Córdoba: enjuician a 27 estudiantes por defender la educación pública

🤬 La Justicia cordobesa busca castigar a 27 estudiantes por la toma de la Universidad Nacional de Córdoba durante las protestas de 2018.

Más de cien años después, en la Córdoba que viera nacer la Reforma Universitaria de 1918 (que transformaría la educación superior en toda Latinoamérica), 27 estudiantes enfrentan una preocupante persecución política. Les jóvenes deberán afrontar un juicio por «usurpación por despojo» a raíz de las protestas realizadas en 2018, en las que universidades de todo el país se alzaron por mejoras salariales y aumentos presupuestarios. El reclamo, que nucleó a 57 universidades de todo el país, tiene hoy su peor réplica: la persecución a la protesta.

En 2018, al calor de los ajustes del gobierno del expresidente Mauricio Macri en materia de educación, cientos de miles de estudiantes universitarios se levantaron contra las políticas de ajuste. El movimiento de protesta se extendió por todo el país, paralizando clases e inundando las calles con masivas movilizaciones. 57 universidades fueron paralizadas y 90 edificios públicos fueron tomados. Y la Universidad de Córdoba no fue la excepción: seis de las facultades pertenecientes a esta institución fueron ocupadas en el marco de la protesta que, a los reclamos por mejoras presupuestarias y salariales, les sumaba la exigencia puntual de poner fin al convenio de seguridad que la UNC mantiene con la policía provincial.

Como suele suceder en los grandes levantamientos, la reacción no se hizo esperar: desde Falcon verdes merodeando por las facultades cordobesas, hasta policías de civil persiguiendo a las y los organizadores de las tomas. Tres años después llega el embate judicial: a partir de la información que filtró Ramón Yanzi Ferreira (vicerrector de la UNC y quien iniciara una denuncia penal durante la toma), la Justicia cordobesa imputó y procesó a 27 estudiantes. Lo más grave del caso es que los nombres de les estudiantes salieron del “acta de compromiso” realizada por la mesa de trabajo durante los diálogos y que fue entregada por las autoridades universitarias a la Justicia.

Actualmente, la causa se encuentra en medio de un pedido de ampliación de indagatorias. “Como decimos siempre, las irregularidades están desde el día uno. Pero en esta instancia del proceso se está anexando un pedido de embargo de bienes por la suma de $50.000 que es totalmente ilegítima. Busca pagar los costos de un juicio que aún no está fijado y el cual todavía tiene instancias previas», explicaron desde la Asamblea Interfacultades UNC a El Resaltador. «Aunque las intenciones de avanzar son claras, ya que el juez Vaca Narvaja dio lugar al pedido de elevación a juicio realizado por el nuevo fiscal Hairabedián, tenemos ese recurso en espera”.

Desde la organización estudiantil denuncian la persecución y criminalización de la protesta, el carácter interventor y disciplinador de la Justicia en conflictos sociales y la preocupante posibilidad de que esta decisión siente un precedente en la sanción de futuras luchas. «Defender a esxs 27 estudiantes, que aguantaron 30 días la presión de las Fuerzas de Seguridad, de las autoridades provinciales y universitarias, es defender el acceso a la educación pública y de calidad», explicaron en un comunicado.

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