Tener trabajo es el sueño de muchos y el castigo de pocos. Un bien escaso y disputado, por el que se pide (¿y se paga?) cualquier precio.
En la Argentina lo sabemos bien. Navegar en la falta de trabajo es nuestra experiencia común, la que define los últimos 25 años. Y no es fácil aceptarlo. Si los hijos de la clase media se hiperprofesionalizaron, postergaron su entrada al mundo del trabajo, pasaron por la picadora de carne de las pasantías y el empleo informal o soñaron con tomarse el buque —una ambición que también parece de otro siglo, con la pandemia—, a los sectores populares no les quedó otra que cargarse tempranamente con un trabajo más: el trabajo de crear trabajo.
En esta nota se habla de esos nuevos trabajos, construidos a fuerza de organización social, en una acumulación que lleva ya dos décadas. Se verá que funcionan, que son económicamente sostenibles, que generan beneficios a la comunidad. Y llevan a una pregunta obvia: ¿Cuánto falta para que un gobierno les dé escala?
1 – El modelo de las cooperativas de construcción
La urbanización de los asentamientos y villas es un modelo probado para la creación de trabajo. Veamos el ejemplo:
En el barrio Bicentenario, de La Matanza, la cooperativa Construir Trabajo está haciendo conexiones intradomiciliarias de agua potable, como parte de un programa de la Secretaría de Integración Socio Urbana, del Ministerio de Desarrollo Social. El coordinador de la cooperativa, Gastón Reyes, cuenta que los albañiles y plomeros que, como él, están instalando los tanques y canillas del barrio, fueron durante años changarines y jornaleros sueltos. En 2018 se armaron como cooperativa dentro del MTE.
Sus puestos de trabajo nacieron de una sucesión de luchas colectivas. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, las organizaciones sociales consiguieron que el Estado realizara un primer relevamiento de las villas y asentamientos existentes en el país. En 2017 lograron la creación del Registro de Barrios Populares. Al año siguiente, obtuvieron la sanción de la ley que comprometió al Estado a urbanizar los barrios. A Macri, sin embargo, se le terminó el mandato sin haber hecho una obra. En los últimos días de su gestión reglamentó la ley, aunque omitió asignarle fondos.
En 2020, el gobierno de Alberto Fernández retomó el tema y destinó parte del impuesto a la compra de dólares a un fondo para urbanización (luego lo repetiría con el aporte de las grandes fortunas). Con todo listo, pasó casi un año -y el desplazamiento de una ministra- para que las obras finalmente se empezaran a hacer. Por ley, el 25 por ciento debe estar a cargo de cooperativas, y así fue como los 22 integrantes de la Construir volvieron a tener trabajo.
El cambio que más valoran es la continuidad. “Al firmar un convenio peleamos también por recuperar derechos laborales”, dice Reyes. Los enumera: “Trabajamos de lunes a viernes, tenemos ART, ropa de trabajo, elementos de seguridad y obra social”. La comida está incluida en los gastos de obra, y un colectivo los trae y lleva de regreso.
Sus salarios son tres veces más altos que un programa de empleo. Están casi a la altura de lo que pagan las empresas de la construcción en el sector privado, con el convenio de UOCRA. En algunas obras hay cooperativas que consiguieron sumar, al sueldo básico, un salario social, lo que significó otro empujón, que todavía no es regla, para achicar la distancia con los sueldos de mercado.
Y un dato final: si terminan el proyecto antes de lo previsto, en esta cooperativa al excedente lo reparten entre todos, distribuyéndolo de manera proporcional a las horas que cada uno haya hecho.
El entrevistado cumplió los 31 años. Cuando era un niño, allá por los años ‘99, 2000, 2001, acompañaba a su mamá a los cortes de la Ruta 3 y Cristianía, en el corazón de La Matanza. De aquellas históricas protestas piqueteras menciona, como el dato más significativo, que “conseguíamos, como mucho, un bolsón de comida”.
Hoy, además del trabajo de la obra, la cooperativa trata de organizar a los vecinos. Los llama a asambleas para informarles sobre el avance de las obras y definir colectivamente qué otras mejoras son consideradas prioritarias. Y les proponen que las tareas que van surgiendo en torno a la urbanización -por ejemplo, encargarse de preparar los almuerzos de los trabajadores, que quedó a cargo de vecinas del lugar- se hagan cooperativamente.
Para Reyes, la militancia no es un elemento secundario, que puedan separarse del trabajo de la economía popular, sino una precondición para que exista. Sumar organización es parte de este modelo de creación de trabajo. Que, por cierto, en estos días vuelve a tener dificultades para avanzar al ritmo y con el volumen de obras prometido. Sólo en el MTE de la Matanza, otros 900 trabajadores demandan entrar al programa de mejoramiento de los barrios.
2 – La UTT y las colonias agroecológicas
La primera colonia agroecológica de la Unión de los Trabajadores de la Tierra, ubicada en Luján, cumplió seis años este 20 de abril.
Está instalada sobre 84 hectáreas de lo que eran antiguas tierras improductivas del Estado. Allí 40 familias, antes despojadas de todo, producen verduras agroecológicas.
Desde que entraron a cultivar la tierra, en la colonia no perdieron ningún puesto de trabajo. Por el contrario, estuvieron siempre en crecimiento. Abrieron un almacén rural, un centro de comercialización de hortalizas y ampliaron su llegada con un sistema de nodos de consumo. En estos días construyen una biofábrica y una plantinera. Gestionaron la apertura de una escuela primaria y un colegio secundario para sus trabajadores y cualquier otra familia interesada.
La UTT pudo instalarse positivamente en el imaginario social. Es una excepción a la regla , ya que nadie se animaría a endilgarles que son vagos, que viven a costa del estado, que arruinan la cultura del trabajo o que “trabajan de ir a las marchas”. Pero vale saber que a su modelo le costó brotar.
El principal problema de los productores es el precio de la tierra. En el caso de esta colonia, en 2014 la organización tuvo que hacer un acampe en la autopista Buenos Aires- La Plata, después de un cúmulo de marchas y cortes, con el que consiguió abrir una negociación con funcionarios de los gobiernos nacional (Cristina Kirchner estaba en su segundo mandato) y la provincia de Buenos Aires ( a cargo entonces por Daniel Scioli). Por estas vías les ofrecieron los predios de Luján. aunque luego pasó todo un año de gestiones sin que los autorizaran a ingresar. La organización resolvió entonces ocupar las tierras, en las que permanecen hasta el día de hoy. En los últimos días de 2015, con Mauricio Macri preparándose para asumir en la Rosada, les otorgaron un permiso provisorio. Hoy tienen un acuerdo de uso con la Administración de Bienes del Estado, por 15 años.
La UTT creó más tarde otras seis colonias sobre tierras fiscales. Ya nadie duda de la fórmula. Con la pandemia, además, se hizo muy clara la utilidad de este tipo de modelo para descomprimir a las grandes ciudades.
Sin embargo, en el Congreso sigue esperando tratamiento el proyecto de Procrear Rural. La propuesta apunta a crear créditos blandos para las familias de agricultores y armar, con parte de los lotes fiscales en desuso, un banco de tierras. Se podría pasar así, de las actuales experiencias empujadas a pulmón, a una política de mayor alcance. El proyecto fue presentado en 2016, en 2018 y también en 2020.
3. Las comercializadoras populares
El caso del Mecopo viene bien para hablar de un gran tema de preocupación en los movimientos sociales: cómo darle un uso productivo a los programas de asistencia. Y esto es pensar en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Porque los montos de los planes son bajos, menos que un salario de subsistencia. Los creditos para la economia popular son micro. Las compras del estado al sector, inestables. Y aun así, la cuestión que se han planteado durante las últimas tres décadas las organizaciones es cómo producir.
El Mecopo es una comercializadora alternativa. Cuando fue creada, hace cinco años, su primera venta fue un bolsón con 4 productos -verduras agroecológicas y otros alimentos cooperativos- adquirido entre amigos y conocidos del Frente Darío Santillán. Trataban, básicamente, de darle respuesta al cuello de botella de la comercialización, porque la falta de canales de venta mataba sus mejores emprendimientos productivos.
Agustin Navarro organiza hoy los envíos a domicilio del Mecopo. Un antiguo edificio frente a una estación de trenes en Barracas -el bar donde Pino Solanas filmó Sur- es la central operativa de la comercializadora. En las estanterías hay alimentos de todo tipo, productos de limpieza y de tocador, vinos y cervezas, juguetes -bienes para consumo familiar-. “Todo viene de productores cooperativos, de la agricultura campesina y de pequeñas empresas familiares de distintos puntos del país”, cuenta Navarro.
Durante mucho tiempo llegaron a un círculo reducido. Pero desde que empezó la pandemia, las ventas subieron por encima de toda previsión. Los pedidos de envíos a domicilio se cuadruplicaron. Y en la red de almacenes populares que la organización tiene en villas y asentamientos, pasaron a vender el doble.
Eso obligó a los productores a aumentar sus volúmenes. Y acá viene el uso interesante de los recursos. El Mecopo tomó una línea de microcréditos -una herramienta proveída por Desarrollo Social- y los orientó a los productores que debían agrandarse.
“Tenemos una relación cercana con los productores; sabemos si tal empresa familiar de Mendoza necesita una máquina, o si una cooperativa debe hacer una inversión. Les prestamos lo que necesiten, sin interés y con la facilidad de que productor pueda devolver el crédito con mercadería”. El fondo es rotativo, de manera que a medida que se va pagando un préstamo, el dinero vuelve a la cuenta para ser ofrecido a otro productor.
Otro uso de los programas de asistencia tiene una potencia todavia poco aprovechada. El Mecopo ha equipado a sus almacenes populares, ubicados una docena de barrios con altos índice de exclusión de CABA y el Gran Buenos Aires, dotando a los locales de postnets que aceptan la tarjeta Alimentar. Esto marca una diferencia con respecto al uso “natural” de esa asistencia alimentaria, que termina mayoritariamente siendo gastada en los supermercados y comercios tradicionales y, por esta vía, yendo a las grandes empresas de la alimentación. Paradójicamente, el esfuerzo del estado para paliar la crisis por la suba de los precios de los alimentos vuelve a quienes motorizan sus aumentos.
Investigadores de la economía popular, como Alex Roig, advierten que no sólo hay que prestarle atención a la falta de empleo. “El capitalismo sumó múltiples modos de disimular el proceso de explotación: acumula más allá del trabajo”, dice el sociólogo especializado en la economía de los abajo.
Para entenderlo, Roig propone comparar a un trabajador formal con uno de la economía popular. “Un trabajador de la economía popular paga tasas de interés más altas si pide dinero prestado (acudiendo a prestamistas), recibe una paga menor por un trabajo equivalente, (como los cartoneros vs. los recolectores de basura), está atravesado por impuestos más regresivos (el IVA, en la compra de alimentos, que es el principal gasto de quienes menos ganan) está sometido de manera más cruda a los intermediarios comerciales. Y todo lo paga con trabajo”.
Por eso, en la economía popular señalan que no alcanza con producir. Hacen falta, además políticas, que recompongan múltiples derechos laborales que nuestro sistema de protección social asoció al empleo, pero no al trabajo.
Roig cree que uno de los logros de la economía popular fue poder diferenciar esos dos conceptos, trabajo y empleo, que muchos todavía consideran sinónimos. “Aunque haya crisis de empleo, la realidad es que las personas trabajan para sobrevivir. Y muchas veces lo hacen más que las 8 horas diarias de un trabajador formal”.
