El Gobierno de la Ciudad no sólo tiene un destino definido para Costa Salguero. En el extremo opuesto de la Costanera Norte, en el límite con el Parque de la Memoria, se ubican una serie de terrenos públicos que también fueron concesionados en los albores de la década del 90 y cuya fecha de caducidad hace tiempo que se cumplió. Pero al contrario de lo que sucedió con Costa Salguero, el Ejecutivo porteño no optó por venderlos sino que decidió directamente volver a concesionarlos por otros diez años más. El proceso se inició en agosto del año pasado, en plena pandemia, y tuvo un segundo capítulo en diciembre, en paralelo al desarrollo de las audiencias públicas a través de las cuales miles de vecinos se manifestaron el contra del proyecto del oficialismo para la zona costera y reclamaron más parques verdes. Prácticamente no hubo cambio de manos: las concesiones fueron adjudicadas a un pequeño grupo de empresarios con historia en la explotación de bares, boliches y salones VIP típicos del lugar, cuyos accionistas y directores, llamativamente, son en casi todos los casos socios entre sí.
Además, los metros cuadrados que les fueron otorgados, curiosamente, superan por mucho los permitidos para la explotación comercial, en detrimento de los espacios verdes y públicos, en clara violación de la propia ley del Distrito Joven, de 2018. Ese último “detalle” -sumado a que la Constitución establece que el entorno ribereño debe ser público y de libre acceso- motivó que un conjunto de organizaciones civiles, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CLIC, el IPYPP y la Defensoría de Laburantes, elaboren una acción de amparo colectivo ambiental para frenar todo el proceso, que será presentado esta semana.
Las licitaciones estuvieron enfocadas en el extremo norte de los siete kilómetros y medio de ribera que ocupará el “Distrito Joven”. Dentro de la ley, fue nombrado “Sector 1”, y será destinado, como hasta ahora, a los rubros “Gastronómico, recreativo, cultural y esparcimiento”. Lo llamativo es que, pese a lo jugosa que resulta la explotación comercial de la zona, se presentaron apenas 8 empresas para lograr la concesión de seis espacios en total. Sólo una fue rechazada. Se trata de una de las zonas cuyo valor del metro cuadrado es de los más caros de la Ciudad, y los cánones mensuales no superan en ningún caso los 650 mil pesos. Además, hay que tener en cuenta que el propio Ejecutivo costeará las obras en el sector, que dotarán de infraestructura y renovarán el entorno urbanístico de la zona. Mucho negocio para tan pocos oferentes.
Los primeros empresarios de la lista que se destacan son Ernesto Melinsky y Rodrigo José Sueiro. Ambos fueron socios en “Estación Rosedal SA”, una suerte de fusión de (supuestas) empresas del rubro gastronómico que resultó beneficiada en la concesión del ex Paseo de la Infanta a fines de 2019, por decisión del ex titular de la AABE, Ramón Lanús, y con la venia del ex presidente Mauricio Macri. Esa concesión fue una de las tantas que fue objetada por la SIGEN en los albores del gobierno de Alberto Fernández, a inicios de 2020, por haber sido gravosa para los intereses del Estado. También formó parte de la serie de privatizaciones realizadas durante el macrismo que investigaron las actuales autoridades de la Oficina Anticorrupción y que derivaron en denuncias penales contra funcionarios de la gestión anterior.
Melinsky, quien fuera fundador de “Buenos Aires News”, boliche de moda de fines de los 90s, se hizo con la concesión por 10 años de una parcela de 877 metros cuadrados por 440 mil pesos por mes, a través de su empresa EMPRENDIMIENTOS RIO SA. La licitación la ganó el 9 de diciembre de 2020, gracias a la resolución 99 de la Subsecretaria de Administración de Inmuebles porteña. Melinsky es, además, socio de Alejandro “Petty” Peltenburg, director de “Estación Rosedal”, en otra empresa de nombre “Beatchstro SA”.
Sueiro, por su parte, ganó/renovó dos concesiones. A través de “Blue Night SRL” logró explotar el “Espacio 8”, de 1057 metros cuadrados, por diez años y un canon mensual de 605 mil pesos por mes. Fue gracias a la primera licitación, de agosto de 2019. “Blue Night” había sido fundada sólo siete meses antes, en enero de 2020. Asociado a Eugenio Cristian Klein, Suerio ganó otra parcela, lindante a la anterior, a través de “Distrito Costanera SRL”. Sueiro y Klein entraron juntos al negocio del ex Paseo de la Infanta a través de “Delmalobo SA”, otra de las empresas gastronómicas fantasma que los tiene compartiendo el directorio.
Envalentonados con las oportunidades de la zona, ambos invirtieron en el restaurante Rodizio, venido a menos por la cuarentena y que despidió 60 trabajadores pese a recibir los ATP. Ingresaron con una inversión inicial de 113 millones de pesos, según le contaron a la revista Forbes el año pasado. Como han denunciado varias organizaciones civiles, Rodizio ocupa ilegalmente una parte del camino de sirga de la Costanera, algo que está prohibido por ley.
Otros empresarios ganadores de las concesiones fueron Carlos Daniel Lowenstein y Tomás Maizlisz. Éste último ganó a través de “Madero Eventos” el “Espacio 2”, de 1987 m2, por 550 mil pesos por mes. Lowenstein, unos meses después, en febrero de este año, intervino y compró 850 mil acciones clase A de la empresa para asociarse. Pero ambos ya se conocían de antes: desde 2018 son directores de una empresa de nombre muy similar, “Salguero Eventos SA”, una de las que sub-alquila (es sub-concesionaria) del predio de Costa Salguero, a través de un contrato con Telemetrix, que a su vez pertenece en un 10 por ciento al marido de la diputada del Pro Carmen Polledo, Fernando Polledo Olivera. La zona, se ve, les interesa y mucho.
En todos esos procesos de licitación casi no hubo más de una oferta por terreno. Las únicas rechazadas en un solo caso fueron Drinkalot SA, Night Dream y “Mediados 2020” en el primero de los llamados, en agosto del año pasado, por las parcelas 8 y 9. De todas formas, “Drinkalot” fue compensada en diciembre, con la renovación de la parcela 3, de 877M2, y por uno de los cánones más bajos, de 242 mil pesos por mes. Drinkalot es la empresa que controla el tristemente célebre boliche Rose in Rio, que discriminó a una chica trans en 2019, a la que no dejaron pasar y le dijeron “te parecés a un hombre”. Sus dueños, Juan Manuel Moix y Matías Villafaña, fueron enjuiciados por ese motivo, que al parecer no medió en las autoridades porteñas a la hora de renovarle el contrato.
El caso de Night Dream levanta suspicacias: pertenece a Eugenio Klein, socio de Sueiro en las otras dos empresas citadas más arriba que se hicieron con otras dos parcelas. La única que se quedó afuera fue “Mediados 2020”, que pertenece a uno de los miembros de la asamblea del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, Damián Alberto Caffarella.
“En estas concesiones los nombres se repiten asemejándose a los modelos de cartelización que salieron a la luz en la obra pública y en la venta de tierras públicas. Pero lo más grave es que el GCBA continúa privatizando la Costanera. Recordemos que Rodríguez Larreta insiste en la venta de la totalidad del precio de Costa Salguero autorizada por la Ley N° 6.289 suspendida actualmente por la Justicia y la construcción de una muralla de torres en 4 hectáreas del predio. También sobre la Costanera, el Gobierno porteño ha otorgado por 150 años de forma gratuita 13 hectáreas de tierras públicas a la Asociación Civil Tiro Federal y ha invertido más de 1500 millones de pesos en la construcción y equipamiento del edificio. Vemos que de forma fragmentada pero continua la totalidad de la Costanera está nuevamente siendo entregada para la explotación de privados como ocurrió a principios de los años ´90”, analizó el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.
“Resulta urgente y esencial desandar la estructura jurídica que permite al Poder Ejecutivo avanzar con la privatización de la Costanera. Desde la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” presentamos el año pasado el Proyecto de Ley N° 2596-P-2020* para derogar cada una de las normas que autorizan la privatización de la Costanera, especialmente la ley que crea el Distrito Joven. El debate por el destino de la Costanera en la Ciudad de Buenos Aires confronta dos modelos de ciudad antagónicos. Por un lado, gran parte de la ciudadanía defiende lo público como un bien común y otorga máxima prioridad a los espacios verdes para proteger la salud de la población, atender la crisis climática y perseguir la igualdad urbana. Por otro lado, en la última década se consolida en la ciudad un modelo urbano de apropiación y concentración de las tierras públicas por los sectores económicos de mayores recursos, cuyas consecuencias son la fragmentación social y precarización de todas las dimensiones de la vida urbana», sostuvo la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA.
UNA OCUPACIÓN ILEGAL
La propia ley que crea el Distrito Joven establece que con las futuras concesiones del sector 1 se autoriza “una ocupación del suelo del 15 por ciento” y destina el 85 por ciento restante a “espacio público” parquizado. Sin embargo, si se revisan las resoluciones que habilitaron el proceso de licitación, la ecuación termina siendo casi inversa: el espacio público se reduce apenas a un 16 por ciento, y todo lo demás para explotación. “Con las licitaciones, el propio Gobierno porteño contradice su propia ley”, explica Baldiviezo.
Ese as, entre otras razones, motivó la presentación –que será esta semana– de un amparo contra todo el proceso de concesiones.
EL 30 DE ABRIL VENCE LA CONCESIÓN DE COSTA SALGUERO
La concesión de Costa Salguero vence el próximo 30 de abril. A partir de entonces, se abre un vacío legal, dado que la venta aún no fue concretada. “El 30 de abril de este año vence la concesión del predio de Costa Salguero que se encuentra en manos de la empresa Telemetrix. A partir del 1 de mayo, la totalidad de las 18 hectáreas de ese predio deben volver automáticamente a manos de la comunidad porteña a través del GCBA. Recordemos que Telemetrix ha tenido estos predios por 30 años y paga actualmente el canon absurdo de $3,5 pesos por metro cuadrado de superficie. Es decir, finalizado abril, al día siguiente, el GCBA debe demoler los edificios actuales y empezar a construir el parque público en la Costanera como lo dispone el Código Urbanístico y la Constitución de la Ciudad. Cientos de espacios colectivos y la ciudadanía porteña unánimemente en audiencia pública han planteado que la totalidad del predio debe ser un parque público y que no se venda ni un metro cuadrado para negocios inmobiliarios o comerciales. Es lo que la Constitución de la Ciudad ha determinado desde el año 1996 justamente luego de que se otorgaran las concesiones a lo largo de la Costanera en los ´90. Esperamos que no pase lo que ha sucedido con Punta Carrasco, cuya concesión finalizó hace 10 años y el GCBA sigue prorrogándola sin transformar dichos espacios en espacios verdes de acceso público», concluyó Baldiviezo.
