El Gobierno decidió extender hasta el 31 de marzo el DNU 766/20 que suspende los desalojos y congela el precio de los alquileres. Esta medida fue celebrada por las organizaciones inquilinas, puesto que existía el temor de que a lo largo de febrero y marzo se diera paso a una ola de desalojos. A pesar de esta nueva intervención del Estado, la pandemia incrementó la vulnerabilidad de las nueve millones de personas que alquilan en nuestro país puesto que crecieron las deudas y las dificultades para satisfacer las necesidades básicas. Estos datos se desprenden de una encuesta realizada por la Comunidad Federal de Inquilinxs y no propietarixs, que trabaja en forma voluntaria desde distintas agrupaciones y ONG para que el derecho a la vivienda no sea vulnerado.
Quien nunca alquiló no sabe lo que es la angustia
El universo encuestado fue de 1378 personas, de las cuales el 69% eran mujeres, el 28% hombres y el 3% otras identidades de género. Uno de los principales resultados del estudio se vincula con las «consecuencias psicológicas y emocionales» que genera la inestabilidad habitacional, en un contexto en que el 63,4% de los encuestados destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler.
Seis de cada diez hogares inquilinos sufrieron situaciones agobiantes durante la pandemia. Por un lado, casi el 58% tuvo que sacrificar alimentos para pagar el alquiler. Por el otro, el 63,2% se endeudó en dicho período. «La forma de endeudamiento no es una sola: el 33,6% de la población inquilina se endeudó con préstamos personales para poder pagar el alquiler, el 31% no pudo pagar todos los servicios públicos, el 27,8% no pudo pagar la totalidad del alquiler y el 13% adeuda expensas», señala el informe.
Estas dificultades se dieron en medio de una falta de conocimiento de los decretos 320/20 y 766/20, que establecieron garantías legales como la prohibición de desalojos, la prórroga automática de contratos, la suspensión de los aumentos y la posibilidad de aplazar el pago del alquiler en caso de no poder realizarlo a tiempo. En ese marco, rentistas que violaron los principios jurídicos atentaron principalmente contra mujeres con menores a cargo: el 21,7% fue víctima de violencia por alquilar.
El estudio sugiere la importancia de que «el Estado interviniera para proteger a estas víctimas; sin embargo, la mayoría de los hogares inquilinos quedaron desprotegidos al presentarse algún conflicto, ya que éste no dispuso herramientas suficientes para que se cumpliera el orden público, brindar asesoramiento y acompañamiento. El 96,3% no lo obtuvo». Cabe destacar que, a más de seis meses de la sanción de la ley de Alquileres, aún no se reglamentaron varios artículos -por ejemplo el de registro de contratos en la AFIP- ni tampoco hubo un control de su cumplimiento y una campaña de difusión de derechos para los inquilinos e inquilinas.
«La actual situación económica requiere un plan que permita el desendeudamiento acumulado por estos hogares, que los proteja frente al hostigamiento e incluya un Subsidio Habitacional de Emergencia para los contratos que vencen en 2021 y los que se prorrogaron en el año 2020», concluye la encuesta.
Foto de portada: Nayeli Cruz / El País
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