Es jueves y son las dos de la tarde. Un hombre vende gaseosas en la puerta de la terminal de Retiro con una conservadora de telgopor. A su lado, otros vendedores exhiben bolsos, mochilas y alfajores. Detrás de la mercadería, las persianas de la terminal de colectivos permanecen cerradas desde marzo de 2020.
El transporte de larga distancia se encuentra entre las actividades más afectadas por la pandemia. En 2020 el servicio estuvo suspendido casi nueve meses debido a las políticas sanitarias dispuestas por el Gobierno nacional, lo cual generó una crisis inédita en el sector. Finalmente, con la flexibilización paulatina de las restricciones, los viajes en micros de larga distancia retornaron progresivamente en noviembre y de forma sostenida a partir del 15 de diciembre. Pero el Gobierno de la Ciudad sólo habilitó la terminal Dellepiane, mientras que Retiro aún continúa cerrada.
Sin embargo, a pesar de que la actividad se reactivó (con estrictos protocolos sanitarios y limitaciones a la cantidad de personas permitidas a bordo), las empresas aseguran que no lograron los niveles de recaudación que esperaban. “La situación es bastante compleja. Durante la temporada de verano tuvimos una caída cercana al 80% de los pasajeros respecto de la temporada anterior”, dijo a El Grito del Sur Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi).
La caída estrepitosa de la demanda de pasajes fue una constante en todo el país, a tal punto que ni siquiera los fines de semanas largos alcanzaron para que el sector repuntara. Actualmente, tres cuartas partes de los colectivos están parados y el mismo porcentaje de las y los trabajadores permanecen temporalmente cesanteados. El panorama es desolador, más aún si se considera que, a diferencia del transporte urbano como el tren y el subte, las empresas de micros de larga distancia no reciben ningún tipo de subsidio estatal. Vale recordar que el gobierno de Macri eliminó en 2017 los subsidios mediante la Resolución 53-E/2017 del Ministerio de Transporte, entonces a cargo de Guillermo Dietrich y, de este modo, dejó sin efecto una resolución del año 2013 que fijaba compensaciones tarifarias a las compañías según la demanda de las y los usuarios.
Ahora bien, ¿cómo hacen las más de 120 empresas para subsistir funcionando al 20% de su capacidad? En este sentido, el apoyo económico del Estado resulta fundamental para este sector. Es que hasta el mes de diciembre de 2020 las y los trabajadores, incluso quienes están temporalmente suspendidos, recibieron una parte de su salario mediante el programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Además, el Gobierno nacional les otorgó 3000 millones de pesos a las compañías durante los nueve meses en que sus servicios estuvieron suspendidos. Mientras que este año se les concedió la suma de 900 millones de pesos, correspondientes a enero y febrero. “Los fondos excepcionales que otorgó el Estado para mantener vivas a las empresas se destinaron netamente al pago de los salarios”, aseguró Gaona, quien además remarcó que vienen trabajando mancomunadamente junto al Ministerio de Transporte de la Nación. No obstante, el vocero de Celadi advirtió que “más allá de los fondos excepcionales percibidos, lo que pedimos desde el inicio de la pandemia es la declaración de la emergencia sectorial y algún proyecto de sostenimiento de largo plazo, porque el transporte de larga distancia no tiene una estructura de subsidios sobre la cual sostenerse”. “Queremos garantizar que sigan existiendo las 120 compañías que tiene la actividad y proteger los 16.000 puestos de trabajo”, remarcó.
En condiciones normales, los colectivos de larga distancia conectan alrededor de 1.600 localidades en toda la Argentina y varios destinos más a nivel internacional. Pero producto de las restricciones por el avance de la pandemia, el servicio se redujo y experimentó caídas del 75% promedio en todo el territorio nacional. “Detrás de nuestro sector existe una economía regional enorme que incluye el turismo, el comercio y vastos sectores que se mueven en gran medida por el servicio público del transporte”, dijo Gaona a este medio.
Por otro lado, en medio de esta crisis inédita para el sector de transporte, comienzan a aparecer las tensiones producto de la discusión paritaria correspondiente a 2021. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria el viernes pasado entre el gremio UTA y las cámaras empresarias de larga distancia. Es que el sindicato que lidera Roberto Fernández había anunciado un paro de 48 horas tras no haber arribado a un acuerdo de aumento salarial con las compañías. Desde la UTA declararon que “resulta indispensable incrementar los salarios conforme a las pautas inflacionarias” y que “la situación resulta insostenible y de mucha complejidad”. Asimismo, el gremio exige que se incremente el monto que perciben sus afiliados en concepto de reintegro de gastos, comúnmente llamado “viáticos”, que incluye el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Las partes ya se reunieron esta semana virtualmente en el ámbito de la cartera laboral que conduce Moroni, pero la negociación continúa sin llegar a buen puerto, por lo cual se prevé que el conflicto salarial se extienda en los próximos días. Mientras tanto, la actividad en su conjunto agoniza en medio de una crisis pandémica que seguirá, por lo menos, durante todo el 2021.
