El primer juicio por los crímenes de violencia sexual cometidos contra mujeres privadas ilegalmente de la libertad en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), cuya sentencia se espera para abril, hizo reflotar con fuerza la importancia de contemplar el carácter machista y patriarcal de la última dictadura cívico-militar. “La memoria es cambiante, es fruto de disputas, y lo que nos pasa en el presente nos permite volver la mirada sobre el pasado de otra manera”, señala la historiadora Victoria Álvarez.
En diálogo con El Grito del Sur, la investigadora especializada en terrorismo de Estado y violencia de género destaca el impacto que tiene, en el desarrollo de los juicios de lesa humanidad, “la presencia que han adquirido los feminismos en la escena pública” y advierte que “considerar los crímenes sexuales es reparador a nivel social y contribuye a la desnaturalización de este tipo de violencia”. En ese sentido, el juicio iniciado el pasado 27 de octubre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el que están imputados el ex oficial de inteligencia Alberto “Gato” González y el jefe de la Sección Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba en la ESMA, Jorge “El Tigre” Acosta, por los delitos sexuales cometidos, entre 1977 y 1979, contra Silvia Labayrú, Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes –quienes prestaron el consentimiento a la fiscalía para la difusión pública de sus nombres– “visibiliza de forma muy concreta que el campo de concentración, además de ser un espacio de represión, muerte y terror, también fue machista y patriarcal”, dice a este medio Alejandra Naftal, directora del Museo Sitio de Memoria ESMA.
En el caso de Labayrú, según informa el Ministerio Público Fiscal, González y Acosta están acusados de ser coautores de los delitos de violación sexual cometidos contra una persona que no se pudo resistir y mediante el uso de fuerza o intimidación, doblemente agravada por ser el autor el encargado de la guarda de la víctima y por haber sido cometida con el concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades. Acosta, además, está acusado del mismo delito en grado de tentativa y de abuso sexual agravado. Por otro lado, Zanta –quien estuvo secuestrada en la ESMA entre el 6 y el 23 de septiembre de 1978– relató distintos episodios de abuso sexual que consistieron en la desnudez y en la tortura que le aplicaron en esa condición, como la quema con un cigarrillo. Además, la víctima describió “manoseos” y, puntualmente, narró el episodio en que un guardia no identificado, de apodo “El Lobo», la retiró del lugar y la llevó a un baño, donde la violó mientras la apuntaba con un arma en la cabeza. Por último, Paredes, detenida ilegalmente entre marzo y junio de 1979, contó que en las sesiones de tortura fue abusada con tocamientos y que, tras su salida de la ESMA y hasta fines de 1980, fue sometida a un régimen de «libertad vigilada» con controles en los que fue accedida carnalmente, en reiteradas oportunidades, mediante la utilización de fuerza e intimidación.
El fallo, que sentó precedente en la consideración de los delitos contra la integridad sexual como un modo específico de la violencia sistemática perpetrada por la última dictadura, fue el que en 2010 condenó a prisión perpetua a Gregorio Rafael Molina por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata. Hasta entonces, y durante décadas, “muchas de las testimoniantes decían que ellas habían querido dar cuenta de este tipo específico de violencia, pero que no habían encontrado escucha ni en sus ámbitos familiares e íntimos, ni en los ámbitos públicos”, señala Álvarez, quien colaboró en la realización del documental Campo de batalla, cuerpo de mujer, que describe, a partir del relato de las sobrevivientes, situaciones de abuso a las que fueron sometidas durante el terrorismo de Estado. Al respecto, Naftal subraya que “desde 1985, muchas mujeres hablaron de las violaciones y los abusos sexuales y no hubo escucha, no hubo una sola repregunta”.
El último 8 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó la visibilización de la violencia sexual en las sentencias por delitos de lesa humanidad y concluyó que, de un total de 1024 personas condenadas, 121 fueron responsabilizadas por delitos sexuales y otras trece llegaron acusadas a debate y resultaron absueltas. Es decir que los condenados por estos crímenes representan el 11 por ciento del total. Se trata de condenas dictadas en 36 sentencias de los 254 juicios concluidos, en las que se abordaron delitos de violencia sexual contra 136 víctimas: 112 mujeres y 24 varones.
Las investigaciones demuestran que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante la represión ilegal. “En los últimos años empezó a haber un interés muchísimo mayor en torno a las cuestiones de género para pensar el pasado reciente y esas nuevas preguntas permiten reparar en aspectos de la violencia concentracionaria en los que antes no se había reparado”, considera Álvarez en relación a estas cifras. Por su parte, Naftal resalta la necesidad de acompañar esos avances en materia judicial desde el museo que dirige y “habilitar espacios para que las sobrevivientes puedan narrar sus historias y articularlas con conceptos e ideas del presente”. “El movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista tienen muchas cosas en común: son autónomos, de base, con demandas muy claras. Es interesante que podamos cruzar ambas agendas para fortalecer la democracia en nuestro país”, concluye.
