En las últimas semanas y frente a la escasez de vacunas contra el coronavirus a nivel mundial, organizaciones nacionales e internacionales iniciaron peticiones para que los Estados empiecen a reclamar a las empresas farmacéuticas que producen los fármacos que liberen las patentes de las vacunas. De esta manera, argumentan, se podría aumentar la producción e inocular más rápido a la población, mientras que desde el sector privado -que recibió subsidios estatales para la investigación del virus- sostienen que necesitan de los ingresos que les da la venta de las vacunas y medicamentos para invertir en desarrollo e innovación tecnológica. En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia que solo diez países concentran el 95 por ciento de la aplicación de las vacunas.
A finales del año pasado, India y Sudáfrica pidieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) una exención a nivel mundial de la propiedad intelectual de medicamentos, vacunas y herramientas para diagnosticar, prevenir y tratar el coronavirus hasta que termine la pandemia. “Nosotros nos sumamos a esta solicitud y hemos pedido que se sumen también los gobiernos de todos los países para que haya más peso y la OMC trate y resuelva esto”, dijo a El Grito del Sur Carolina Nanclares, referente de enfermedades tropicales y responsable Covid de Médicos sin Fronteras, una de las organizaciones internacionales que junto con Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) respaldaron el reclamo de India y Sudáfrica.
“Ya se han sumado casi cien países, la Argentina entre ellos, pero siguen sin sumarse los que más peso tienen como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, que son también aquellos que, además, tienen la mayor cantidad de vacunas disponibles -señaló Nanclares-. Ellos protegen a la industria farmacéutica que produce la vacuna en esos países y son los que han logrado acuerdos bilaterales para tener vacuna suficiente para administrarle a sus poblaciones”.
En marzo, la OMS también se sumó al pedido frente a la Organización Mundial del Comercio. El organismo internacional que dirige Tedros Adhanom Ghebreysus ya había creado en 2020 el fondo Covax, que consiste en un acuerdo entre 172 países para garantizar el acceso equitativo a las vacunas y que todos paguen el mismo precio por cada dosis. Argentina es uno de los integrantes del fondo y esta semana recibió 864.000 dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca que se suman a las 218 mil que arribaron el pasado 28 de marzo.
Pero la OMS ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la concentración de las vacunas por parte de países ricos. Durante una cumbre del organismo en la que participó Ghebreysus, la joven activista sueca Greta Thunberg llamó a la comunidad internacional a “afrontar la tragedia de la desigualdad de las vacunas” y pidió también por la liberación de las patentes. Thunberg donó 100 mil euros para Covax.
“Lamentablemente la OMS no tiene mandato para poder frenar el tema de las patentes porque eso le corresponde a la OMC. Esa fue una gran jugada del neoliberalismo en la década del ‘90, cuando medicamentos y tecnologías médicas, en vez de ser bienes públicos globales, pasaron a ser solo mercancía”, señaló a este medio José María Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) en referencia al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) -que rige desde 1995- y que protege la propiedad privada de los productos de las empresas farmacéuticas, entre otras.
Las patentes son una herramienta que permite proteger la propiedad intelectual de un producto. En el caso de las empresas farmacéuticas, éstas patentan sus medicamentos para que otras empresas no puedan fabricarlos. Esto les permite fijar precios en el mercado.
“Que haya una patente quiere decir que aquello que se patentó tiene un dueño y lo que hacen los dueños de las cosas es venderle a quienes ellos quieran. Y en este momento donde los laboratorios multinacionales no dan abasto con la producción, la elección de a quién venderle vacunas tiene que ver con factores económicos, pero también con factores geopolíticos”, afirmó Leonel Tesler, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS), en diálogo con El Grito del Sur.
Nanclares indicó que la campaña que lleva adelante Médicos Sin Fronteras es “para que más países se sumen al pedido y, si no quieren acompañar, que no lo bloqueen”. “La idea de suprimir estas patentes es para que se pueda sortear este cuello de botella que hay ahora y que aumente la cantidad de países que puedan llegar a producir la vacuna y se asegure una distribución más equitativa”, sostuvo.
Por su parte, el director general de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma), Thomas Cueni, publicó un artículo en Financial Times en el que argumenta que el pedido para liberar las patentes «crearía incertidumbre y enviaría un mensaje equivocado a las compañías farmacéuticas que se han arriesgado en grandes inversiones para reutilizar medicamentos para el tratamiento de pacientes con COVID-19 y ampliar la fabricación».
Pero lo que se deja de lado es que los Estados han invertido fondos públicos para apoyar la investigación y el desarrollo de las empresas farmacéuticas en el marco de la pandemia. Según un relevamiento publicado por la Universidad de San Martín, Moderna recibió casi 2500 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, a cambio de que el total de las primeras dosis fueran para ese país; Johnson & Johnson recibió 1.500 millones de dólares; Pfizer/BioNTech, 2.500 millones de dólares; y Novavax/Serum Institute de India, casi 2000 millones de dólares. Pfizer recibió un subsidio del gobierno alemán y posteriormente de Estados Unidos y la UE en compromisos de compra, y la vacuna de AstraZeneca recibió financiamiento público de Estados Unidos y la UE. Por otro lado, vacunas como la Sputnik V o la Soberana fueron completamente financiadas por los gobiernos de Rusia y Cuba, respectivamente.
“Aunque las vacunas terminan siendo un bien privado, la gran mayoría se desarrollaron total o parcialmente con financiamiento público -señaló Di Bello-. La industria farmacéutica muchas veces intenta patentar cosas que no son patentables. Según nuestra ley, para que te otorguen una patente se tiene que presentar algo que sea una novedad y una invención, es decir que sea un verdadero salto en el desarrollo de la ciencia. Pero nosotros hicimos un relevamiento y el 90 por ciento de las solicitudes para patentes farmacéuticas que se presentan en Argentina no cumplen estos requisitos”.
Win-win: el mecanismo de licencias obligatorias
A nivel local, la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) -una organización civil que trabaja principalmente para que personas con VIH/Sida puedan ejercer sus derechos y acceder a medicamentos- difundió un video con el hashtag #LiberenLasPatentes en el que explican que las patentes “excluyen a otros de producir, importar o comercializar los productos patentados” y “generan monopolios legales por un mínimo de 20 años, eliminan la competencia de precios y privan a la población del acceso a medicamentos esenciales para tratar o curar las enfermedades”.
Di Bello explicó que “las patentes son nacionales” y que “los laboratorios multinacionales, que están respaldados por fondos especulativos como BlackRock, deben solicitar las patentes país por país”. “Cuando hay necesidades de salud pública, nuestra ley nacional de patentes y los Adpic (de la Organización Mundial de Comercio) permiten que los Estados hagan uso de una salvaguarda importante: las licencias obligatorias”, afirmó.
El presidente de FGEP señaló que este mecanismo consiste en una autorización del Poder Ejecutivo para que una tecnología médica -como puede ser una vacuna- que esté patentada sea producida por terceros sin la autorización del titular de la patente, quien recibirá regalías. “Al permitir la producción de genéricos, las licencias intervienen en el mercado para garantizar la disminución de precios y el acceso de la población a tecnologías médicas esenciales, que de otra manera serían inaccesibles”, aseguró.
A diferencia de la propuesta de la OMS y los organismos internacionales que piden una exención temporal de la propiedad intelectual, durante la vigencia de la licencia obligatoria, “el titular de la patente puede seguir produciendo y comercializando su producto”. “Y además se beneficia obteniendo regalías por la venta de las versiones genéricas. Ganamos todos”, sostuvo Di Bello.
Vacuna contra el coronavirus, industria argentina
Este martes, el laboratorio Richmond anunció en conjunto con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) que la Argentina se convirtió en el primer país del continente en producir dosis de Sputnik V. El presidente de la empresa, Marcelo Figueiras, viajó a Moscú con el avión de Aerolíneas Argentinas que llevaba un lote de 21.000 dosis -y que trajo otras 800 mil este lunes- para conseguir la aprobación del Instituto Gamaleya. Con el visto bueno, Richmond estaría listo para producir la vacuna y, afirmó Figueiras, llegarían a fabricar un millón de dosis por mes.
“Laboratorios Richmond se enorgullece del apoyo del FIDR y del hecho de que la Fundación recurra a nuestra base científica y tecnológica para producir la vacuna Sputnik V en Argentina. Nuestra empresa hará todo lo posible para garantizar que la vacuna esté disponible lo antes posible para Argentina y para toda la región de América Latina”, dijo Figueiras.
Pero Richmond no es el único laboratorio local que trabaja en la producción de vacunas. En agosto del año pasado, el presidente Alberto Fernández anunció que la farmacéutica AstraZeneca había llegado a un acuerdo para que la empresa biotecnológica argentina mAbxience, propiedad del Grupo Insud, fabrique en el país el principio activo de la vacuna contra el Covid, que luego sería envasado por el laboratorio Liomont en México. Sin embargo, debido a la alta demanda de equipos e insumos para esta tarea, la entrega de las dosis está demorada.
Así lo explicó el empresario Hugo Sigman, fundador de Insud, en su cuenta de Twitter. Asimismo, ante el cuestionamiento de por qué la empresa argentina no produce para abastecer primero al país, Sigman aclaró que “mAbxience no es la propietaria del principio activo, solo lo fabrica, de modo que no puede disponer del mismo como si le perteneciera”. “Prohibir la exportación del principio activo, como reclaman algunos, implicaría poner en cuestión un proyecto que tiene como objetivo garantizar que América Latina acceda a la vacuna de manera equitativa y económica”, agregó.
Por su parte, el diputado nacional Nicolás del Caño y otros referentes del Frente de Izquierda proponen que se declare de utilidad pública el laboratorio mAbxience. El proyecto de ley que lleva las firmas de del Caño y su par Juan Carlos Giordano, declararía el laboratorio de Sigman como sujeto a expropiación e indica que se instrumenten los mecanismos para que se puedan envasar las vacunas en la Argentina.
Otra iniciativa legislativa fue presentada por el legislador Itai Hagman (Frente de Todos) para que el Congreso oficialice la adhesión de Argentina al pedido de Sudáfrica y la India “para que se realice una ‘exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19’, mientras dure la pandemia”.
Para Tesler, liberar las patentes sería una solución que “nos permitiría mejorar a mediano plazo el abastecimiento de las vacunas”. “Pero tardaríamos un tiempo en poner a punto la capacidad instalada de la industria farmacéutica argentina para poder producir a gran escala -opinó-. Cuando India y Sudáfrica hicieron su propuesta a la OMC era un momento que, si se daba, hubiera permitido llegar al invierno del hemisferio sur con mayor producción y cierta democratización en los costos. Si se liberara ahora, no se soluciona el problema actual de la escasez, sino que recién habría mayor abastecimiento de vacunas para la primavera, si se es optimista”.
Aún así, Nancleres resaltó que, a pesar de la reticencia de las potencias -aunque un grupo de senadores estadounidenses pidieron al presidente Joe Biden que respalde el waiver ante la OMC-, a todos los países les conviene apoyar la iniciativa de India y Sudáfrica. “No sirve vacunar a toda la población de un país si el virus sigue circulando en el resto del mundo. Para que termine la pandemia, tiene que terminar para todos. Esto ya se hizo con medicamentos para tratar el VIH/Sida, se podría volver a lograr”, concluyó.
