Al igual que sucedió en 2019 con Cristina Fernández de Kirchner, los intentos por borrarlo de la competencia electoral fallaron y Lula Da Silva recuperó el lunes sus derechos políticos luego de que el juez Edson Fachin (miembro del Supremo Tribunal Federal) anulara todas sus sentencias por «corrupción». De esta forma, el ex presidente brasileño entre 2003 y 2010 quedó habilitado al menos por ahora para competir en las elecciones de 2022 contra el actual mandatario Jair Bolsonaro.
La decisión del juez Fachin, quien había sido un aliado de los fallos de Lava Jato hasta ahora, fue celebrada por una gran cantidad de referentes políticos enrolados en el progresismo latinoamericano y mundial. El presidente argentino Alberto Fernández fue uno de los que twitteó al respecto: «Celebro que @LulaOficial haya sido rehabilitado en todos sus derechos políticos. Se anularon las condenas en su contra que fueron dictadas con el solo fin de perseguirlo y eliminarlo de la carrera política. Se hizo Justicia!».
Lawfare y condenas injustificadas
El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática que se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. De acuerdo con el Observatorio de Lawfare CELAG, «esta guerra opera ¨desde arriba¨ por medio de un aparato judicial que se ¨eleva¨ por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley».
En los últimos años, estas tácticas fueron utilizadas contra varios líderes y ex funcionarios de gobierno en América Latina vinculados a proyectos políticos que cuestionan en mayor o menor medida la ortodoxia neoliberal. El caso de Lula es paradigmático en este sentido: luego de ser condenado el 12 de julio de 2017 en primera instancia a nueve años y seis meses de prisión por el juez Sérgio Moro, dos años después se conoció a través de una extensa investigación de la revista The Intercept la filtración de documentos, conversaciones e intercambio de opiniones entre Moro -a quien Bolsonaro premió nombrándolo Ministro de Justicia- y los fiscales de las causas que se le armaron al dirigente metalúrgico. Esta parcialidad no sólo marcó irremediables daños al sistema de justicia local y a la figura del ex mandatario, sino que también privó a millones de brasileños y brasileñas de la posibilidad de optar por el candidato que lideraba cómodamente las encuestas allá por el año 2018.
Lula ya había sido condenado en dos procesos relacionados con un apartamento triplex en el balneario de Guarujá en el estado de Sao Paulo y una casa de campo en la localidad de Atibaia. Los restantes estaban vinculados al Instituto Lula -inaugurado tras dejar el poder-, pero aún no habían sido juzgados. Los procesos pasarán ahora a otro juzgado y serán revisados por otro juez que puede aceptar las denuncias o absolverlo sumariamente, aunque diferentes juristas consideran que es muy poco probable que el juez asuma como válidos los actos.
Crisis sanitaria
La anulación de las sentencias contra Lula llega en el peor momento de la crisis sanitaria. Ayer Brasil volvió a batir su récord de muertes diarias por coronavirus -1.972- y dejó atrás la anterior marca máxima que había anotado hace apenas seis días. El país vecino acumula desde el inicio de la pandemia 268.370 fallecimientos por la enfermedad y la cantidad de casos confirmados se estima en 11.122.429, estando en el top 3 de este rubro junto a Estados Unidos e India.
A pesar de que al menos 11 pacientes murieron en los últimos días en el interior del estado Sao Paulo a la espera de una cama en los hospitales -otras zonas del país también tienen los sistemas hospitalarios colapsados-, el presidente Jair Bolsonaro insiste en no decretar cuarentenas y continúa minimizando los efectos de la enfermedad. Lo paradójico en Brasil es que la campaña de vacunación no está siendo encabezada por el propio mandatario, sino que buena parte de los insumos para fabricar 8,7 millones de dosis de la vacuna china CoronaVac fueron adquiridos por el Instituto Butantan de Sao Paulo. Éste depende del Estado paulista y es administrado por el gobernador Joao Doria (PSDB), uno de los mayores críticos hacia la gestión sanitaria de Bolsonaro.
Brasil espera tener en el primer semestre, por contrato, 146 millones de vacunas: 100 millones de AstraZeneca y 46 millones de CoronaVac.
Escenario político
Las elecciones municipales del 15 de noviembre pasado mostraron un fortalecimiento de la derecha no bolsonarista, lo cual favorece la pretensión presidencial del gobernador paulista Joao Doria. Al mismo tiempo, el Partido de los Trabajadores (PT) quedó ubicado como el principal partido nacional -4 gobernadores y 54 diputados- pero ya no gobierna ninguna capital del país: de ser el tercer mayor partido en intendencias del país en el año 2012 con 630, pasó a ser el décimo en el año 2016 con 256, y actualmente sólo gobierna 183. El escenario de hiperfragmentación política contiene a 12 partidos diferentes gobernando las 27 unidades de la Federación, 24 partidos con representación en la Cámara de Diputados y un presidente sin partido que apenas eligió 2 intendentes de los 16 apoyados.
En este contexto de escepticismo generalizado y descontento con la clase política que se profundizó con la «onda bolsonarista» desde 2018 a esta parte se erige la posibilidad de que Lula vuelva a ser candidato. En una encuesta publicada el domingo pasado por el periódico O Jornal do Estadão, el dirigente del PT superaría en potencial de voto a Bolsonaro de cara a las elecciones de 2022. Allí el 50% de los interrogados votaría o podría hacerlo por Lula, mientras que sólo el 38% opinó que lo haría por el actual mandatario. Consultados por la negativa, un 44% afirmó que no elegiría en absoluto a Lula mientras que el rechazo a Bolsonaro fue superior alcanzando el 56%. Otros posibles aspirantes presidenciales bien posicionados son el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Sérgio Moro; el magnate y conductor de TV Globo Luciano Huck; el ex candidato presidencial del PT Fernando Haddad; y Ciro Gomes del Partido Democrático Laboralista.
En medio de duras críticas por errores de gestión ante la crisis sanitaria y por los retrasos en la vacunación, cabe destacar también que la caída de popularidad de Bolsonaro coincidió con el fin de las ayudas económicas pagadas de abril a diciembre a 68 millones de brasileños y brasileñas (casi un tercio de la población) para enfrentar las consecuencias negativas de la pandemia.
¿Nueva ola progresista en América Latina?
La (re) asunción de gobiernos progresistas en la región -como fueron los casos de AMLO en México, Alberto Fernández en Argentina y Luis Arce en Bolivia- permite pensar en mayores niveles de autonomía como contrapeso a la búsqueda de injerencia de EE.UU. en los asuntos internos. Todo indica además que el próximo 11 de abril Andrés Arauz vencería en la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas al banquero Guillermo Lasso y existe la posibilidad cierta de que la candidata Verónika Mendoza dispute un ballotage en Perú. Por su parte, la izquierda chilena deposita fuertes expectativas este año en la figura del alcalde Daniel Jadue. En caso de producirse resultados positivos en estas contiendas electorales de 2021, un retorno del Partido de los Trabajadores estaría más cerca y con ello una reconfiguración geopolítica radical podría abrirse paso en América Latina.
