La opinión de familiares

Femicidios: traducir las políticas del escritorio al territorio

Hoy se formalizó la creación por decreto del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. Sin embargo, familiares de víctimas denuncian que no se les tiene en cuenta y que están desamparados.

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana la creación por decreto del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. La entidad, conformada por los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad, Justicia y Seguridad, busca “promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género”. La medida, que surge luego del femicidio de Ursula Bahillo, arrastra consigo un reclamo ni reciente ni novedoso y trae un acumulado de bronca e impotencia: durante el año 2020 se produjeron 302 femicidios y 99 travesticidios sociales y en lo que va de 2021 se produjeron 54 femicidios que ya dejaron 36 huérfanos, una resta que da más muertes que días.

Si algo dejó en claro el crimen de Rojas, es que -más allá del avance en materia de derechos- las políticas públicas siguen siendo insuficientes y se continúan desoyendo las alertas previas. Desde el Gobierno apuntan a la falta de perspectiva de género del Poder Judicial y a la falla en la comunicación interna, pero los familiares de víctimas denuncian que no se los tiene en cuenta como interlocutores dificultando la capacidad de traducir las políticas públicas del escritorio al territorio.

Foto: Cristina Sille

Marta Montero es la madre de Lucía Pérez, la joven marplatense asesinada en 2016, cuyo femicidio continúa impune. La crueldad del asesinato de la adolescente, que el último 14 de febrero hubiera cumplido 21 años, derivó en el primer paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, donde quedó claro que los femicidios sólo son la punta del iceberg de un entramado de violencias patriarcales. “Cuando sucedió el femicidio de Lucia, el tema ni estaba en agenda. Ahora sí y se trata de dimensionarlo”, explica Montero a El Grito del Sur. “El Estado no puede estar ausente, es disparatado lo que está pasando. Es imposible no hacerse cargo, hay una destrucción tan grande de la familia, del tejido social. El Estado tiene que estar presente y ser ágil”, agrega.

Alfredo coincide. Él es el padre de Carla Soggiu, asesinada el 26 de diciembre de 2018 por Sergio Fuentes, su expareja y padre de sus hijos. Carla había accionado el botón antipánico, pero éste nunca funcionó y el móvil policial no pasó a buscarla. “Para el Gobierno sería de gran ayuda utilizar nuestra terrible vivencia para pensar medidas, pero también deberían aplicar las existentes y ser severos con el cumplimiento”, señala. En esa línea expresa: “Una chica que hace una denuncia necesita que la escuchen, no que la manden a hacer un trámite allá, que le digan buscá esto, hacé aquello, que la obliguen reiteradamente a testificar. En el caso de mi hija había sido violada y golpeada y la tenían de acá para allá, además del trauma y mientras se hacía cargo de sus hijos”.

Luego del femicidio de Bahillo, una de las propuestas del Ministerio de Mujeres fue crear un mecanismo que complemente el botón antipánico con la tobillera electrónica. En el caso de Úrsula, ninguna de las medidas llegó. Ella misma había solicitado un botón antipánico luego de que su expareja violara en tres ocasiones la perimetral de 200 metros. El mismo día en que fue asesinada, la Justicia de Paz envió al municipio de Rojas un e-mail con la orden de que se entregue el dispositivo, aunque el correo no se abrió durante toda la jornada. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad explicó que el dispositivo no se le entregó a tiempo “por no tener (elementos) disponibles”.

“Una perimetral no puede ser a 500 metros, 500 metros es un minuto en bicicleta. Hay que ser severos, ni bien se viola la medida ya debería haber una pena: ¿para qué esperamos a que haya un muerto? Hay que dar un abordaje profundo porque si lográs alejar al violento de una chica va a involucrar a otra”, asegura Alfredo, quien reclama que Horacio Rodríguez Larreta, blindado por los medios, continúa sin entregar las pruebas necesarias para esclarecer el crimen de su hija. “En Capital Federal los botones antipánico pocas veces funcionan, pero, incluso si fuera eficiente, cuando la mujer se cambia de ciudad queda totalmente desamparada”.

Cada vez que sucede un femicidio, alrededor suyo queda una familia fracturada. La búsqueda de justicia desgasta física, anímica y mentalmente a su entorno, pero también implica costear abogados, viajes a los juzgados y atención psicológica. “Los familiares necesitan desde un vaso de leche hasta una psicóloga”. agrega Marta. Y suma: “En este momento eso no existe, los familiares se rebuscan como pueden, buscan recursos de donde pueden y muchos de ellos quedan en el camino porque es tan grande el dolor, es tan grande la presión y es tan grande la responsabilidad que algunos no podemos ni subsistir a lo que nos pasa”.

En 2018 se sancionó la ley Brisa, que estipula una reparación económica equivalente a una jubilación mínima por mes y cobertura de salud para los hijos e hijas de víctimas de femicidio menores de 21 años. Sin embargo, para recibirla es necesario tener una sentencia firme y que la autoridad judicial determine que el fallecimiento es causa de violencia intrafamiliar o de género. Desde la muerte de su hija, Alfredo se hace cargo de dos nietos que no cobran ningún tipo de pensión, ya que el caso de Carla continúa abierto y caratulado de muerte dudosa.

Otro de los objetivos del flamante Consejo será unificar los sistemas de registro y gestión de la información. En el caso de Úrsula, Matías Martínez -el policía cometió el asesinato- ya contaba con denuncias previas por violencia de género y abuso de menores de parte de otras exparejas, tanto de la agente Florencia Veloz como de Belén Miranda, causa por la cual estaba citado a declarar el 18 de febrero.

Fotos: Cristina Sille

En 2020 la cooperativa Mu La Vaca decidió lanzar el Observatorio de Violencias Patriarcales Lucía Pérez, formado a partir de los patrones de femicidios elaborados desde 2014. Su trabajo, basado en medios gráficos, fallos de las fiscalías y fuentes directas, tiene a los familiares como eje rector. “Las familias son norte para saber dónde mirar. Ellos nos fueron diciendo cuál era la información necesaria desde su propia experiencia, desde lo que significa atravesar una búsqueda de justicia en primera persona”. “Los familiares tienen una claridad para ver la máquina que reproduce las violencias. Ellos nos aconsejaron que llevemos un recuento de los femicidios territoriales, los niños que quedan huérfanos, los travesticidios. Como sociedad tenemos que tener la capacidad de escucharlos, pero especialmente sería muy enriquecedor que funcionarios y funcionarias puedan escuchar a la familia a la hora de crear los planes de prevención y erradicación de las violencias porque tienen la propia experiencia de lo que se necesita”, cuenta Anabella Arrascaeta, periodista e integrante del Observatorio.

El pasado 10 de febrero, familiares de víctimas hicieron llegar una carta al Presidente en un acto frente a Casa Rosada donde leyeron los nombres de las (entonces) 44 muertes del año. Una semana después, en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña junto con el Observatorio, pintaron un mural con los 363 nombres y las edades de las mujeres asesinadas entre el 10 de diciembre de 2019 y el 17 de febrero del 2021. La acción, que se realiza anualmente, debió suspenderse el año pasado por las condiciones sanitarias.

Desde sus trayectorias largas, persistentes, sinuosas y solitarias, les familiares insisten en que la necesidad de reformular el andamiaje misógino de la Justicia es un punto fundamental. “El rol de la Justicia debe ser activo y dinámico. Antes que nada cuando la mujer denuncia, inmediatamente hay que detener al agresor y luego tratarlo a él porque el problema es él. Hay que tratarlo para que no cometa desde su frustración la muerte de una mujer. Hoy no se hace nada de eso y éste es el resultado”, finaliza Marta.

 

Foto de portada: Catalina Distéfano

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