Junto con el crecimiento de la violencia estatal y paramilitar, el giro dictatorial y la intensificación de los territorios militarizados, hay tres momentos clave para entender la actual Colombia. Por un lado, las manifestaciones que se dieron en noviembre de 2019 -y se vieron detenidas por la pandemia-, por otro el acuerdo con el FMI firmado en marzo del año pasado y, por último, la ley de Solidaridad Sostenible. A continuación, un análisis político y económico de las condiciones dadas para el estallido social colombiano.
El 21 de noviembre del 2019, miles de colombianes en todas las ciudades del país -así como también cientos de exiliades que se acercaron a sus embajadas- reclamaron por la defensa y la plena implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Las principales consignas del paro fueron el rechazo al asesinato sistemático de líderes y lideresas en el territorio; solidaridad de la ciudadanía con los niños y niñas muertas en el bombardeo del ejército nacional en el Caquetá; rechazo a las propuestas de modificación al régimen pensional, laboral y tributario; el desacuerdo con megaproyectos y otras iniciativas que tendrían un alto impacto medio ambiental. Tal proceso movilizó, no solo a los actores y actrices de siempre sino que también envalentonó a la ciudadanía no organizada.
Sin embargo, a los factores sociales debemos sumarles los económicos. En el primer año de la pandemia, el país cafetero realizó un acuerdo con el FMI por un monto preestablecido de 14.000 millones de dólares. De ese total, se comprometió a invertir 14 billones de pesos en aviones de guerra. Tal como se ve en otras partes del mundo, las condiciones que establece el FMI para ser prestamista siempre traen ajuste, miseria y condiciones de vida poco dignas para los pueblos y ésta no fue la excepción. El espurio negociado por el Estado colombiano incluyó la fórmula conocida: reforma tributaria y reforma a la salud. Así, a pesar de tener casi a la mitad de su población en la pobreza durante una crisis sanitaria, Colombia decidió utilizar el dinero consignado para armamento militar: durante marzo y abril del 2020 se gastaron 14.100 millones en armamento antidisturbios, lo que lo posicionó como el segundo país con mayor gasto militar de la región durante ese año después de Brasil, según datos de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
Pero fue la Ley de Solidaridad Sostenible la que culminó de encender la mecha del estallido de furia que se registró en las últimas semanas. El documento de 110 páginas presentado por Iván Duque, y posteriormente retirado, no es más que un disfraz de una reforma tributaria. Entre los principales objetivos, el proyecto puntuaba la ampliación de la base de recaudación tributaria (que más gente pague impuestos o que los impuestos existentes sean más grandes) y evitar una pérdida de calificaciones de riesgo internacionales (lo cual te permite acceder a nueva deuda con acreedores internacionales). Además, uno de los puntos más graves buscaba imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA) en servicios públicos (agua, luz y gas) y funerarios desentendiendo del impacto de la pandemia en los sectores más marginados.
Una reforma contra la clase media en la Colombia actual
A lo largo del mundo, la pandemia vino a profundizar e intensificar condiciones preexistentes. En Colombia, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza subió del 35,7 al 42,5 por ciento, mientras que la miseria escaló al 21% el año pasado. Frente a ello, el gobierno neoliberal de Duque y su antecesor, Uribe, negaron la aprobación de la renta básica para nueve millones de familias y, además del aumento del IVA en los servicios básicos y funerarios, propusieron bajar el piso del pago a la renta de 1.050 dólares a 470 dólares en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares. Es decir, la derecha nuevamente priorizó rescatar a grandes empresarios y a la banca e ignorar decisivamente que en Colombia el 1% genera ingresos equivalentes al 20% de la población y prácticamente no son alcanzados por ningún tipo de impuestos. En este contexto no es casual que el paro convocado por las organizaciones sociales, las centrales obreras y la oposición haya superado ampliamente las expectativas.
Quienes escribimos esta nota, con un pie en Argentina y otro en Colombia, entendemos que la protección de los sectores socioeconómicamente más vulnerados no puede resolverse a través del aumento de más impuestos sobre la clase media colombiana. Si bien el proyecto de ley ha sido ya retirado y el Ministro de Hacienda renunció a su cargo, la lucha del pueblo colombiano sigue desde el 28 de abril. Con más de 37 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado, ahora la manifestación es contra el desastre económico y el desamparo en salud pero también contra la represión y la violencia policial-estatal. El paro ya no tiene vuelta atrás: cada día se suman más sectores a la lucha. Por la paz y contra el neoliberalismo, hasta que la dignidad se haga y sea costumbre.
