Desde La Boca Resiste y Propone buscan frenar el proceso

Desalojo en La Boca: 22 familias y 43 menores en riesgo de quedar en la calle

Pese a la vigencia del decreto que prohíbe los desalojos, el Juzgado Civil 97 avanza con el proceso de expulsión de los vecinos y las vecinas que habitan el inmueble de la calle Vespucio 65.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 rige en nuestro país un decreto que suspende los desalojos y cuya vigencia fue prorrogada hasta el 31 de marzo de 2021. Sin embargo, el Juzgado Civil 97 dispuso que este miércoles 24 de febrero se lleve adelante el proceso de desalojo del inmueble ubicado en la calle Vespucio 65, en el barrio de La Boca, que dejará sin vivienda a 22 familias y 43 menores de edad que viven hace largo tiempo en el lugar.

«Hace varios años que venimos trabajando con estas familias, desde que comenzó el conflicto con el dueño anterior», explicó a este medio Natalia Quinto, referente de La Boca Resiste y Propone (LBRP). Quinto hizo referencia a la historia de la propiedad para comprender el proceso que desemboca en la orden de desalojo: «En un primer momento hubo una clausura y se cancelaron los baños: las familias decidieron no pagarle al propietario hasta tanto no arreglara los baños e invertir el dinero del alquiler en el arreglo de los mismos».

Frente a este escenario el propietario dejó de cobrarle a los inquilinos y las inquilinas, con el objetivo de iniciar un juicio de desalojo. Al poco tiempo, Alarmas Comahue -empresa de seguridad ubicada en la misma manzana- adquirió el inmueble a precio ruin y en condición de ocupación, a sabiendas de que se valorizaría con el desalojo. Fue la empresa quien continuó y encabezó la presión para lograr el proceso de desalojo. «Es una práctica muy habitual: se compran los inmuebles ocupados a precios más baratos, se hace el desalojo (pagado por los impuestos de toda la comunidad) y se valoriza el terreno», señaló Natalia Quinto, quien desde hace años denuncia la gentrificación imperante en el barrio de La Boca. «En definitiva, todos los gastos del desalojo, desde la justicia a efectivos policiales, son pagados por los contribuyentes».

«El desalojo tenía sentencia firme antes del inicio de la pandemia. Se demoró el proceso tras la primer suspensión y entendimos que, prorrogado el decreto, se prorrogaba la medida, porque no ha variado la situación en nada», agregó la referente de LBRP. De hecho, ni el juzgado ni el Gobierno de la Ciudad han acercado propuestas para relocalizar a los vecinos y las vecinas, no se trabajó en medidas individuales de acceso a la vivienda ni tampoco en soluciones habitacionales alternativas. Con una orden de desalojo en puerta, la mayoría absoluta de les habitantes del inmueble no sabe qué será de su situación el día después.

Los vecinos y las vecinas organizadas en La Boca Resiste y Propone cuestionan que no hay explicación para entender «la urgencia en realizar el desalojo, cuando todavía todos estamos padeciendo las consecuencias de la pandemia, lo que dificulta enormemente la capacidad de las familias de obtener ingresos para poder subsistir y encontrar un lugar digno en el que vivir». Detrás de la celeridad del desalojo, intuyen que reside la presión de la empresa de seguridad privada para apropiarse definitivamente del lugar.

Desde la multisectorial barrial se instó a dilatar el proceso y a proteger la situación de las familias, entre las que se cuentan 43 menores, un anciano con problemas de movilidad y varias personas con discapacidad. Les habitantes de Vespucio 65 ya fueron asesorados por el Ministerio Público de la Defensa de Nación, que brindará asesoría legal a las familias que, en su gran mayoría, no cuentan con recursos para contratar un abogado. «Esperamos que el juez sea criterioso. El miércoles vamos a apelar a que los dueños comprendan que deben suspender el desalojo para que las familias se puedan mudar de manera digna y en un plazo prudente», finalizó Quinto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Para recuperar lo perdido con Macri y la pandemia