Pensar una justicia en clave feminista parece ser el próximo gran objetivo de un movimiento que cerró el 2020 con la gran batalla por el aborto ganada. Mientras la frase “reforma judicial feminista” se vuelve consigna, aunque aún cueste definirla, la necesidad de buscar lógicas que excedan al punitivismo obliga a escuchar la experiencia de quienes hace siglos vienen elaborando otros recursos a la hora de concebir el castigo y la retribución. En ese sentido, el caso de Pilcaniyeu (Río Negro) resulta esclarecedor.
En febrero del 2019, una mujer mapuche fue abusada sexualmente por un empleado del Municipio de Pilcaniyeu en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, mientras realizaba una contraprestación laboral por el plan social del cual era beneficiaria. Luego de más de dos años, el último 19 de marzo, el Tribunal de Bariloche determinó que el acusado, que al momento del hecho ejercía como capataz, era culpable de los delitos de abuso sexual simple y abuso con acceso carnal al acusado, por lo que estableció un plazo de cinco días para la presentación de nuevo material probatorio con vistas a la audiencia donde se establecería el monto y plazo de la pena.
En ese marco, más de una veintena de colectivas feministas englobadas bajo la campaña “Somos plurinacional” decidieron presentar un petitorio exigiendo al juez a cargo de la causa, Héctor Leguizamón Pondal, que la sentencia incorpore a la perspectiva de género el principio de reparación del daño por el origen étnico y el enfoque de derechos colectivos. “La lógica estatal surge del pretexto de que todas las mujeres argentinas son blancas, hablan castellano y tienen sólo derechos individuales. Se trata de un proceso de desatención, blanqueamiento y omisión de las mujeres indígenas, como si ellas no tuvieran una historia territorial y sus derechos colectivos”, asegura Verónica Azpiroz Cleñan, mapuche e integrante del Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina.
“El Poder Judicial argentino está pensado en el contexto del castigo al culpable; sin embargo, en la filosofía de los pueblos originarios lo que se busca frente a un daño es repararlo. A partir del origen étnico consideramos que el Estado debe hacer una acción afirmativa reconociendo que esta mujer fue víctima de un genocidio pensado por el mismo Estado. Entendemos que hay una falta de equidad desde el punto de inicio de la vida, porque ella es hija de esta historia de despojo”, alega la politóloga y hace hincapié en que la primera causa de discriminación hacia las mujeres mapuches tiene que ver con el desarraigo territorial que arrastran colectivamente desde la conquista.
El petitorio, que apunta a la discriminación positiva de la víctima y su comunidad, exige también que la mujer sea incorporada como trabajadora permanente en alguna dependencia municipal o provincial, que se le brinde una beca de estudio en un nivel superior y que se le garantice un tratamiento terapéutico de tipo complementario entre la medicina mapuche y la psicología clínica. Además, pide que se obligue a la Secretaría de Equidad de Género provincial a incorporar a las mujeres indígenas en el diseño de las políticas públicas, visibilizando su identidad y resolviendo la barrera lingüística en el acceso a la justicia.
“La justicia está atravesada por un sentido común racista donde percibe a la mujer indígena como un sujeto inferior a otras mujeres en base a prejuicios. Cuando se toma una denuncia por violencia de género, no se tiene en cuenta el origen étnico de la persona. Muchas veces la víctima no comprende el castellano técnico que se utiliza en los procesos judiciales, sin embargo en la mayor parte del país el escaneo judicial no contempla como obligatorio el rol del intérprete bilingüe o multilingüe”, señala el petitorio.
“Creemos que es necesario que exista una condena para poder salvaguardar a la víctima, porque si el hombre está en la calle ella sigue teniendo vulnerada su libertad de transitar y llevar su vida adelante, pero la pena sola no es suficiente. Lo que se pide es una reparación histórica para reconocer y reparar el daño de no haber acompañado a la mujer y haber puesto en duda su testimonio. Durante todo este tiempo ella debió llevar adelante un juicio sola, sin apoyo estatal, más allá de las represalias y la discriminación. Creemos que el daño que sufrió se va a reparar cuando la justicia deje en claro que le cree”, explicó a El Grito del Sur Daniela Liska, integrante de Somos Plurinacional Furilofche y de Ni Unx Menos Furilofche. Desde Bariloche, Liska narra el abandono estatal durante el proceso y recalca que la credibilidad que le otorga la justicia al relato cambia según el género y el tono de piel de quien esté enfrente.
La dificultad para acceder al trabajo y la dependencia económica es otro de los factores que deja a las mujeres indígenas más expuestas a la violencia de género. En los pueblos pequeños, muchas veces quedan a merced de capataces o patrones que -de manera extorsiva y arbitraria- especulan con su retribución monetaria o la posibilidad del acceso a un programa estatal.
En el caso de Pilcaniyeu, si bien el acusado quedó separado del cargo, continuó cobrando sus honorarios y transitando libremente por el pueblo. “Hay situaciones donde las mujeres indígenas deben migrar del entorno rural hacia la ciudad porque las echan o no tienen las suficientes tierras para vivir. Como no cuentan con una profesionalización terminan accediendo a trabajos muy mal remunerados, lo que le sucede a muchas otras mujeres de barrios populares, pero además ellas son conscientes de que son víctimas de un despojo ancestral, de que otra hubiera sido su situación si tuvieran un contexto apto para desarrollar su modo de vida”, manifiesta Verónica.
En el último censo permanente de hogares, realizado en 2010, el INDEC contabilizó 955.032 personas que se reconocían como parte o descendientes de los pueblos originarios: 481.074 varones y 473.958 mujeres. Sin embargo, las organizaciones calculan que este número llegaría al doble y recalcan que -mientras los dispositivos estatales no integren la variable étnica a sus análisis- se perpetuará la invisibilización estadística que dificulta la creación de políticas públicas que les contemplen. En ese sentido, las militantes feministas bregan por la creación de un Registro Provincial de Casos de Violencia de Género contra Mujeres Indígenas que contemple las dimensiones estructurales y la formación de las áreas locales de atención a víctimas de violencia de género sobre derechos de las mujeres indígenas.
“Difícilmente se pueda construir una política pública desde la abstracción. Es imposible pensar en las políticas de reparación si no están situadas en territorio. Por eso, para poder generar estrategias idóneas, necesitamos conocer el abanico que atraviesa cada caso en particular”, explica la activista de Tejido de Profesionales Indígenas. “Las mujeres mapuches tienen un montón de particularidades que quedan por fuera del Estado y por eso nos parecía que ésta era una instancia para visibilizar todas las interseccionalidades que acontecen. El caso del que estamos hablando ahora no es una violencia excepcional, viene de arrastre de otras situaciones, de una historia de opresiones por las que en este momento se la vuelve a revictimizar”, agrega Daniela.
Invitada a reflexionar sobre el aporte que pueden hacer los pueblos originarios a la hora de desarmar la justicia hegemónica, blanca, eurocéntrica y patriarcal, Verónica reflexiona: “El principio de restitución es algo que existe en los pueblos originarios desde la conquista. Nunca se apagó, está latente. Creo que a partir de este tipo de casos empieza a resurgir la memoria colectiva de un pueblo que tenía otra manera de resolver las cosas, otra manera de amparar a la víctima, porque somos pueblos de amparo. Nosotras vamos por el feminismo decolonial, por eso hablamos del feminismo del arcoíris. Queremos que algo que es bueno para nuestras sociedades lo tome la sociedad mayoritaria, hegemónica, envolvente. Creemos que para que haya una reforma judicial feminista hay que mirar un poco para atrás, a los pueblos originarios, tomar esos principios y hacerlos presentes”.
