Un caso emblema, de esos que sientan precedente, atraviesa la opinión pública y deja una huella en la memoria colectiva. Hace tres años y medio, un policía local de Avellaneda mataba de dos tiros por la espalda al joven Juan Pablo Kukoc, quien escapaba por las calles de La Boca luego de intentar robarle una cámara de fotos a un turista estadounidense que paseaba por la zona. El «caso Chocobar» puso en escena la forma en que opera la violencia institucional en nuestro país . «Yo actué como tenía que actuar, como a mí me enseñaron», expresó en su alegato final el policía de 34 años que reivindicó su accionar hasta el último momento.
Finalmente, Luis Oscar Chocobar fue condenado a 2 años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación como funcionario público por el homicidio de Juan Pablo Kukoc (18). La defensa pedía que se lo condenara a cadena perpetua por “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”. “La Justicia no es justa. Destrozaron a una familia”, lamentó entre lágrimas Ivonne Kukoc -madre de Juan Pablo- al escuchar el veredicto desde su casa de Lanús Oeste, donde siguió el proceso a causa de las restricciones producto de la pandemia.
La decisión abre un gran debate en torno al accionar de las fuerzas policiales. Organismos de Derechos Humanos condenaron el desempeño judicial y pidieron que se endurezca la pena al momento de la apelación. «La decisión de los jueces que evaluaron el caso desconoce el valor de la vida humana», señaló Guillermo Torremare, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El abogado advirtió que esta decisión judicial podría constituir «un peligroso precedente de legalidad de la violencia institucional en su forma más grave». Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron: «Decisiones como la que acaba de tomar el Tribunal diluyen la responsabilidad policial por las muertes con armas reglamentarias, consolidan mensajes erróneos sobre el uso de la fuerza letal y generan escenarios de impunidad para futuros hechos de abuso policial».
“Estoy tranquilo por la gente que me apoya. La Policía de la Provincia tiene unos huevos impresionantes, nada más, no voy a decir nada más”, declaró el propio Chocobar al abandonar el tribunal. «No hubo gatillo fácil. No fue una ejecución. Cumplió con su deber», dicen los carteles que llevan la familia y los amigos de Chocobar. A su lado, la madre del policía viste una remera con el rostro de su hijo y porta otro cartel: «Chocobar siempre fue inocente». Minutos antes, su abogado Fernando Soto había insistido en la absolución: «De ningún modo estamos frente a un caso de gatillo fácil, no es una pena de muerte instantánea, no es una ejecución extrajudicial, para nada”, sentenció el defensor.
Chocobar recibió dos años en suspenso, por lo que no deberá cumplir prisión efectiva. En la vereda de enfrente, el joven cómplice de Kukoc recibió una sentencia de nueve años de prisión por tentativa de homicidio criminis causa y tentativa de robo. «Me parece muy injusto que esté cumpliendo dos años por matar a mi hermano y otro que esté cumpliendo nueve años por intento de homicidio”, señaló al respecto Belén, hermana de Juan Pablo. La autopsia indicó que Juan Pablo recibió dos tiros a una distancia aproximada de siete metros mientras corría por su barrio, luego de haber sido detenido por vecinos que lo golpearon y le quitaron la cámara que acababa de sustraer.
El caso Chocobar marcó a fuego la gestión de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad. La flamante presidenta del PRO ejerció una defensa pública a ultranza del accionar policial. «Esta sentencia condena a toda la sociedad: ¿qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado? Lamentablemente, el relato pudo más que la verdad», expresó en su cuenta de Twitter. «Día triste para la Justicia argentina, que hoy condenó al policía Luis Chocobar por cumplir con su tarea de proteger a los ciudadanos de los delincuentes», se pronunció en el mismo sentido el ex presidente Mauricio Macri.
En la vereda de enfrente, la querella destacó: “Lo más importante es que el tribunal dictó una condena», dijo Pablo Rovatti, titular del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación y representante de la querella, en nombre de la madre de Kukoc. «Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar, que eso está prohibido y es delictivo. La condena impide que Chocobar siga siendo policía y que porte un arma, para lo cual evidentemente no estaba capacitado», agregó Rovatti. Ambas partes anunciaron que apelarán la sentencia.
