que se debe garantizar “el derecho a la vida y a la libertad, desde la concepción, a todas las personas y que, como se trata de una competencia concurrente de la provincia con la Nación, debe primar la interpretación de la ley más favorable a la persona humana”, razón compartida por la magistrada que consideró que podría haber conflictos en su aplicación.
Las organizaciones feministas contestaron al fallo señalando que la cautelar era formalmente inválida, ya que la aplicación de la ley de IVE está a cargo del Estado Nacional y el derecho común sólo puede aplicarse en casos particulares. Además, aseguraron que no existen mandatos de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que impliquen punir la interrupción voluntaria del embarazo. “El derecho público local (de Chaco en este caso) no puede ser invocado para suspender la vigencia de derechos reconocidos por la actividad del Congreso Nacional. Existe lo que se llama «el principio de supremacía de la Constitución», que indica a las provincias la obligación de adecuar sus normas a la Constitución de la Nación como regla de juego más importante que un país tiene”, explicó a El Grito del Sur Soledad Deza, abogada de MujeresxMujeres y responsable de la liberación de Belén, la joven criminalizada por un aborto espontáneo en Tucumán. “Si esto no fuera así, por vía del absurdo, reconoceríamos que la ciudadanía de Chaco puede ir presa si aborta dentro del primer trimestre y en La Pampa no, por dar un ejemplo. Entonces la protección de la vida desde la concepción, que está en varias constituciones provinciales, no puede ser computada como un obstáculo válido para la regulación del Código Penal o el acceso a la salud”, agregó.
Si bien el Gobierno chaqueño fue anoticiado recién hoy a la mañana, Deza afirma que la provincia debe accionar rápidamente para revertir el pronunciamiento, ya sea con un recurso de revocatoria (mediante el cual un juez de la misma instancia deberá revisar el fallo) o de apelación, ya que la medida quedará vigente por el momento. “Por eso es que desde los feminismos estamos tan preocupados por este tipo de sentencias, que son alarmantes pero que tampoco son nuevas. Son nuevas expresiones de una vieja estrategia de los conservadurismos religiosos y los neo conservadurismos políticos”, dijo Deza.
“Ahí radica el componente antidemocrático más grave porque transparenta la alianza entre la sociedad civil y algunos credos religiosos, junto con una magistrada que se posiciona políticamente bajo los mismos lineamientos con el uso del poder para imponer al resto de la sociedad chaqueña lo que son sus propias preferencias morales. La estrategia política de mudar el debate de lo legislativo a lo judicial también es antidemocrática porque evidencia una falta de respeto a nuestro sistema republicano”, aseguró la abogada de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El 29 de diciembre del 2020 en la Cámara de Senadores, dos de los tres representantes de Chaco votaron en contra de la autonomía de las personas gestantes. Semanas antes, en Diputados, fueron 6 celestes contra una sola verde (Lucila Masin del Frente de Todos) a diferencia del 2018, cuando la provincia del Norte aportó tres votos a favor y cuatro en contra.
En territorio chaqueño se realizan alrededor de 1610 internaciones por abortos inseguros cada año y en 2017 Chaco fue la provincia con más egresos hospitalarios por aborto (1881). Según un informe de REDAAS, durante ese año -de las 43 muertes maternas por aborto que hubo en el país- 9 sucedieron en Chaco y el porcentaje de embarazos en la adolescencia llegaba a un 23%. Además entre 2014 y 2018 se multiplicaron por cinco los casos de atención por violencia y abuso sexual infantil.
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