A pesar del intento de frenar la iniciativa, hoy se retomó el tratamiento de la ley de Etiquetado Frontal en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado -con 64 votos a favor y 3 en contra-, fue abordado esta tarde en una reunión de especialistas frente a las comisiones de Legislación General, Acción Social y Salud Pública, Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria.
La ley de Etiquetado Frontal propone implementar un sistema de octógonos negros con bordes blancos, que no podrán ocupar menos del 5% del frente del paquete, para identificar los alimentos y bebidas envasados que cuenten con exceso de azúcares, sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías, según los valores estipulados por el «Perfil de Nutrientes de la OPS». La ley no aplica a los alimentos frescos o mínimamente procesados, como pueden ser los frutos secos, miel, carnes frescas, arroces, miel, frutas y verduras entre otros. A esto se suma, entre otros puntos, la regulación de la publicidad, es decir, que las presentaciones de aquellos productos que tengan un exceso en estos valores no podrán incluir dibujos animados ni elementos que llamen la atención de les niñes, y la limitación del comercio de alimentos dentro de las instituciones educativas.
“Es un proyecto que viene a tratar una problemática grave que es la de las enfermedades crónicas no transmisibles, que en nuestro país se cobran por día 640 personas. No es simplemente saber cómo se componen los alimentos, la ley tiene dos patas fundamentales que son tal vez de las que menos se habla. Por un lado está la regulación de la publicidad en niños, niñas y adolescentes, eso es fundamental porque muchas veces les niñes se fijan más en el paquete, en que aparezca el personaje que les gusta y no saben qué es lo que llevan a su boca. Otra tiene que ver con la educación nutricional y el comercio, ya que si se sanciona la ley los productos que tengan al menos un sello de advertencia no podrán ser comercializados en las instituciones educativas” aseguró a El Grito del Sur Mijael Kaufman Falchuk, activista de Consciente Colectivo. «Cuando dicen que no conviene para la economía es necesario pensar que el Estado también tiene un gasto multimillonario frente a estas problemáticas”.
El sistema de etiquetado frontal es considerado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como el más adecuado a la hora de prevenir la obesidad y otras enfermedades no transmisibles y ya se ha implementado en otros países de la región como Chile, México, Perú y Uruguay. En ese sentido, la intervención del senador chileno Guido Girardi, autor de la ley sancionada en 2016, en la reunión plenaria resultó fundamental.
Si bien la propuesta legislativa es acompañada por un gran grupo de organizaciones, muchas de ellas ligadas al ambientalismo, y cuenta con un amplio consenso social, en su camino el etiquetado ya debió enfrentarse a la presión de sus detractores que sostienen que podría ser perjudicial para la industria, entre ellos el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme, quien durante el tratamiento en la Cámara de Senadores aseguró que dicho rotulado podría poner en riesgo la exportación de 1500 millones de dólares en alimentos envasados a Brasil, que cuenta con otra regulación. Frente a tal argumento, la página de la OPS asegura que “el hecho de adoptar en cada país un sistema nacional diferente no modifica la situación actual. Los productos de todas maneras tendrán que poder venderse en más de un mercado y cumplir con los requisitos de cada uno”.
“En la reunión hubo un representante de la Cámara de Comercio estadounidense, ahí vemos qué significa cuando decimos que el lobby se hizo persona. Se quiere generar el mito de que la ley genera un problema para la economía como si fuera una responsabilidad individual y no colectiva. Son las empresas las que generan que estemos en medio de una crisis climática», cuenta Falchuk. Y agrega: «Está comprobado por la experiencia de otros países que no se pierden puestos de trabajo. Al contrario, el día de mañana se espera que las empresas para tener menos etiquetas negras puedan cambiar la composición de sus alimentos así van a tener menos sodio, menos grasas, etc”.
En el plano alimentario, otres especialistas aducen que, si bien es necesario que exista una política pública, el sistema de etiquetas podría fomentar la obsesividad hacia los alimentos “saludables”, generar miedos o propiciar trastornos en la conducta alimentaria. Asimismo, aseguran que al basarse en el producto final y no en sus componentes la legislación no sería suficiente para abordar el problema del sobrepeso y la obesidad. En ese sentido, si bien la norma chilena tiene un importante apoyo en las encuestas de opinión y ha tenido influencia en los hábitos de consumo, entre el 2016 y el 2017 el país cordillerano sufrió un incremento del 9,3% en la proporción de mayores a 15 años con obesidad y la tasa de obesidad infantil no varió entre el 2018 y el 2019, manteniéndose entre las más altas de América Latina y el Caribe. En este sentido, la experiencia vecina refleja la implicancia de factores económicos a la hora de elegir, ya que la mayoría de los alimentos que lograron reformular sus componentes aumentaron su costo. Además, al no existir una gradualidad en las nomenclatura, muchas empresas decidieron no invertir dinero en innovaciones tendientes a reducir la proporción de estos valores, sino a modificarlos puntualmente para quitarle etiquetas a los alimentos, sin contemplar mejoras en su valor nutritivo.
En ese sentido, el activista hace énfasis en que la ley de Etiquetado Frontal no se trata de una legislación elitista o sectaria, sino una herramienta que busca amparar a los sectores más vulnerados. “En un país donde hay alrededor de un 42,9% de pobres, quienes podemos elegir qué comer tenemos que mejorar nuestros consumos teniendo la premisa de que elegir qué comer en un país donde hay hambre siempre es un privilegio. Pero esta ley no es solo para un grupo, esta ley viene a regular que en Argentina cualquier pibe o piba, viva en el barrio que sea, tenga una mejor alimentación, que el mismo paquete de galletitas que come hoy en día en unos años pueda tener menos sodio o grasa», explica Mijael. «Muchas veces dicen que las empresas son solidarias porque mandan kilos de comida a los merenderos, pero eso no tiene nada de alimento. Cuando dicen que ésta es una ley que solo abarca una parte de la población, lo que quieren es desprestigiar el reclamo para que no avance”, finaliza Falchuk.
