Tras su aprobación en el Senado el jueves pasado, el proyecto de ley que busca incorporar el acoso sexual en espacios públicos al Código Penal de la Nación espera ser sancionado en la Cámara de Diputados. El texto definitivo, que amplía la categoría de espacio público y la hace extensiva también a espacios privados de acceso público y a entornos digitales, busca sancionar económicamente a quienes perturben la «dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
“Se trata de visibilizar esta problemática, pero también de desnaturalizarla y de comprometernos como sociedad a erradicar este tipo de violencia”, afirma en diálogo con El Grito del Sur María Eugenia Catalfamo, senadora nacional del Frente de Todos por la provincia de San Luis. La legisladora, que impulsó algunas de las modificaciones que se le hicieron al proyecto, destaca que las multas “son una medida necesaria para garantizar una base de derechos para las mujeres y disidencias” y hace hincapié en el punto de la iniciativa que prevé para los condenados la realización obligatoria de talleres orientados a concientización y erradicación de este tipo de violencia. “La educación es fundamental porque ahí radica el problema, y es necesario que pensemos de qué modo incluimos a los hombres en estas discusiones que llevamos adelante en torno a las cosas que a las mujeres nos pasan todos los días”, completa Catalfamo.
El dictamen, que obtuvo sólo un voto en contra -del senador cordobés por Juntos por el Cambio Ernesto Martínez- unifica dos propuestas sobre el acoso sexual: una presentada por la ex diputada del oficialismo Victoria Donda, y que había alcanzado la media sanción en la Cámara de Diputados, y otra elaborada por las senadoras de Juntos por el Cambio Silvia Elías de Pérez y Guadalupe Tagliaferri. La inclusión de correcciones al texto original obligan a remitir nuevamente el expediente a la Cámara baja.
Además de la incorporación del artículo 129 bis al Código Penal, que tipifica el acoso sexual en espacios públicos, se decidió establecer las multas en Unidades de Medida Arancelaria con el objetivo de que los montos sean permanentemente actualizados y elevar las sanciones en los casos en que la víctima sea menor de 18 años o el denunciado sea funcionario público o miembro de las fuerzas de seguridad. De esta forma, el valor actual de la multa va de los 4.000 a los 20.000 pesos. También instituye, del 12 al 18 de abril de cada año, la Semana Nacional Contra el Acoso Sexual y crea una línea telefónica gratuita de alcance nacional.
En simultáneo, la medida deja atrás el término “acoso sexual callejero” -con el que este tipo de violencia había sido introducido, en 2019, a la Ley de Protección Integral a las Mujeres- para hablar de acoso sexual en espacios públicos, categoría que también contempla los sitios privados con afluencia de público y los contextos virtuales o digitales. “La violencia de género es un problema histórico y estructural que actualmente encuentra en lo digital un entorno para suceder con características propias”, señala al respecto Lucía Fainboim, directora de Educación y co-fundadora de la ONG Faro Digital.
La especialista explica a este medio que, en los entornos digitales, las mujeres y disidencias sexuales suelen ser blancos de los discursos de odio machista que “las llevan a autocensurarse o autoexcluirse por sentir que deben seguir estereotipos de género para poder encuadrar y ser respetadas”. Al mismo tiempo, Fainboim indica que, bajo el aislamiento social preventivo y obligatorio para disminuir los casos de contagio de coronavirus, “este tipo de violencia se recrudeció”. “Internet aporta un marco específico que hay que conocer y entender para abordar la violencia de género, por eso es importante que una ley que trabaja el acoso sexual de forma global, tome y considere los entornos digitales como un espacio público más”, subraya.
No existen en la actualidad estadísticas oficiales sobre la experiencia de mujeres y disidencias en el espacio público. Dos encuestas realizadas, en 2015 y 2019, por Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) y Libres y Diverses arrojaron que la totalidad de las mujeres consultadas refirió haber llevado adelante diferentes estrategias para sentirse más seguras en la vía pública y que el 96 por ciento sufrió alguna forma de de acoso callejero. “Es innegable que, si todas las mujeres que transitan la vía pública desarrollan estrategias para sentirse más seguras, estamos ante un gravísimo problema”, comenta Leonardo Giaimo, arquitecto y creador del proyecto Urbanismo Queer, al tiempo que sostiene que “las mujeres y las identidades disidentes tienen una experiencia recortada del espacio público”.
Para Giaimo, la penalización del acoso sexual “es una medida necesaria ante la verdadera emergencia que atravesamos”, aunque advierte los riesgos de considerarla una “solución de fondo”. “Una sanción económica es la solución que ofrece un sistema que sigue pensando en la coacción, en los agentes de seguridad, en el Estado policía; nunca nos ha ido bien a las diversidades con las policías de ningún tipo”, reflexiona. Al respecto, considera que para abordar las violencias es fundamental que “cuestionemos las categorías con las que pensamos y nos preguntemos si el nudo no está en las desigualdades”. “La solución de fondo es tener un sistema que deje de ser cómplice de esas violencias que vivimos un gran número personas: mujeres, disidencias, diversidades y todas las identidades que no son las del hombre blanco cis y heterosexual”, concluye.
