Marisa Herrera es una de las principales impulsoras de una reforma judicial feminista. Doctora en Derecho, docente universitaria, especialista en derecho de familia, investigadora en el Conicet, integrante del equipo que redactó el Código Civil y Comercial y feminista popular, Herrera también estuvo entre les candidates a encabezar el Ministerio de Justicia de la Nación y participó en los debates y la redacción de leyes que ampliaron derechos en la Argentina. “Tener una justicia feminista debe convertirse en una política pública y en una acción que involucre a actores y actrices en muchos niveles de la sociedad”, dice a El Grito del Sur.
Este último 8 de marzo, los feminismos argentinos eligieron levantar la consigna de una reforma judicial en clave feminista para esa jornada de lucha. “Es una semilla que hemos logrado sembrar y que marca el avance del movimiento de mujeres. Estamos tan empoderadas que nos animamos a ir contra quienes tenemos que ir sabiendo el costo que tiene -afirma la abogada-. Hablar de una reforma judicial feminista es ir al hueso de cómo está construido ese sistema de privilegio que es el Poder Judicial”.
¿Por qué es necesaria una reforma judicial feminista?
Tiene que ver con una forma de encarar una revisión crítica del Poder Judicial y tomar lo que tiene el movimiento feminista: las asambleas, la construcción horizontal donde prima lo colectivo por sobre lo individual, la visión de sororidad. Todo eso es contrario a la idea verticalista del Poder Judicial, que tiene un diseño institucional sujeto al privilegio, a la corporación. El hecho de que una persona pueda ser juez o jueza hasta los 75 años, hacer un amparo para quedarse más tiempo y que no se lo apelen… Se habla mucho del Estado de derecho, de cumplir con la ley, pero eso no aplica para ellos, no rinden cuentas. El Poder Judicial es el poder menos democrático. Los gobiernos duran cuatro años, entonces ellos (los integrantes del Poder Judicial) dicen “me cuido tres años, que después viene otro”. Los presidentes, diputados y senadores pasan, pero ellos quedan. Por eso (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner en la audiencia de dólar futuro señaló lo que dijo (el fiscal Carlos) Stornelli al Presidente (Alberto Fernández), ese “tendremos una charla de hombre a hombre” cuando él termine su mandato. Ese es el poder. Nosotras construimos desde una lógica diferente, queremos romper con esa estructura patriarcal, elitista, verticalista y de privilegios porque el movimiento feminista es lo contrario.
El año pasado la Corte Suprema de Justicia se negó a hacer la capacitación en materia de género que indica la ley Micaela. ¿Qué efecto tiene esto en el resto del Poder Judicial?
La capacitación de la ley es una obligación que tenés que asumir como funcionario público, como parte del Estado y el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, no es un parapoder por encima del resto y los jueces son funcionarios públicos a quienes les pagamos el sueldo. Que la Corte no haya hecho la capacitación es la prueba más elocuente de la impunidad que tienen. Porque podrían sentarse, que les pasen un Power Point y les saquen una foto diciendo que hicieron la capacitación, pero no se prestan ni a eso. No piensan si es pedagógico o si tienen una responsabilidad como la cabeza del Poder Judicial de dar el ejemplo. Personalmente, me parece que todos los cargos de arriba deberían ser temporales porque se distancian de la realidad. (Los jueces que integran la Corte) están encerrados en el cuarto piso de Talcahuano (en el Palacio de Justicia) y nadie sabe de qué hablan cuando se reúnen, no rinden cuentas, no tienen tiempos para dictar sentencia y no sabés qué temas se van a tratar en el año. El caos te da poder. Por eso pedimos una agenda de causas mínimas, que digan qué temas van a tratar en un año para así preparar a la sociedad civil para que puedan pedir amicus curiae. El no capacitarse (de acuerdo a la ley Micaela) es el ejemplo más claro, más elocuente de este privilegio, de este poder irrestricto, sin condicionamientos, que no le rinde cuentas a nadie.
Al momento de negarse a hacer la capacitación, la Corte dijo que se capacita a sí misma a través de la Oficina de la Mujer, que dirigía Carmen Argibay y ahora Elena Highton de Nolasco. ¿Esa Oficina tuvo algún impacto en materia de género en la Corte?
Primero hay que aclarar que la oficina no tiene competencia jurisdiccional, sino que es de carácter administrativa y lo que puede hacer son recomendaciones o propuestas. La gran pregunta siempre es quién está a cargo. En un principio, la Oficina de la Mujer (OM) puso en la mesa los micromachismos, la violencia dentro del Poder Judicial, hablaba de las temáticas que incomodaban, que es lo que viene a hacer el feminismo: incomodar en el buen sentido. Pero la OM se ha convertido en una oficina que hace datos. ¿Y qué hago con esos datos? ¿Un mapa de género para decir cuántas mujeres hay en cargos jerárquicos? Podemos caer en esta lógica perversa de decir que tenemos una oficina de género, como si fuera “un cuarto propio” y ya está, cuando esto (la oficina) debe servir para poner el dedo en la llaga y hablar de cuidados, de licencias, de por qué (los jueces Gustavo) Hornos y (Juan Carlos) Geminiani están donde están (cuando ambos ya fueron sancionados por ejercer violencia de género). No hay un colegio de abogados que no tenga una oficina de género, pero después los que ocupan cargos jerárquicos son todos varones y nadie quiere cambiarles el nombre a “colegios de abogacía”. Me preocupa que se haga una especie de “genderwashing” porque parecería como si se hicieran avances, pero cuando se rasca un poco se ve que no es así.
Recién mencionabas a Geminiani, que el 8M mandó un mensaje misógino y fue denunciado por el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y por la Asociación de Mujeres Jueces. ¿Cómo es que conviven personas como Geminiani en y con el Poder Judicial?
El caso de Geminiani fue el que saltó a la vista, pero el Poder Judicial está llenísimo de maltratadores. Siempre te dicen “dale, haceme una denuncia” porque saben que no va a avanzar. La corporación se protege a sí misma y es difícil romper con ese círculo perverso. Recién a raíz del caso Úrsula (Bahillo), el Consejo de la Magistratura se anima al proyecto que tenía (la diputada Vanesa) Siley de crear un registro público de denuncias a magistrados por violencia de género. Pero tuvo que pasar algo lamentable para que se dieran cuenta de que había que tocar este tema. Y lo mismo pasó con la ley Micaela, que estaba guardada en un cajón en el Congreso.
La ley se aprobó casi un mes después del fallo por el femicidio de Lucía Pérez.
Si vos analizás fallos, no solo los de violencia de género, vas a ver que hay pobreza argumental, falta de estudio, de compromiso y de escucha. Hay un fallo sobre un tema tributario fiscal donde uno de los jueces, Juan Manuel Soria, se despacha en contra del lenguaje inclusivo. ¿Le importa a esta gente qué quiere una mujer víctima de violencia? ¿Le dicen “en qué te puedo ayudar”? Para cuidarse a sí mismos ponen medidas de exclusión, ¿con qué finalidad? Se necesita una intervención más profunda porque la violencia de género es multicausal. Después dicen que “ella le abrió la puerta al agresor”. Pero eso es porque esa mujer no sabe a dónde ir o cómo construir otro vínculo. Primero hay que desestructurar la violencia. Vos vas a la justicia cuando ya no das más, cuando la violencia viene de años y tenés miedo de que él se entere, de que le haga algo a tus hijos. Si pensás que con una medida de exclusión solucionaste algo es que no entendiste nada. Habría que escuchar a esa mujer, preguntarle cómo se sentiría más segura y eso te obliga a tener una formación mucho más amplia. De ahí la importancia de los concursos: yo te puedo preguntar algo bien técnico en materia patrimonial o te puedo preguntar algo que vaya al hueso como es ahora el caso de Mimí para hablar sobre la adopción o no adopción o qué pensás sobre la vulnerabilidad y la pobreza.
En los casos de femicidio sucede muchas veces que el agresor tiene denuncias previas, se dicta una perimetral, pero eso no evita el asesinato. ¿Qué medidas o herramientas se pueden tomar para prevenir estos casos si la medida de exclusión y el botón antipánico no son suficientes? Después del caso de Úrsula Bahillo se habló mucho del uso de tobilleras.
Es importante que el control esté sobre él, no sobre ella porque si no eso es violencia institucional. La tobillera sirve si forma parte de una estrategia, ¿cuánto tiempo podés vivir con una tobillera? La medida tiene que ver con cómo la justicia puede hacer una herramienta fuerte para que esa mujer reconstruya su autonomía, que es lo que te quita la violencia. Una idea puede ser la creación de una agencia de redes de acompañamiento institucional porque muchas veces las mujeres hacen denuncias y no las sostienen, entonces es importante que cuenten con alguien que las prepare, que las sostenga, que se monitoree si esas medidas se cumplen o no. Todas las medidas que se tomen tienen que tenerla a ella en el centro. También se puede pensar en una audiencia pública en la que (el agresor) pida perdón de forma social y expresa frente a las personas que son importantes para él, que haga trabajo comunitario, que si es hincha de un club no pueda ir a la cancha. Hay que pensar formas creativas porque elevar las penas no sirve de nada y la persecución penal es selectiva: va preso el pobre, pero el violento de clase media no.
Vos hacés una distinción entre reforma judicial feminista y justicia feminista, que abarcaría a las universidades, colegios de abogades y asociaciones, entre otros. ¿Hay una formación feminista en las universidades contemplada en los programas de las materias o todavía depende de cierto voluntarismo de les alumnes y les docentes?
Creo que hay una relación de género y especie entre ambos conceptos. El género sería la justicia feminista. Para tener un Poder Judicial feminista tenés que replantear las universidades. Siempre se criticó ser feminista en esos espacios porque decían que era estar ideologizada, politizada, como si fuera algo malo. Recién ahora podemos decir que somos feministas sin bajar la voz, pero seguimos estando en esta idea del voluntariado aunque seamos más. Las universidades tienen una estructura similar al Poder Judicial, donde lo nuevo y lo viejo están en tensión. Las instituciones tienen una estructura que está atravesada por el patriarcado de manera feroz, ya sea la universidad, las facultades, el rectorado, el Poder Judicial o el sindicalismo. Y a nosotras todo nos cuesta el triple. Tenemos que hacer que la sociedad entienda que una justicia feminista mejora la vida porque así como la inflación es un problema que nos atraviesa día a día, también una mala justicia hace una diferencia sustancial en la vida cotidiana y no me refiero solo en casos de femicidios. Para las personas más vulnerables la justicia es el último eslabón cuando hay un desalojo o cuando la prepaga no te cubre un tratamiento. No es poco que la justicia pueda ser contenedora en lugar de expulsiva.
