En medio de una nueva jornada de lucha por el 8M, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) realizó, a través de la legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Victoria Montenegro, la presentación de un proyecto para derogar el artículo 86 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que restringe y sanciona la actividad de trabajadoras y trabajadores sexuales en el espacio público. Este artículo afecta también a vendedores ambulantes, artistas callejeros y un gran número de laburantes de la economía popular. “Es necesario seguir despertando esta conciencia en cuanto a lo que significa el código contra la violación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y estamos dispuestas a dar una fuerte pelea dentro de la Legislatura Porteña para que se respeten los derechos humanos de todas y todos”, dijo la diputada porteña durante la presentación del proyecto.
Según el informe “Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y lxs trabajadorxs sexuales”, realizado por AMMAR y la RedTraSex en el año 2016, de 363 trabajadores y trabajadoras sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, casi un 80% indicó haber sufrido detenciones o demoras por las fuerzas de seguridad. En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes.
“Menos del 1 por ciento de las denuncias son realizadas por vecinos de la Ciudad, el 99 por ciento tiene que ver directamente con el accionar de la Policía de la Ciudad. Pero además, el 95% de las causas que se inician terminan siendo archivadas. Entonces, ¿esto funciona? No, claramente no funciona. ¿Esto tiene que ver con una demanda de los vecinos de la Ciudad? Evidentemente no. ¿Esto sirve para evitar que se ejerza el trabajo sexual en las calles? No, entonces por qué no lo derogamos”, cuestionó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña.
De la conferencia de prensa participó también Alberto Stella, director de la oficina de ONUSIDA para Argentina, quien apuntó que “como estos artículos de cierta manera legitiman el trato inhumano, el trato violento y degradante de un ser humano y por tanto el atropello de sus derechos, tiene que ser derogado y nosotros vamos a acompañar este proceso”. En el mismo sentido se pronunció la coordinadora de la agenda feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Vanina Escales: “Yo me pregunto en qué tipo de ciudad se imagina el artículo 86. Una en la que hay personas deseables y no deseables. Tenemos que pensar una ciudad para todes, una ciudad inclusiva y me parece que desde los derechos humanos es indiscutible acompañar la derogación de este artículo”.
La secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, habló con El Grito del Sur sobre el tema y denunció que “detrás de los códigos contravencionales lo que hay es una expulsión de los sectores populares, una criminalización de la pobreza, una intención de ‘limpiar’ el espacio público y una gentrificación del territorio”. Orellano se refirió a las situaciones de vulnerabilidad a las que son expuestas producto del artículo 86 del Código Contravencional y reclamó avanzar en su derogación para evitar que se sigan perpetuando las detenciones arbitrarias, los operativos policiales desmedidos, el hostigamiento y la discriminación de los trabajadores y las trabajadoras que ejercen el trabajo sexual en la Ciudad.
En este sentido, señaló que “hay una mirada clasista y selectiva de la policía”, ya que la peor parte se la llevan muchas veces las compañeras travestis y trans, que son desnudadas en la vía pública y tratadas en masculino por los efectivos de la fuerza de seguridad, y les compañeres migrantes, que sufren agravios, amenazas de deportación en caso de no firmar la contravención y deben soportar que los oficiales les aconsejen que se vayan del país. “El hostigamiento y el abuso que lleva adelante la policía tiene siempre como fin que la compañera se canse y llegue a un arreglo económico”, sostiene Orellano. “Nos parece importante que este artículo se derogue para no ser más parte de la caja policial”, culmina.
