En la Argentina, una persona puede recibir hasta seis años de prisión por cometer un hurto. Sin embargo, al día de hoy no existen normativas acordes que aborden los delitos ambientales en su especificidad, incluso teniendo en cuenta que, sólo como ejemplo, el 95% de los incendios en nuestro país son intencionales.
Actualmente, más allá de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, nuestro Código Penal contiene solamente tres artículos de la ley 24.051, de residuos peligrosos, que tipifican conductas penales relativas a la protección del ambiente. Este Código, aprobado hace cien años, aborda los delitos ambientales en referencia a consecuencias para la salud humana, es decir por contaminación o envenenamiento, o en lo que respecta al derecho a la propiedad, dejando un hiato legal que, a medida que las consecuencias de la crisis climática se vuelven más acuciantes, resulta imperante saldar.
En ese sentido, esta semana los diputados Leonardo Grosso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medioambiente) y Carolina Gaillard (de Legislación Penal) presentaron un proyecto de ley para incorporar un capítulo de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza a nuestro Código Penal. Basada en el proyecto elaborado por el entonces senador Pino Solanas en 2019, esta legislación busca castigar con penas de 2 a 6 años de prisión a quien “envenenare, adulterare, emitiere radiaciones o ruidos o arrojare contaminantes de un modo peligroso para la salud o el ambiente, en el suelo, subsuelo, aguas, flora, fauna, la atmósfera o la naturaleza en general”, incluidas las zonas de glaciares, bosques y humedales protegidos legalmente. La norma, que excluye a quienes hagan aprovechamiento del ecosistema para su subsistencia, se agrava en caso de que el delito derivare en muerte (de 10 a 25 años de prisión), lesiones gravísimas (de tres a quince), o graves (de 3 a 10). Además responsabiliza a los funcionarios públicos que resulten involucrados a través de la falsificación u ocultamiento de información en un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, así como quienes a sabiendas otorguen permisos u autorizaciones que violen la normativa.
Con la herencia del peronismo ambientalista, en 1947 el propio Juan Domingo Perón alertó sobre las consecuencias de la contaminación en su carta «Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo» y, haciendo énfasis en la justicia social, la propuesta pone el foco en los empresarios, directores y gerentes de grandes empresas, para evitar que sean los empleados de puestos menores quienes terminen asumiendo las consecuencias. Con ese fin, en la propuesta se incluye un artículo que pormenoriza que -en el caso de los delitos ambientales cometidos por personas jurídicas- se deberá penar a los responsables al momento del hecho. “Debemos considerar los delitos ambientales, primordialmente, como delitos de cuello verde o delitos de los poderosos, es decir, crímenes que involucran a sujetos que poseen posiciones privilegiadas desde el punto de vista económico, político, social y en muchas ocasiones, también mediático, por lo general marcado por fuertes dosis de organización, persistencia en el tiempo y con una sólida capacidad para asegurarse impunidad”, asegura el texto que fue acompañado por la rúbrica de les diputades José Luis Ramón, Gabriela Cerruti, Pablo Ansaloni y Alcira Figueroa.
Esta no es la única propuesta respecto a delitos ambientales que existe actualmente, porque el lunes 19 de abril las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado comenzaron a tratar cuatro proyectos en la materia presentados por representantes de diferentes bloques, de los cuales se buscará llegar a un texto común. De la reunión plenaria participaron expertos en la materia como José Alberto Esain, magíster en Derecho Ambiental, y el abogado ambientalista Enrique Viale.
Por su parte, más de 100 organizaciones enviaron una carta a Alberto Fernández para que traslade a la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático la posibilidad de reestructurar la deuda externa a través de políticas climáticas. En la misiva, les activistas instan a negociar la deuda proponiendo invertir en medidas de mitigación de gases efecto invernaderos y adaptación al cambio climático, en base al principio internacional de responsabilidades comunes pero diferenciadas en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.
