Si esta cárcel sigue así

La prisión domiciliaria es una de las medidas alternativas a la institución carcelaria que ha venido en aumento en nuestro país. En el caso de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, sin embargo, puede conllevar procesos revictimizantes que las exponen a nuevas violencias.

“Yo perdí todo, mi casa, mi vida, estoy prácticamente en la calle, no tengo nada, no tengo donde vivir. Adentro sos un numero y afuera nadie te escucha. Amén de lo material, nunca voy a recuperar el tiempo que me sacaron”. La voz se escucha apagada, Cintia habla por teléfono desde la casa de su madre. Allí debió mudarse para cumplir la prisión domiciliaria que le otorgaron luego de pasar casi un año y medio presa por una causa armada por tenencia y comercialización de estupefacientes. Si bien en ese entonces su familia había tomado un préstamo para contratar un abogado, éste no hizo lo suficiente y la joven debió pasar seis meses en una comisaría, siete en una alcaldía y dos en un penal, hasta que, resignada a la sordera institucional, aceptó firmar una pena abreviada de cuatro años por un delito que no cometió. Ahora espera a septiembre para que finalice su condena, aunque aún no sabe con qué recursos va a seguir adelante.

La prisión domiciliaria es una las medidas alternativas a la institución carcelaria que puede otorgar el Poder Judicial en nuestro país. Ésta puede ser concedida por situaciones particulares como en caso de personas embarazadas, madres de menores de cinco años, personas que cursan una enfermedad incurable o de la cual la privación de la libertad les impide recuperarse, mayores de 70 o personas con discapacidad.

Si bien la prisión domiciliaria busca ser menos invasiva, evitar las prisiones preventivas, facilitar la reinserción y prevenir el hacinamiento carcelario, existen obstáculos simbólicos y materiales para su aplicación: equiparar menor castigo a menor justicia, no contar con la cantidad necesaria de dispositivos electrónicos para su supervisión, y la falta de recursos económicos y humanos en pos de buscar estrategias no punitivas logran reforzar la rueda de una fortuna cruel que pareciera estar preestablecida para algunes.

Fotos: Verónica Ape

En Argentina la prisión domiciliaria ha ido en aumento. Según un informe reciente del CELS y Yonofui, entre enero de 2018 y agosto de 2020 se sumaron 580 mujeres a la prisión domiciliaria con vigilancia electrónica en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Al 77% se les otorgó el beneficio por estar a cargo de niñes o personas con discapacidad. En 2019, el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia de la Nación informó que 345 mujeres se encontraban en el Sistema Penitenciario Federal, lo cual representa el 43% de las personas bajo vigilancia electrónica. La mayoría de ellas cumple pena por violar la Ley de Estupefacientes, delito en el cual mujeres, lesbianas, travestis y trans están sobrerrepresentadas y que suele estar directamente relacionado a la supervivencia económica.

Si bien la domiciliaria significa un gran avance, cuando se trata de identidades feminizadas muchas veces conlleva una serie de procesos revictimizantes y crueles que perpetúan el estigma de malas mujeres y malas madres marcando a fuego la discriminación de género, raza y clase. La falta de domicilio fijo lleva a que muchas deban volver a la casa de parejas, exparejas o familiares de donde escaparon por sufrir violencia o hacinamiento. Además, si bien el régimen de prisión domiciliaria con dispositivo electrónico sólo limita el derecho a la libertad ambulatoria, en escasas ocasiones logran acceder al permiso de los jueces para salir a trabajar, acompañar a sus hijes al colegio o asistir a un turno médico. El arresto domiciliario se transforma en un arma de doble filo: mientras pierden su independencia económica, quedando relegadas a las tareas de cuidado, se las considera incapaces de hacerse cargo de sus hijes, quienes -encerrados o apartados de ellas- se convierten en víctimas colaterales.

Actualmente Cintia no cuenta con tobillera electrónica ni ningún tipo de dispositivo y se está haciendo cargo cuatro hijes sin ingreso propio, el más chico de ellos con discapacidad. Ella sabe que -además de presa- quedó atrapada entre el monstruo de dos cabezas que forman la violencia de género y la violencia institucional. “Desde que estoy acá mi defensor no se comunica conmigo, no existo para ellos. Es muy difícil, adentro te drogan y te medican, las pibas están bartuleadas todo el día, muchas de ellas no lo resisten. Desde que salí me enteré que ya se mataron dos. Te maltratan sin saber si cometiste un crimen o no y tampoco juzgo a las que lo hicieron, cuando no tenés para comer es desesperante”.

Fotos: Verónica Ape

Proyectos Especiales es un sector dentro de la Dirección Nacional para la Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia que funciona acompañando y acercando herramientas estatales y judiciales a las poblaciones vulnerables. Durante la pandemia los dispositivos debieron transformarse, realizando intervenciones en barrios, parques y comedores. Sin embargo, cuando conocieron la situación de las mujeres en prisión domiciliaria entendieron que -por más que ahonden en el territorio- muchas ni siquiera podrían llegar hasta ahí. Es por eso que, en coordinación con la rama de liberados del MTE, armaron un dispositivo móvil de equipos interdisciplinarios para ingresar a los propios hogares de las detenidas.

“En estos casos el acceso a la Justicia es fundamental para que no se sigan reproduciendo sobre el cuerpo de mujeres, lesbianas, travestis y trans medidas punitivistas que lejos están de garantizar una posibilidad de repensar un proyecto de vida distinto, alejado de la cárcel. Es necesario que estas mujeres jefas de familia puedan acceder a todos los derechos en el marco de un Estado que reconoce su realidad y busca revertir las desigualdades”, aseguró a El Grito del Sur Yamila Cirigiano, coordinadora técnica de la Dirección. “La mayoría de estas mujeres ha sido juzgada desde una perspectiva patriarcal por el Poder Judicial, allí se expresa de manera más cabal la violencia institucional. Juzgadas no sólo por el delito que cometieron, sino también por cómo ejercen su rol de madres: la doble vara con las que son penadas constituye el pilar desde el cual se ejerce una justicia que aún carece de perspectiva de género”, agrega Cirigliano.

Mercedes lleva un año de prisión domiciliaria sin condena ni procesamiento por una causa armada por asociación ilícita, donde las únicas pruebas son una serie de conversaciones telefónicas. Antes de la domiciliaria, Mercedes pasó seis meses en el penal en pésimas condiciones higiénicas. Durante este tiempo sufrió una fractura por la cual no recibió ningún tipo de tratamiento. Si bien en diciembre le ofrecieron firmar un juicio abreviado por una condena de tres años en suspenso, luego de la feria judicial su caso pasó a un nuevo juzgado que decidió negarle el beneficio. “Tanto adentro como afuera del penal es mucho más complicado para una mujer que para un hombre. Nos juzgan sin estar al tanto de los problemas que pasamos. No valoran nada, no son justos. No solamente los jueces, fiscales y abogados, sino la sociedad. Yo sé que si firmo la abreviada me hago cargo de un delito que no cometí pero con tal de recuperar mi libertad lo haría”, asegura la joven que dice que el feminismo sigue invisibilizando la situación de las personas privadas de su libertad. “Siempre somos nosotras las que nos estamos apoyando, las liberadas, las que estamos transitando la pena, las familias. El resto de la sociedad más allá de juzgarnos no hace mucho, estamos excluidas”.

Los patrones se repiten: la falta de comunicación con sus defensores, el manoseo entre los juzgados, el ensañamiento y la imposibilidad de generar recursos económicos que las deja expuestas casi a la miseria total. Según el informe antes mencionado, el 53% de las mujeres presas sólo completó la escuela primaria y el 62% declara no tener oficio ni profesión. “Generar un compromiso del Poder Judicial es fundamental, sobre todo a la hora de poder construir una administración de justicia más cercana, que les hable de forma clara y llana a estas mujeres. El principal paso es que puedan conocer sus derechos y que los defensores a cargo de hacerlos valer garanticen información y acompañamiento”.

Fotos: Verónica Ape

En octubre del año pasado, Mercedes debió acompañar a su madre de urgencia a internarse; sin embargo, desde el juzgado aseguraron que estaba en rebeldía porque había violado el arresto. Si bien a través de las organizaciones muchas de las mujeres pudieron recibir bolsones de comida o acceder al Potenciar Trabajo, éste consta de un beneficio de $10.000 pesos mensuales, un monto por debajo del salario mínimo e irrisorio para cubrir los gastos de un grupo familiar. “Es horrible. Hace poco me pude poner un kioskito pero hasta ahora al no poder sustentar a mi familia y no poder salir a trabajar, dependía todo el tiempo de mi mamá que es una persona grande y tiene que seguir trabajando”, cuenta Cintia.

“Nosotras formamos un grupo con otras chicas que están cumpliendo prisión domiciliaria y algunas liberadas para generar microemprendimientos y buscar cómo sustentarse”, agrega Mercedes, que explica que si bien le gustaría vender pizzas aún le faltan las herramientas necesarias.

En un 8M donde el pedido de justicia por los femicidios se hace desgarrador y se repite la consigna de una reforma judicial feminista, desde la Dirección aseguran que estos casos deberían estar en primera línea a la hora de repensar el Poder Judicial. “Que muchas de ellas sean inocentes o aún no tengan juicios que determinen su culpabilidad debiera ser una preocupación que compartamos todas las instituciones”, finaliza Cirigliano. “Estos casos son los que debieran impulsarnos a pensar de manera definitiva una reforma judicial feminista”.

Compartí

Comentarios

Dalia Cybel

Historiadora del arte y periodista feminista. Fanática de los libros y la siesta. En Instagram es @orquidiarios