La palabra “evidencia” se transformó en este último tiempo en el caballito de batalla de quienes intentaron sostener la presencialidad en las escuelas más allá de la escalada exponencial de contagios de las últimas semanas. Con afirmaciones sin titubeos, varios funcionarios de Nación y Ciudad se arriesgaron a decir que las escuelas son seguras y que en dos meses de clases presenciales hubo muy pocos contagios. “Los casos positivos de COVID en las escuelas representan el 0.12% en estudiantes matriculados”, era el título de un relevamiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional que dirige Nicolás Trotta.
El estudio presentado se basa en una muestra analizada que corresponde a 5.926 establecimientos educativos, a los que asisten un total de 1.429.190 estudiantes matriculados y 214.850 docentes y no docentes de todo el país. Según el informe, esto “evidencia que la incidencia en el sistema educativo es baja: sobre el total de estudiantes matriculados en 2021 representa un 0.12% y un 0.79% del cuerpo de directivos, docentes y auxiliares”. Otro informe de la Ciudad de Buenos Aires va en el mismo sentido: el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó en conferencia de prensa que «de las 700.000 personas que acceden a las escuelas, hubo menos del 1% de contagios. El 0.89%”.
Ambos informes no aclaran si esos contagios incluyen a las personas que pudieron haberse infectado por contacto estrecho, entre los docentes y estudiantes que contrajeron la enfermedad. Ese vacío fue fundamental. Una especialista reconoció que si bien “no hay aún una regla definida, existe un estimativo de que cada persona infectada puede llegar a contagiar hasta 200 personas más”, declaró en su momento a El Grito del Sur Agustina Peuchot, médica infectóloga y pediatra. El propio Alberto Fernández, previo al anuncio de las restricciones, dijo algo que pasó inadvertido: «Aún hoy no sé cómo me contagié, no encuentro el vínculo», expresó el Presidente al hablar sobre su recuperación luego de haberse contagiado COVID.
Esta expresión no fue inocente: Fernández ponía un manto de dudas sobre las cifras de bajos contagios en las escuelas, ya que él mismo sabía que esos números no tenían en cuenta a los contagios de familiares, amigos y allegados de estudiantes y docentes que contrajeron la enfermedad. «No podemos seguir como si nada pasara», señaló el Presidente en una entrevista brindada a Radio 10. «Yo mismo tuve discusiones dentro de mi equipo, porque el Ministro de Educación (Nicolás Trotta) creía que había que insistir un poco más con las clases presenciales. Pero las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Hay que ir a un colegio primario, ver el horario de salida de los chicos. Ver cómo los padres se agolpan en la puerta, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos», agregó. «He hablado con maestros de chicos con capacidades diferentes, y me cuentan lo difícil que es trabajar con esos chicos», continuó. «No entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan», concluyó.
Un informe publicado en la reconocida revista científica The Lancet dio a conocer en las últimas horas datos polémicos que refuerzan aún más la decisión de haber suspendido las clases presenciales por dos semanas. El documento señala: “los argumentos de que las escuelas no contribuyen a la transmisión comunitaria y de que el riesgo global para los niños del COVID-19 es muy pequeño, han hecho que las medidas de mitigación en las escuelas reciban poca prioridad. Sin embargo, las pruebas citadas para estos argumentos tienen serias limitaciones”. En el mismo sentido destaca que las presencialidad en las aulas “sin mitigaciones adicionales, es probable que aumente la transmisión, esta vez con variantes más infecciosas y posiblemente más virulentas, lo que dará lugar a más cierres de escuelas y ausentismo”. El trabajo advierte además que los resultados de la Encuesta de Infección por coronavirus de 2020 que realizó la Oficina de Estadísticas Nacionales británica (ONS) relevó datos concretos: “la prevalencia de la infección entre los niños de 2 a 10 años (2%) y de 11 a 16 años (3%) aumentó por encima de la prevalencia para todos los demás grupos de edad antes de las vacaciones de Navidad de 2020”. También aclara que los datos valederos hasta el momento detallan que “el aumento de contagios en regiones donde la variante B.1.1.7 del SARS-CoV-2 era prevalente durante el cierre de noviembre de 2020, cuando los niños asistían a las escuelas, sugieren que la apertura de todos los establecimientos educativos sin medidas de mitigación sólidas en su lugar, probablemente conducirá a un aumento de Rt por encima de 1 en casi todos los escenarios”.
El informe de The Lancet incluye datos de los modelos de la Universidad de Warwick y el Imperial College de Londres, que estiman «al menos 30.000 muertes más por COVID-19 en los escenarios de reapertura propuestos. A lo largo de febrero de 2021, a pesar de que hay menos alumnos en las escuelas en esta época, el personal docente corre un mayor riesgo de infección (…) los recientes brotes escolares en el norte de Italia, donde la variante B.1.1.7 es prevalente, también son preocupantes”.
En cuanto al avance de la enfermedad en niños y niñas, sugiere que -si bien es “poco probable” que el COVID genere un cuadro grave en ellos- “las estimaciones de la prevalencia de los síntomas prolongados del coronavirus basadas en la Encuesta de Infecciones de la OMS sugieren que el 13% de los niños de 2 a 10 años y el 15% de los de 12 a 16 años tienen al menos un síntoma persistente cinco semanas después de dar positivo”. Ante esta realidad, “dada la incertidumbre en torno a los efectos sanitarios a largo plazo de la infección por el SRAS-CoV-2, no sería prudente dejar que el virus circule entre los niños, con el consiguiente riesgo para sus familias”. El documento finaliza con una sentencia concreta: “la reapertura total en un contexto de alta transmisión comunitaria sin las salvaguardias adecuadas corre el riesgo de privar de nuevo a muchos niños de la educación y la interacción social, empeorando las desigualdades existentes. Al contribuir a la alta transmisión comunitaria, también proporciona un terreno fértil para la evolución del virus y nuevas variantes”.
El presidente Alberto Fernández conocía estos datos de última hora y, sumado al panorama actual en gran parte de Europa y el incremento exponencial de casos en el AMBA, determinó la suspensión momentánea de las clases presenciales. ¿Soledad Acuña llamará a desobedecer el DNU presidencial?
“Quiero agradecerles a los directores y directoras de los 12 colegios en los que comenzaron a funcionar hoy los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas”, posteó ayer a la tarde la Ministra Soledad Acuña en sus redes. “Gracias por su compromiso. Gracias por el aliento para seguir luchando por la educación presencial. Así será”. Y concluyó: “Esta mañana, junto a Horacio Rodríguez Larreta, recorrimos la Escuela Primaria 2 D.E. 9, una de las sedes de este programa para apoyar a aquellos alumnos y alumnas de Nivel Primario con promoción en proceso”. Todo indica que este posteo es una provocación y un llamado directo a sugerir la violación del decreto presidencial que suspende por dos semanas las clases presenciales. Sumado a esto, varias maestras y maestros porteños aseguran que los equipos directivos de algunas escuelas dicen que están aguardando las órdenes de la cartera educativa de CABA para saber si el lunes comienzan con la virtualidad o si tienen que abrir las escuelas.
“El Código Penal es concreto”, señala en diálogo con este medio el reconocido abogado Adrián Albor. “Las penas previstas para quienes violen el DNU de medidas sanitarias están estipuladas en el artículo 239 de ´Desobediencia´, que pena con 15 días a un año de cárcel”, informa. “También en el artículo 205 que habla sobre la ´Violación de las medidas sanitarias´: 6 meses a 2 años de cárcel. El artículo 202 que pena a aquellos que propaguen una enfermedad infecciosa con 3 a 15 años de cárcel”, detalla. Albor recuerda que “desde marzo de 2020 se iniciaron centenares de causas por violación a las reglas sanitarias que están en pleno trámite. En algunos casos se secuestraron vehículos”, remata.
Cabe subrayar que el Código Penal de la Nación también prevé pena para quienes inciten a violar las reglas sanitarias. En su artículo 209 explicita: “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido, por la sola instigación, con prisión de un mes a cuatro años según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41”.
