Casi medio millón de migrantes fueron rechazados por la Anses y se quedaron afuera del IFE, el único beneficio de emergencia que tuvieron más o menos al alcance para paliar la crisis por la pandemia. Según datos oficiales del propio organismo, los extranjeros en el país representaron el 6,5 por ciento del total de personas que lo solicitaron, pero menos de la mitad consiguió finalmente cobrarlo. Fueron muy pocos los que lograron pasar el filtro de los dos años de residencia “legal” en el país, y la mayoría ni siquiera figuraba en los registros de la seguridad social.
En concreto, unos 879 mil migrantes iniciaron formalmente el trámite para cobrar el IFE, pero más de 495 mil fueron rebotados, el 56 por ciento del total. Si se compara ese porcentaje con el índice de rechazos que sufrieron los argentinos de nacimiento por distintos motivos, que llegó al 32 por ciento, la brecha entre unos y otros asoma de forma contundente.
En el caso de las y los migrantes, la principal razón estuvo relacionada con problemas de documentación. Un porcentaje relevante no logró acreditar los dos años de residencia en el país, temporaria o permanente, que funcionó como un filtro. El problema, en ese punto, es doble: el coste para resolver ese trámite se encareció en más del 1000 por ciento durante los últimos cuatro años, y no baja de los 3000 pesos para quienes llegan con pasaporte del Mercosur (para los extra-Mercosur, como los senegaleses, cuesta el doble). Además, el ex titular de Migraciones, Horacio García, ideó un nuevo sistema completamente online, de nombre “Radex”, que tampoco ayudó: nació supuestamente para agilizar el proceso, pero su gestión dejó como herencia más de 70 mil pedidos de radicación sin resolver, en una suerte de limbo burocrático.
Pero la mayoría de los rechazados, casi 200 mil, directamente no figuraban en los registros de la Anses. Toda esa masa de migrantes fue estratificada como “extranjero con datos insuficientes”, según los propios términos del organismo. Es decir que el Estado no tiene noción de su información más elemental: permanecen dentro del universo de los “no registrados”, como admitió en su momento el presidente Alberto Fernández en relación a las trabas que buena parte de la población se encontró a la hora de acceder al beneficio.
Los datos fueron solicitados a la Anses por la politóloga Ana Paula Penchaszadeh, de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET, que nuclea al colectivo de investigadores comprometides en la transformación en base a una perspectiva de derechos humanos de las políticas públicas. Les investigadores de la Red, junto con más de 30 organizaciones de migrantes y de derechos humanos, impulsaron el año pasado su propio relevamiento sobre las condiciones de vida de ese sector de la población, que fue publicado de forma preliminar en diciembre y ya había arrojado números alarmantes: más de la mitad de los encuestados dijo haber perdido su trabajo por la pandemia, y sólo dos de cada diez pudo cobrar el IFE.
«Estos grandes niveles de rechazo de las solicitudes entre personas migrantes deben estudiarse a la luz de los motivos vinculados específicamente con la situación migratoria y documentaria», advierte Penchaszadeh. «También demuestran hasta qué punto la «irregularidad» documentaria entre las personas migrantes es producida activamente por el Estado, que desde hace años viene implementando políticas restrictivas en nombre de una supuesta modernización. Con el filtro de los dos años de residencia, además, el Gobierno no sólo excluyó, sino que terminó «ilegalizando» de hecho a todo el conjunto de migrantes que se hallaban en situación documentaria irregular».
Por ese motivo Penchaszadeh solicitó, además, conocer cuántos trámites de radicación había resuelto a partir de 2015 la Dirección Nacional de Migraciones. De acuerdo a lo informado por ese organismo, a cargo de Florencia Carignano, a partir de 2016 la cantidad de trámites de radicación resueltos por el Estado no paró de caer. Pasó de 259 mil residencias otorgadas en 2015 a apenas 168 mil en 2019, dato que transparenta la política que se dio el macrismo en materia migratoria, que fue calificada más de una vez como xenófoba por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales del colectivo.
Pero «pandemia mediante, el 2020 fue el peor año de la serie histórica. La cantidad de trámites resueltos tocó su piso, con 89 mil, casi la mitad que durante 2019», aclara Penchaszadeh. «Ese rezago terminó impactando en el resto de la administración pública», agrega.
“CON VOLUNTAD POLÍTICA SE PUEDE RESOLVER”
A principios de diciembre del año pasado, la sede del Club Paraguayo en La Matanza abrió sus puertas para facilitar la aceleración de los trámites de radicación. La idea era simple: instalar una camioneta del Gobierno en el predio de cinco hectáreas que tiene el club en González Catán y promocionar en Facebook que se informaría sobre “los papeles” de residencia. El objetivo era grande: demostrar que con voluntad política podía recuperarse el programa territorial de documentación que tuvo excelentes resultados hasta 2015 y que había sido desarticulado por el macrismo.
La respuesta fue inesperada: llegó a haber cinco cuadras de cola. “Vinieron más de dos mil compatriotas, lo que da la pauta de la necesidad y de la voluntad que tienen los migrantes de regularizar su situación y tener plenos derechos, como cualquier otro argentino”, explicó Salomon Ramírez Santa Cruz, presidente del club.
Ese día, contó Salomón, se resolvieron 150 radicaciones y se avanzaron en otras 300. El resto se fue con la información que no aparece en ningún lado: qué se tiene que presentar para iniciar el trámite. “Tomamos real dimensión de que la documentación es un problema más de todos los que tenemos, además de la pobreza y la precarización laboral. Y es el problema que está en la base de todos los demás”, dice.
En paralelo a la suba de aranceles (llega a tres mil pesos para migrantes del Mercosur y supera los 6 mil para los extra-Mercosur), el gobierno de Macri avanzó con un proceso de expulsiones, que llegó a tener capítulos dramáticos como el caso de Vanesa, una mujer peruana extraditada insólitamente por una causa por tenencia de 2014, que fue separada de su beba de dos años, nacida en el país.
Para hacerlo, Macri firmó el DNU 70/2017, que acelera el trámite judicial para las expulsiones, y concretó una faena de más de 2500 extradiciones al final de su mandato, a la par que varios de sus funcionarios culpaban a los extranjeros por la crisis económica.
El programa de radicaciones territoriales volvió a funcionar a pesar de la pandemia el año pasado, a la par de que se extendieron automáticamente los vencimientos de las radicaciones y se creó dentro del sistema Radex la opción de «eximición del pago de la tasa migratoria por razones humanitarias o pobreza». Pero el Gobierno sigue sin cumplir con la promesa que hizo a poco de asumir, de derogar el DNU de Macri, lo que tensionó la relación de la Dirección de Migraciones con las organizaciones sociales del colectivo.
“Vamos a insistir con que se haga una campaña para acelerar las radicaciones. Nuestro club va a estar a disposición, también para garantizar el derecho al voto y luchar contra la xenofobia que dejó Macri”, explicó Salomón.
