Apropiaciones

🤱A partir de su búsqueda personal, Señorita Bimbo instauró el hashtag #ViernesdeBúsqueda para quienes quieran indagar sobre sus orígenes biológicos y conocer su identidad. El caso de las Víctimas Red de Parteras.

Hace varias semanas, la actriz y comunicadora Virginia Godoy -más conocida como Señorita Bimbo- empezó a usar sus redes sociales para visibilizar los casos de apropiaciones de niñes que no han sido víctimas del terrorismo de Estado. A partir de su búsqueda personal, Bimbo instauró el hashtag #ViernesdeBúsqueda para que todes aquelles que quieran indagar sobre sus orígenes biológicos y conocer su identidad puedan ponerse en contacto y, si todo va bien, obtener información. “Empecé contando mi historia en un vivo (de Instagram), que ya había contado en algunas entrevistas. Las redes sociales te dan la posibilidad de mover un dedo y llegar a mucha gente que no sabés quién es y qué lee. Me pareció que podía ser útil y lo fue”, asegura Bimbo a El Grito del Sur.

En su Instagram, Bimbo compartió una foto suya de bebé junto a una imagen actual. Los datos que tiene son una posible fecha de nacimiento, el 1° de octubre de 1980, y que está anotada en el Registro Civil de Termas del Río Hondo con una partida trucha. Ya sabe que no es hija de desaparecidos porque el primer lugar al que se acercó -y al que siempre recomienda acercarse cuando une duda de su identidad- es a Abuelas de Plaza de Mayo “porque te ayudan un montón”.

“La idea (de empezar con el hashtag) surge de sentir que a veces ciertos posteos en redes son inútiles, que informan que te importa una causa y ya está -cuenta la integrante de Furia Bebé-. Las personas siempre comentan que el algoritmo (de Instagram) valora más las caras. Entonces si el algoritmo quiere ver caras y moviendo un dedo podés poner la cara de alguien que está buscando datos sobre sus orígenes biológicos, bueno, que vean nuestras caras a ver si aparece algún dato”.

La apropiación de niños y niñas en Argentina data de mucho antes del robo de bebés perpetrado por la última dictadura cívico-militar. Carla Villalta, doctora en Antropología Social, investigadora y especialista en la materia sostiene que esta práctica “en otros momentos históricos gozó de mayor tolerancia social”. “La retención y el ocultamiento (de une niñe) ya estaban penadas en nuestro Código Penal, pero eran poco juzgadas porque eran toleradas en tanto estaban cubiertas en un halo de humanitarismo, caridad, compasión hacia esas familias que no podían cuidar a sus hijos”, explica.

De esta forma, continúa Villalta, esa apropiación no estaba socialmente mal vista ni como una violación a los derechos de ese niñe porque, en teoría, implicaba que pasaban a estar con una familia mejor y con mayores posibilidades socioeconómicas. “Esto se modifica a partir de la lucha de Abuelas, esta cuestión de interpelar a toda la sociedad y decir cómo la dictadura se apropió de esos niños y los convirtió en un botín de guerra”, afirma Villalta.

“Ese señalamiento ético de Abuelas convierte la apropiación en un hecho criminal, no en un acto humanitario de beneficencia -agrega la investigadora-. Ese movimiento habilita un espacio para que todas estas personas cuya identidad fue sustituida o fueron objeto de transacciones pudieran comenzar a hacer preguntas. La lucha de Abuelas posibilita dar cuenta de la existencia de este derecho y que implicó una instancia internacional. En la Convención Internacional de los Derechos del Niño (firmada en 1989), los artículos 7 y 8 donde se reconoce el derecho a la identidad se los conoce como ‘los artículos argentinos’”.

Villalta afirma que alrededor del año 2000 empiezan a surgir agrupaciones de personas que se preguntan por sus orígenes biológicos. “Hay un camino trazado por Abuelas que fue un campo fértil para estas asociaciones y que fue potenciado después por las redes sociales. Muchos cuentan que encuentran información porque aparecieron otras personas con la partida de nacimiento firmada por la misma partera y así se empiezan a vincular”, detalla.

“Somos 120 personas que fuimos robados por catorce parteras”

Mónica Sznaidman (foto abajo) nació en algún momento de 1967. “Estoy anotada el 2 de febrero y lo que me dijeron es que eligieron esa fecha porque fue cuando llegué a la familia”, cuenta a El Grito del Sur. Cuando tenía seis años, los padres de crianza de Mónica le dijeron que la adoptaron. “Ellos creían que me habían adoptado. Me dijeron que vine al mundo por la panza de otra mujer pero que mi destino era terminar con mi mamá. Vos preguntás por qué, cómo fue y entendés que tu mamá no se quedó con vos, aunque tu ‘misión’ es estar con esta otra mamá”, relata.

Con el tiempo (y después de la muerte de sus padres de crianza), Mónica hizo preguntas a sus familiares. “Me cuentan que la vecina de mis tíos fue la que me consiguió, que mis tíos fueron a buscarme una noche y que mis papás me esperaban en la casa de mis tíos. ¿Por qué hicieron eso? No lo sé. ¿Dónde me buscaron? Es una incógnita”, dice. El único dato que tenía era el nombre de la partera que figuraba en su partida de nacimiento y una dirección en la calle Jufré.

En 2015 compartió su historia en redes sociales y es así que dos chicas de Mendoza se contactaron con ella: tenían en sus partidas el nombre de la misma partera y la misma dirección. Así se van conformando distintos grupos que se aglutinan según la partera o el médico que figura en su documentación o incluso según nombres de sanatorios o clínicas. “Yo formo parte de Víctimas Red de Parteras, una red de 120 personas que fuimos robados por 14 parteras en la zona del AMBA y todos los casos están relacionados”, afirma Mónica.

Clara Lis Pereyra no está formalmente en ningún grupo y se autodenomina activista por el derecho a la identidad desde el año 2005 -antes de que existiera Facebook- cuando empezó su búsqueda. Clara Lis, Patricia Uriondo, y Andrea Belmonte son las primeras (y hasta el momento únicas) querellantes que lograron que la Justicia condenara en 2012 a Nilda Civale de Álvarez, la partera que las robó cuando eran bebés recién nacidas. 

“El juicio sentó un precedente histórico en Argentina, fue la primera vez que llegaba a juicio penal donde acusaba a una partera de vender bebés y no correspondía a los delitos de lesa humanidad -dice a este medio-. Para la biblioteca de la Justicia era un delito que estaba prescrito, pero los abogados redactaron un escrito diciendo que la ocultación de la identidad permanece en el tiempo, es un delito permanente. Ese pedido prosperó y así fue cómo se llegó al juicio oral. Y los artículos por los cuales fue condenada fueron los mismos que se utilizan en los casos de apropiaciones de nietos”.

Mónica y otres integrantes de Víctimas Red de Parteras suben sus posteos con el hashtag #ViernesdeBúsqueda. Ella dice que siempre que se visibiliza el tema aparece algún buscador más. 

Y Bimbo confirma que sí, que la respuesta a su iniciativa fue “super positiva” y que también le llegaron muchos mensajes con historias personales. “Todas tienen un factor común: hay una familia de crianza, familiares vivos por los cuales no se animan a generar algo que les pueda causar desde una molestia hasta un problema legal. En mi caso, mis padres de crianza fallecieron, no tengo hermanos, nadie se vería metido en problemas por tener que dar cuenta de esto, eso hace también que pueda encararlo”, afirma.

Bimbo decidió iniciar acciones legales. Visibilizar su historia en redes sociales le permitió confirmar algunas sospechas. “Pero también llegan historias, que te estás metiendo con gente heavy y que quizás todavía se dedica a esto. No te conviene ir sola con un bolsito a averiguar”, sostiene.

Las madres 

Argentina no es el único país donde se registran casos de esta índole. En España, por ejemplo, funcionan agrupaciones como “Todos los niños robados son también mis niños”, una asociación que agrupa a buscadores y a madres a quienes les arrebataron sus bebés. Durante el franquismo y luego en democracia funcionaron clínicas vinculadas a órdenes religiosas en las que se internaban mujeres embarazadas, generalmente solteras, a quienes se las convencía de tener a sus hijes, que luego eran vendidos a familias acaudaladas. También hay casos de robos en los que se les mintió a las madres diciéndoles que sus bebés habían nacido muertos.

“En nuestro país hay casos en Santiago del Estero, Misiones, en Corrientes, donde Marta Pelloni con ‘Infancias Robadas’ denuncia desde los ‘80 las redes de tráfico de niños -apunta Villalta-. Pero los casos presentan algunas constantes. Si lo miramos del lado de las mujeres (que dan a luz), vemos la juventud de ellas, la soledad, son mujeres a las que se dejó muy solas, y en general se ven tramas que se cortan por el clivaje de clase social y etnia”. 

Por otro lado, continúa Villalta, se ven relaciones asimétricas de poder. “Aparece lo que en provincias del norte se denomina el ‘chineo’, que es el abuso de chicas pobres de pueblos originarios por parte de (varones) blancos y los embarazos producto de ese abuso. Después a esa mujer le sacan el niño diciendo que lo van a llevar a la ciudad, que va a estar mejor y va a tener una buena familia”, explica.

Sin embargo, hay casos de madres que buscan recuperar a esos hijos e hijas. “Algunas los dieron adopción ‘consintiendo’, pero estuvo esta asimetría de poder, que cuando tenés 15 años te convence tu tía -señala la doctora en antropología-. Hay historias muy escabrosas, mujeres a las que internaron hasta que dieron a luz, mujeres que dicen que les robaron a sus hijos, que las trataron de locas, que les dijeron que esos niños murieron en el parto, pero jamás les mostraron el cuerpo y ellas los escucharon llorar”.

Respuestas desde el Estado

Norma Morandini, por entonces senadora y presidenta del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, presentó en 2014 un proyecto de ley de identidad biológica. El texto del proyecto dice que su objetivo es “garantizar el derecho a la identidad de origen a todas las personas nacidas en el territorio nacional”. “El Estado deberá proveer a quien presumiera que su identidad ha sido alterada o suprimida el acceso gratuito a toda información relacionada con su búsqueda, obrante en cualquier registro público o privado”, dice.

Asimismo, el proyecto agrega que la autoridad de aplicación sería la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y proponía la modificación de la ley 26.548 del Banco Nacional de Datos Genéticos para que se incluyeran ahí todas las muestras de personas que suponen que “ha sido alterada o suprimida su identidad por hechos concomitantes o posteriores a su nacimiento”.

El proyecto no fue tratado y en 2018 se presentó uno similar con las firmas de Olga Inés Brizuela, Julio César Martínez, Pamela Verasay y Gladys González que tampoco se trató. Ambos perdieron estado parlamentario. 

Clara Lis señala que un punto en común entre las agrupaciones -que son disímiles y dispersas al formarse más que nada a través de redes sociales- es que quieren “lograr obtener todas las herramientas necesarias para que podamos buscar nuestra identidad” y entre esas herramientas resalta “la necesidad de un banco de datos genéticos gratuito”.

“A partir de esta necesidad de tantas personas, se puso de moda un laboratorio privado (que realiza lo que promocionan como ‘ADN ancestral’), que cobra sus estudios en dólares y a la persona le llega un informe de que tiene 200 primos en distintas partes del mundo. Aunque a mucha gente le sirvió, no estoy de acuerdo. Estamos buscando a nuestra familia biológica directa y esto perjudica a las víctimas que no tienen acceso (económico)”, opina Clara Lis.

En 2017, con ella como una de las principales impulsoras, se formó la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica (Retib) en la Secretaría de Derechos Humanos, y en 2019 pasó a ser un programa. En marzo de este año, el programa sobre identidad biológica pasó a formar parte de la CoNaDi.

En diálogo con este medio, Manuel Gonçalves Granada, secretario Ejecutivo de la CoNaDi, asegura que la incorporación del programa a la Comisión “es algo que pedimos hace varios años”. “Entendemos que tiene sentido porque es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, es un organismo que trabaja esta temática hace casi 30 años y tiene mucha experiencia e información”, afirma.

Gonçalves Granada detalla que “la idea es tomar el registro de casos y poder hacer un abordaje, sistematizarlos y catalogarlos para después ver caso a caso qué se podría hacer”. “Es un desafío porque necesitás tiempo para trabajar en cada caso, no es solo registrarlos. Tenemos 2 mil casos en el Retib, los que CoNaDi ya conocía, los que hay en registros provinciales, los que llevan los propios grupos de buscadores…La idea es tener un registro unificado, sin quitarle (potestad) a los organismos que han venido trabajando”, explica. Asimismo, ya se está conformando y capacitando al equipo que abordará estos casos en la Comisión.

“Que la CoNaDi haya tomado el guante para incluir entre sus objetivos el trabajo con estos casos es esperanzador -opina Villalta-. Antes no lo hacía porque estaba mandatada para ser un complemento en la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura. Esta otra búsqueda tiene sus particularidades porque, contrario a lo que sucede con Abuelas, acá es la persona que fue apropiada la que busca y a veces esas apropiaciones no dejan marcas, hay inscripciones falsas en el Registro Civil y toda la documentación es apócrifa”.

Aún así, Bimbo no pierde las esperanzas. “Mi mayor fantasía, más que mi propia historia, es que no nos dejen solos y que nos ayuden a tener un derecho básico que nos merecemos. Buscar es muy complejo y lo que más me interesa que pase es aprovechar la pequeña visibilidad que tengo en redes para tocar un tema del que no se habla y que hay que hablar porque es un derecho que se nos vulneró a muchas personas -sostiene-. Mientras más mensajes me llegaban tomaba conciencia de que no es un problema personal, es un problema social”.

Compartí

Comentarios

Ludmila Ferrer

Periodista y Licenciada en Comunicación Social (UBA). Escribe también en Página/12 y sigue más podcasts de los que puede escuchar.