Las alarmas estaban ahí para ser advertidas. El viernes pasado a las 10 de la mañana, antes que Horacio Rodríguez Larreta pisara la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente, la defensora pública porteña María Lorena González Castro Feijóo y la Asesora Tutelar Norma Beatriz Sas presentaron la primera cautelar para frenar el DNU de Alberto Fernández que disolvía la presencialidad escolar por dos semanas. En los pasillos de la justicia porteña, quienes conocen a Sas no dudan de su capacidad técnico-jurídica ni de su pertenencia al andamiaje judicial del Pro: fue secretaria de María Eugenia Vidal y responde a Carolina Stanley desde que la ex ministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri desembarcó en la Asesoría Tutelar General de la Ciudad. Esa demanda inicial que la tuvo como protagonista no fue impulsada contra el Estado nacional, responsable de las medidas sanitarias que incluían el cierre, sino contra el de la Ciudad, que se oponía. Esa misma estrategia, para nada inocente, recorrió más tarde la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), que finalmente obtuvo el fallo favorable de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña para que las aulas vuelvan a abrirse.
La jugada estaba bastante organizada y, para algunos que conocen cómo se manejan este tipo de expedientes, bastante clara ya desde el viernes mismo. Y resultaba armónica con el hecho de que el propio Jefe de Gobierno había decidido eludir el Fuero Contencioso Administrativo Federal para, a cambio, elevar un amparo directamente ante la Corte Suprema, a la que además le dio el fin de semana de changüí. Larreta ganaba tiempo para resolver la cuestión en los tribunales de la Ciudad que gobierna, tal como terminó sucediendo el domingo por la tarde. Algunos legisladores de la oposición porteña habían sido advertidos de que ese era un desenlace posible.
La Corte, entre bostezos, aceptó tomar partido en la discusión recién el lunes. El Ejecutivo porteño ya había ordenado volver a la presencialidad. El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, obtuvo un fallo favorable el mismo lunes del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, pero la Ciudad decidió desconocerlo y sólo reconocer la autoridad de la Corte Suprema, cuya decisión podría llegar recién sobre el final del plazo de vigencia del DNU del Presidente. El problema jurídico está planteado ahora a la inversa: es el Gobierno nacional que, con un fallo favorable de la Cámara Federal, intenta correr a los Supremos de la escena e insistir en que el Ejecutivo porteño entró en una suerte de «desacato».
Voces autorizadas en materia de competencias calificaron en diálogo con este medio de «disparate» que un tribunal local decida sobre una medida de carácter federal como el DNU de Fernández pero, desde esa misma perspectiva, reconocen que desde el día uno es la Corte Suprema el único tribunal apto para intervenir en el conflicto entre una provincia (la Ciudad sería algo así como una provincia con autonomía limitada) y el Estado nacional. Aunque con un matiz: ¿podría la Corte descalificar decisiones políticas, como restringir la circulación en medio de la pandemia, basadas en cuestiones técnicas, en este caso sanitarias y pertenecientes al campo de la infectología? La respuesta es un rotundo no. No es función de los supremos decidir en el campo de la medicina, salvo que, por ejemplo, el Gobierno nacional decidiera algún absurdo como aprovechar el Covid para imponer en la Ciudad la ley seca y prohibir el alcohol. No es el caso.
Hecho el «mamarracho jurídico», la pregunta es cómo fue posible. Los cargos en la justicia porteña se reparten desde hace años mediante un acuerdo político entre dos dirigentes: Daniel “El Tano” Angelici y Juan Manuel Olmos, peronista histórico de la Ciudad y del círculo íntimo de Alberto Fernández. Las designaciones, como sucedió en el caso de los integrantes de la Sala IV (María de las Nieves Macchiavelli, Laura Alejandra Perugini y Marcelo López Alfonsín) se votan mediante un acuerdo amplio en la Legislatura porteña, que casi siempre incluye a la oposición. Pero como prácticamente todo el Poder Judicial, los jueces y las juezas de la Ciudad responden al poder de turno, y ese es desde hace 12 años uno sólo.
El Fuero Contencioso Administrativo (encargado de juzgar las acciones de gobierno) es curiosamente una de las honrosas excepciones, con más de un magistrado que pelea por su independencia frente a los continuos bozales que intenta ponerles la política. Hay fallos, incluso en materia educativa, que dan cuenta de eso: desde garantizar las vacantes para los chicos y chicas que no las tienen (sobre todo en los barrios populares) hasta obligar al Gobierno porteño a ampliar el servicio de transporte escolar. Es quizás el grupo más numeroso, pero no el único progresista dentro del esquema. Hay algunos que, en distintos ámbitos, hace rato se sienten solos frente a los embates del macrismo. Otros están maniatados y hacen lo que pueden.
Frente a ese panorama, el Jefe de Gobierno tenía el andamiaje aceitado y en menos de 48 horas logró lo que a priori parecía imposible: llevarse puesta la institucionalidad y desconocer la autoridad presidencial para imponerse y lograr que las escuelas estuvieran abiertas el lunes. La movida del Procurador del Tesoro, Carlos Zaninni, llegó tarde. El Jefe de Gobierno desconoció el fallo del Tribunal Federal y ahora espera sentado a que la Corte defina. “Se movió más rápido y mejor”, describían el panorama en los pasillos de los juzgados porteños, con una mezcla de incredulidad y de reproche.
Otra de las conclusiones era que hubo un exceso de confianza: si bien el escozor es porque el Pro jugó “al límite”, tampoco es ninguna novedad que lo haga. El problema, puertas adentro del Poder Judicial, es que este tipo de tironeos siguen exponiéndolo frente a la sociedad, y esta vez con un tema sensible como la educación de los pibes y las pibas.
La decisión final está en manos de la Corte, que ayer rechazó declararse incompetente en la discusión por la coparticipación, otro de los contrapuntos entre Nación y Ciudad. En principio pateó el problema para el 12 de mayo, fecha en la cual ambos Ejecutivos están llamados a sentarse en la misma mesa para llegar a un “acuerdo”.
