El conflicto social entre diferentes comunidades de la provincia y las multinacionales mineras es de larga data. En diciembre de 2002, un amparo judicial fue presentado por los vecinos y las vecinas de Esquel contra el emprendimiento impulsado por Meridian Gold (hoy en día YAMANA GOLD), lo cual desató un debate provincial que culminó en una consulta popular, arrojando un rotundo 81% por el NO a la MINA. Este hecho sentó un precedente histórico en la lucha ambiental, no solo porque estableció las bases para la conquista de la Ley (ex) 5001 en Chubut que prohíbe la megaminería en la provincia, sino también porque constituyó un ejemplo de resistencia que inspiró numerosas gestas posteriores, como la de la ley 7722 en Mendoza.
Es con este precedente que el gobernador provincial Mariano Arcioni, quien asumió con la negativa a la minería como emblema de campaña, impulsó un proyecto de zonificación para habilitar la megaminería en la meseta. Este proyecto consiste en la modificación del artículo 2º de la Ley Provincial Nº XVll-68 (ex 5001), para exceptuar a los departamentos de Gastre y Telsen de la prohibición a la minería metalífera.
La megaminería, por lo general metalífera, se caracteriza por el uso de explosivos, provocando cráteres en mesetas y montañas y sustancias altamente tóxicas como cianuro y la liberación de ácido sulfúrico. Además de generar daños irreversibles en el ambiente y en la salud de las poblaciones, utiliza grandes volúmenes de agua. En el caso del proyecto “Navidad”, el megaemprendimiento minero llevado adelante en Chubut por Pan American Silver, se estima la utilización de 95 litros por segundo.
En un reciente informe científico, el CONICET expresó categóricamente su preocupación acerca del proyecto de zonificación y de la “vulnerabilidad de un recurso tan valioso como el agua en contextos de cambio climático, desertificación, expansión y aumento de la población”.
El falso dilema
La provincia de Chubut ha sido históricamente asimétrica e inequitativa. El número de habitantes y la inversión pública y privada, siguen un gradiente enormemente decreciente desde las ciudades de la costa, hasta la cordillera y finalmente la meseta. En esta última región, la migración constante debido tanto a la falta de oportunidades laborales y la baja calidad de los servicios públicos, impiden que sus poblaciones puedan motorizar procesos productivos sustentables.
Frente a este panorama, existe un falso imaginario de que los inmensos daños socioambientales y sanitarios que implica la minería a cielo abierto tienen como contracara un amplio beneficio económico para el país y un desarrollo de las economías regionales. Las diversas experiencias de proyectos mineros en nuestro país prueban lo contrario: en la provincia de Catamarca, después de 23 años de explotación de La Alumbrera, los índices de pobreza en la provincia siguen siendo mucho más altos que la media nacional. Los empleos directos que genera la minería por otra parte son muy escasos. El proyecto minero desarrollado en Veladero (San Juan) representa menos del 1% del empleo total de la provincia.
En cuanto al sistema de regalías, la Ley de Inversiones Mineras aprobada durante el menemismo establece que las provincias no pueden cobrar más de un 3% de regalías. La cantidad de mineral extraído se determina a partir de una declaración jurada que no está sujeta al control de ninguna autoridad pública.
Por otra parte, el caso del proyecto “Navidad” ilustra de manera ejemplar el impacto de los megaproyectos mineros en la soberanía nacional. En el año 2003, la minera Aquiline Resources Inc presentó una demanda contra IMA Exploration (adjudicataria del permiso de explotación del yacimiento), acusándola de utilizar ilegalmente información confidencial que era de su propiedad, al mismo tiempo que IMA demandó a Aquiline por injurias y difamación.
Las demandas fueron tramitadas en la Corte Suprema de la Columbia Británica, en Canadá, sin ningún tipo de participación por parte del Estado Argentino durante los más de 3 años que duró el conflicto. Aún así, las mineras prosiguieron sus trabajos en la zona del proyecto, sin certezas sobre la propiedad de los derechos de explotación. El 17 de julio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Columbia Británica adjudicó la propiedad en Argentina del proyecto Navidad a la empresa Aquiline, sentando un grave precedente de tribunales extranjeros decidiendo sobre tierras y recursos de la Nación Argentina. Finalmente, en septiembre del año 2009 la actual propietaria, Pan American Silver, compró a Aquiline Resources el proyecto de plomo y plata Navidad por 626 millones de dólares. Es llamativo considerar que en todo momento, durante el transcurso de la disputa entre transnacionales mineras por la propiedad de los permisos de explotación, la actividad minera estuvo prohibida por ley.
Un nuevo consenso socioambiental
Como contrapartida, existen innumerables actividades productivas que hoy aportan significativamente a la economía, tienen arraigo cultural en sus comunidades y son factibles de escalar. Entre ellas podemos citar el mejoramiento y agregado de valor a la actividad ovina, el pastoreo regenerativo, el fomento de la agricultura en los valles de riego, la forestación, el aprovechamiento de la fibra de guanaco y la vitivinicultura, entre otras.
La imposición de un modelo irracional desde todo punto de análisis encuentra su única explicación en la presión descarnada que ejerce el lobby minero, reforzando así una verdad histórica muy conocida por el pueblo chubutense: cuando algo se hace de espaldas al pueblo, va en contra de sus intereses.
El escenario que plantea la crisis climática vuelve un imperativo de supervivencia poner en tela de juicio estos esquemas productivos vetustos y oponerse al avance sobre los derechos de comunidades enteras, así como el planteo de un nuevo proyecto de país.
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