Costa Salguero: la «trampa» de Larreta que puso en jaque la institucionalidad

🌲 La Justicia porteña detectó la trampa y declaró inconstitucional la ley votada en 2019 para habilitar la venta de Costa Salguero. Y desnudó hasta qué punto la institucionalidad está en riesgo en la Ciudad.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró la semana pasada la nulidad de la ley que habilitaba la venta de Costa Salguero, a la que definió como «inconstitucional». Este hecho no sólo es otra conquista de la movilización y participación ciudadana, sino que también revela la gravedad institucional profunda en la que derivó el exceso de poder del que goza Horacio Rodríguez Larreta.

Todo se remonta a aquella última sesión de 2019, donde quedó más clara que nunca la corrupción de la estructura institucional de la Ciudad. Una sesión que fue definida como un “Piyama Party” por la oposición, y que fue el inicio de toda la discusión por los predios costeros.

La pantalla del negocio inmobiliario en el predio de la Montada

El 5 de diciembre se realizó la última sesión ordinaria de la Legislatura porteña del año 2019. En las últimas semanas había entrado en la agenda de los medios masivos el impulso del Proyecto de Ley N° 2951-J-2019 remitido por el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, a la Legislatura el 25 de noviembre de dicho año.

Este proyecto tenía por objeto «rezonificar» el predio de la Policía Montada, ubicada en Palermo en un área altamente cotizada, delimitada por las calles Cavia, Chonino, Av. Casares y Av. Presidente Figueroa Alcorta. El cambio de normativa urbanística permitía la construcción de torres de hasta 150 metros y concesionar espacios por 50 años en el predio de 8 hectáreas que actualmente está zonificado como Urbanización Parque (UP).

La expectativa de los medios y de la ciudadanía estaba abocada a la sesión del 5 de diciembre para conocer si, finalmente, Rodríguez Larreta conseguiría los votos suficientes para aprobar este proyecto de ley a pesar de la gran oposición ciudadana. A mitad de la sesión, se conoció informalmente que ese día el proyecto no sería votado y que sería remitido a las Comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto.

La cobertura mediática de esta sesión mostró una aparente frustración oficialista por la no votación del proyecto que algunos medios publicaron como una conquista ciudadana. En ese momento no se llegó a advertir que la discusión del destino del predio de la montada había sido una pantalla para avanzar de forma subrepticia con otros proyectos de negocios inmobiliarios mediante el tratamiento exprés y violando la Constitución de la Ciudad.

Una avalancha de ventas de tierras públicas incorporadas sobre tablas

El proyecto de Ley N° 3.033-J-2019, que finalmente dio lugar a la Ley N° 6.289 (venta de Costa Salguero), fue remitido a la Legislatura el 5 de diciembre a las 10:27 hs.

El mismo día a las 11:00 hs, el Jefe de Gobierno ingresó también el Proyecto de Ley N° 3034-J-2019 que tenía por objeto aprobar convenios firmados entre Nación y la Ciudad para la transferencia a ésta de diversos predios nacionales ferroviarios y a la vez autorizar su venta. Entre los playones figuraban los de Colegiales, Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Catalinas Sur II, etc. Este proyecto de ley tenía 278 fojas.

Media hora más tarde, comenzó la sesión de la Legislatura. Ni los legisladores oficialistas ni los de la oposición tuvieron tiempo de leer ni analizar estos proyectos. En la sesión del 5 de diciembre se aprobaron alrededor de 55 leyes en 12 horas de sesión. Resulta imposible analizar seriamente alrededor de 300 páginas técnicas de convenios y ventas de tierras. De todas formas, ambos proyectos fueron incorporados sobre tablas en la sesión y fueron aprobados durante la última hora convirtiéndose en las leyes N° 6.289 y 6.290 respectivamente. 

El legislador Javier Andrade expresó durante la sesión, cuando los legisladores se enteraron por la tarde de que se votarían estos proyectos, que “está ocurriendo algo inédito: entre todos los predios y metros cuadrados que estamos poniendo a disposición y a la venta para la utilización de privados –Centro Modelo, venta de inmueble, Costa Salguero, Punta Carrasco, Caballito, Catalinas Sur, Villa Urquiza y Colegiales– son 700.000 metros cuadrados de la Ciudad de Buenos Aires; 7 hectáreas en una sesión. Creo que es imposible pensar que pasemos por alto esta situación y que no haya medios de comunicación preocupados por transmitírselo a la sociedad”. Compartía los ánimos el senador Mariano Recalde: “A cinco días de que se vaya el presidente Mauricio Macri de la Casa de Gobierno –cosa que a nosotros nos alegra mucho y creo que también a la mayoría del pueblo argentino que no lo votó–, que transfiera a la Ciudad de Buenos Aires, en un solo acto, un montón de tierras y que la propia Ciudad de Buenos Aires las acepte e, inmediatamente, en un artículo después diga que no las necesita, que son innecesarias y que inmediatamente declare la venta, me parece que es una estafa y un hecho gravísimo que nosotros denunciamos y que no vamos a acompañar”.

Foto: Les Jóvenes / @lesjovenes

El legislador Gabriel Solano planteaba: “Estamos en este “pijama party” de venta de tierras. Parece una broma, pero nos están tomando el pelo. Entiendo el apuro, pero obviamente no comparto que a esta hora traten de introducir proyectos que hacen a cuestiones sensibles, a la venta de tierras de la Ciudad, con la misma ―cantinela‖ de siempre. (…)  Nos han llenado de tablas que son ilegibles. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero no puedo dejar de remarcar que es una cuestión completamente irregular, que echa todavía un manto de sombra sobre cómo funciona esta Legislatura. ¡¿Qué intereses están detrás para apurar a la Legislatura a votar de este modo tan poco transparente la entrega de tierras?! Realmente, seguiremos con este “pijama party” hasta las cuatro de la mañana, porque propondrán más tablas, y más cosas para vender, y éste es el último momento. Sé que se les acaba la mayoría automática que tienen. Si de ese modo pretenden aprovecharla, háganlo; pero háganse responsables públicamente de una sesión escandalosa”. Agregó que “este proyecto recién lo estamos viendo ahora. Estoy seguro de que la mayoría del bloque que aplaudió con tanto entusiasmo la intervención del diputado Ferraro no lo leyó. Pero acá hay obediencia debida. Es la obediencia debida de la patria inmobiliaria. Una obediencia debida que significa: le vamos a robar terrenos a La Boca, le vamos a robar terrenos a Colegiales, le vamos a robar terrenos a Caballito, lo mismo a Villa Urquiza”.

Leyes que no son leyes

La democracia no sólo fue anulada con el tratamiento y aprobación de estas leyes. El estigma de escribanía para el Ejecutivo que pesa sobre la Legislatura durante la gestión del Pro en la Ciudad fue corroborado absolutamente durante esta sesión.

Pero el escándalo institucional no terminó allí. En el caso de la Ley N° 6.289, debió ser tratada de acuerdo a la Constitución de la Ciudad bajo el procedimiento de doble lectura que consiste en una primera sanción legislativa, convocatoria a audiencia pública y una segunda aprobación definitiva (segunda lectura). Esto no ocurrió.

Nuevamente para comprender, resulta necesario acudir al contexto.

La sesión del 5 de diciembre se realizó cinco días antes del recambio legislativo que ocurrió el 10 de diciembre. Con el ingreso de los nuevos legisladores/as, el Jefe de Gobierno perdió la mayoría automática de 40 votos, necesaria para la aprobación de este tipo de proyectos.

¿Cuál fue la solución que encontraron? Hicieron pasar el proyecto de Costa Salguero como un proyecto de simple lectura (basta con una votación y no hay que convocar a audiencia pública) aplicando uno de los principios fundamentales de su praxis política: “si pasa, pasa”. De esta forma, sorteaban la imposibilidad de conseguir los 40 votos para la segunda lectura luego del 10 de diciembre. Rodríguez Larreta recibió el proyecto de ley aprobado en una sola ocasión y lo promulgó como la ley N° 6.289 el 3 de enero de 2020 (publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero de 2020).

Para que sea más gráfica la desvirtuación institucional cometida, imaginemos que el presidente de la Nación remitiera un proyecto de ley al Congreso. Sabiendo que no conseguirá los votos necesarios en el Senado, decide promulgar el proyecto de ley con la simple aprobación de la Cámara de Diputados y lo publica en el Boletín Oficial como ley. Como mínimo se estaría pidiendo su juicio político y se convocarían a grandes concentraciones públicas a pesar de la pandemia.

Esto es lo que en forma análoga hizo Rodríguez Larreta y lo que acaba de reconocer la Justicia esta semana, a través de la sentencia del juez Martín Leonardo Furchi que resolvió hacer lugar a la acción de amparo (impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP, la Defensoría de Laburantes, la Fundación Ciudad y la diputada Gabriela Cerruti) y declaró la inconstitucionalidad de la Ley 6.289, que había autorizado la venta de Costa Salguero, por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad (no respetó el procedimiento constitucional de sanción de leyes).

El oficialismo salteó la convocatoria de dos audiencias públicas e hizo pasar como ley un proyecto que sólo tuvo una sanción cuando necesitaban dos por parte de la Legislatura (técnicamente se conoce como procedimiento de doble lectura). A nivel institucional no sucedió nada y Rodríguez Larreta continúa siendo el adalid de la república y el federalismo.

Por cierto, no es la primera vez que esto ocurre y la Justicia suspendió y anuló varias leyes de esta gestión por estos mismos motivos.

Podemos mencionar la sentencia del 19 de junio de 2018, dictada por el juez Francisco Ferrer en la causa caratulada “Desplats, Gustavo María c/ GCBA s/ Amparo”, Expte. N° A2248-2017/0. El GCBA cumplió la sentencia aprobando una nueva ley con el procedimiento de doble lectura.

Recientemente, el juez Gallardo, en la causa caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad c/ GCBA s/ Amparo – Impugnación – Inconstitucionalidad”, Expte. N° 2669-2020/0, el 24 de febrero de 2021, decidió suspender cautelarmente la venta de aproximadamente 80 hectáreas de tierras públicas autorizadas por la Ley N° 6.179 por no cumplir tampoco con el procedimiento de doble lectura.

La ciudadanía porteña sufre la mayor de las inseguridades jurídicas: no tener la certeza de que aquello que se publica en el Boletín Oficial como ley sea una verdadera ley de acuerdo a los requisitos democráticos que exige la Constitución de la Ciudad.

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