Manuela era una joven campesina que vivía en situación de pobreza en la zona rural de El Salvador. Además de convivir con sus padres y sus dos hijos, de 7 y 9 años, Manuela era jefa de hogar y estaba embarazada. El 27 de febrero de 2008, tras un fuerte dolor abdominal, sufrió un aborto involuntario en la letrina de su casa y se desmayó. Cuando despertó, ya en el hospital, en lugar de asistirla el personal de la institución la interrogó y denunció por el «delito de aborto», lo cual le valió una condena a 30 años de prisión por homicidio agravado. Dos años más tarde murió producto de un cáncer linfático avanzado, el mismo que le provocó la emergencia obstétrica.
Son muchas “Manuelas”
A contramano del avance en materia de derechos reproductivos y no reproductivos en la región y en el mundo, El Salvador tiene desde 1998 una de las normativas más prohibitivas: el aborto está totalmente penalizado. Desde ese año hasta 2019, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto registra 181 casos de mujeres que fueron criminalizadas por aborto o delitos relacionados. Según Sara García, integrante de esa organización, “hasta que esta legislación tan restrictiva no cambie, las “Manuelas” seguirán muriendo y enfrentando esta violencia del Estado”, sostiene.
Es la primera vez en la historia que el caso de una mujer criminalizada por haber sufrido una emergencia obstétrica llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Ha sido una lucha muy fuerte e intensa para lograr que la Comisión Interamericana conozca el caso y ahora llegue a la Corte. Es algo histórico”, cuenta García. El hito siembra esperanza no sólo en la familia que espera justicia, sino en el movimiento feminista. “El caso de Manuela abre caminos de esperanza para la transformación, para que nuestros derechos sexuales y reproductivos sean garantizados porque hay muchas Manuelas”, agrega.
“Nosotras esperamos que se haga justicia, que se pueda reparar a la familia de manera integral, que se puedan generar medidas y que se garantice el secreto profesional, que se sepa la verdad de lo que pasó. El Estado salvadoreño es responsable de las violaciones, de tener un marco normativo tan restrictivo como es la penalización absoluta del aborto. Es responsable de la persecución y criminalización contra mujeres jóvenes”, explica la integrante de la agrupación feminista que hace años pelea por la legalización del aborto en ese país.
La familia junto a las organizaciones que expusieron en las audiencias, estiman que el fallo se conocerá en el segundo semestre de este año. Esperan que la CIDH reconozca la responsabilidad del Estado en la penalización y violación de los derechos humanos de las mujeres, que pueda generar una modificación en el marco normativo y avanzar en la garantía de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador, donde una complicación obstétrica puede terminar en una condena de hasta 50 años y, como le pasó a Manuela, terminar con su vida.
“Definitivamente se está sentando un precedente del acceso a la justicia, de cómo ocupar el Sistema IDH para posicionar aquellas luchas, aquellas causas, cuando no logramos tener respuestas en un país. Lo que también a nivel precedente que es el primer caso de una emergencia obstétrica que llega a la Corte. Los contextos de criminalización son los que han generado este tipo de persecución. Nosotres creemos que lo que suceda puede sentar un precedente de todos los países que forman parte de la OEA, que son parte del Pacto de San José que comparten esta situación de violencia contra las mujeres”, finaliza Sara García.
