Las epidemias de cólera, viruela, escarlatina y fiebre amarilla, que tuvieron lugar en 1867-1871, constituyeron enormes desafíos para el sanitarismo argentino. Así surgieron los primeros proyectos de saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires llevados a cabo por John Coghlan, primero, y el ingeniero Bateman, después, entre 1869-1880. En 1880, las redes de agua potable y cloacas ya daban cobertura a la cuarta parte de la metrópolis porteña. 140 años después, en un contexto parecido, en la Ciudad de Buenos Aires uno de cada siete habitantes, les habitantes de las villas, continúan sin acceder formalmente al agua potable.
Los indicadores sanitarios son un correlato directo de una política profundamente discriminatoria aplicada en el distrito más rico de nuestro país: en las comunas 4 y 8, del sur de la ciudad, donde 1 de cada 3 personas habita en una villa, la mortalidad infantil se duplica respecto a las comunas del norte y la esperanza de vida se reduce en más de 10 años.
Resolver definitivamente y en igualdad de condiciones el acceso al agua potable y al saneamiento seguro en la Ciudad involucra un presupuesto aproximado de 700 millones de dólares. Sin embargo, el negocio de la emergencia eterna con concesiones de camiones aguateros y obras de baja calidad técnica que se realizan varias veces sin controles adecuados y destinando cifras millonarias de fondos públicos, es la historia repetida de las villas y asentamientos de la Ciudad. El doble estándar técnico implica un doble estándar sanitario: mientras en la CABA el 22% de la población tiene más de 60 años, en Villa 20 sólo el 4% supera esa edad.
Ese doble estándar sanitario fue puesto en evidencia por la pandemia, porque allí donde los servicios públicos son informales, los contagios se multiplican. El 21 de abril del 2020 se confirmó el primer contagio de COVID-19 en el Barrio Carlos Mugica. Dos días después, y durante 15 días, se generalizó en el barrio la falta de agua potable multiplicándose los contagios. La información oficial evidencia que 15 días después de generalizarse la falta de agua en el barrio, la cantidad de contagios se había multiplicado cuatro veces.
La llegada de la pandemia del COVID-19 amplificó la precariedad y la desigualdad sanitaria. En este contexto, el 7 de abril del 2020 un grupo de mujeres referentas de distintos barrios populares porteños acompañadas por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la CTA Capital presentaron una acción judicial para que el Gobierno porteño garantice el acceso al agua potable para todos los usos a la totalidad de los habitantes de las villas. El 5 de mayo, en una sentencia histórica que operativiza el principio de igualdad en el acceso al agua potable, la Justicia le ordenó al GCBA que garantice 150 litros diarios de agua potable por habitante para asegurar las medidas de higiene que la pandemia exige y que elabore de manera consensuada con las comunidades, protocolos de actuación y planes de contingencia frente a la pandemia, jerarquizando el ejercicio de la participación democrática de nuestra ciudadanía. Desde entonces, el Gobierno porteño viene incumpliendo la sentencia judicial.
Diferentes relevamientos realizados por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria evidencian que hoy en la Ciudad 140 mil personas almacenan precariamente agua en baldes y tachos. El 35% de los hogares no cuentan con sistemas seguros de almacenamiento y el 66% de las familias si pudiera compraría agua envasada. En el contexto de la pandemia y frente a una nueva ola de contagios, en nada avanzamos para garantizarle un tanque a cada hogar donde pueda almacenar agua de manera segura.
Necesitamos 20 mil tanques, cuyo costo aproximado de 200 millones de pesos no tiene incidencia en el presupuesto de la Ciudad. Sobre todo si tenemos en cuenta que el GCBA destinó el año pasado 90 millones a la compra de dispensers de agua para edificios públicos que están conectados formalmente a la red.
Las prioridades sanitarias del Ejecutivo porteño son claras; al inicio de la pandemia el GCBA licitó servicios de consultoría para la elaboración del proyecto Colector Cloacal Baja Costanera, una mega obra de infraestructura sanitaria para evacuar los efluentes cloacales de 13 suntuosos emprendimientos inmobiliarios proyectados en tierras públicas ribereñas: Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Frente Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Dársena Norte, Catalinas II, Catalinas Sur, Dique Cero, Puerto Sur (Isla Demarchi) y Solares de Santa María. El costo aproximado de la obra sería de 160 millones de dólares y el peso del financiamiento será transferido al conjunto de la ciudadanía porteña. El propio Plan Plurianual de Inversiones de la Ciudad proyecta para la infraestructura en Costa Salguero un total de $4.800 millones, a ser ejecutados entre 2021 (1715 millones) y 2022 (3085 millones).
Una de las desigualdades urbanas más vetustas es la desigualdad en el acceso al agua potable, que no sólo impide la reproducción de la vida y atenta contra los principios de no discriminación, sino que constituye una de las violencias más invisibilizadas hacia las mujeres y disidencias, ya que limita todo posibilidad de autonomía sobrecargando las tareas de cuidado.
Alcanzar la democracia urbana implica acceder a los servicios públicos en igualdad de condiciones.
