El pasado 7 de mayo, el presidente Alberto Fernández realizó una serie de anuncios referidos a la ampliación de programas de asistencia alimentaria para niños, niñas y adolescentes en la búsqueda de paliar las consecuencias de la crisis económica y sanitaria que aún transitamos y que afecta principalmente a los sectores históricamente vulnerados.
Esta serie de anuncios económicos del Gobierno parecieron mostrar su intención de ser un Estado presente y cuidador, en línea con el pedido que desde el mismo Ejecutivo surgió para la confección del anteproyecto de ley de un Sistema Integral de Cuidados, que se encuentra actualmente en su fase final de redacción.
Sin embargo, y más allá de las buenas medidas tomadas, si no se aborda la universalización y reestructuración de la Asignación por Hijo, seguimos en el camino de las buenas intenciones coyunturales que siempre dejan en el margen a miles de familias desprotegidas y a merced de un mercado laboral absolutamente destruido y excluyente de las mujeres que son quienes cuidan, crían y alimentan.
El actual sistema de protección económica de las infancias se organiza a través de:
- AUH o Asignación Universal por Hijo: un monto fijo que se asigna a cada hije menor de 18 años o con discapacidad sin límite de edad, que se le paga al padre o madre que viva con los menores y que esté en alguna de las siguientes situaciones laborales: desocupado, trabajador no registrado (sin aportes), trabajador del servicio doméstico, monotributista social, inscripta en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo. El padre o madre a cargo puede cobrar directamente sin contar con el consentimiento del otro padre o madre. Para ello, el adulto a cargo debe ser argentino, residir en el país y tener DNI. Si es extranjero o naturalizado, tener 2 años de residencia y DNI.
- Asignación Familiar por Hijo: es un monto variable, estructurado y tabulado que se paga por cada hije a les trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados con menores de 18 años a cargo o discapacitados, a través del SUAF. EL SUAF o Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) es el procedimiento utilizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la liquidación y el pago de estas asignaciones que tienen una serie de restricciones, condicionamientos e incompatibilidades con marcados sesgos machistas, heteronormativos y clasistas.
Y son justamente estos sesgos de género y de clase los que siguen obstaculizando que las medidas de protección lleguen a todas las familias y en especial a aquellas que, con jefatura femenina, también sufren violencia económica de parte de sus ex parejas, lo cual las ubica en un escenario al límite de las necesidades básicas insatisfechas.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la AUH no sólo reciben este monto, sino que también se ven alcanzados por la Tarjeta Alimentaria, la cual tiene como objetivo único la compra de alimentos y se suma automáticamente a las cuentas asociadas a la AUH.
Los montos actuales de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:
-Titulares con une hije menor de 6 años: $ 6.000 por mes.
-Titulares con más de une hije menor de 6 años: $ 9.000 por mes.
Finalmente, ante las nuevas restricciones a la circulación impuestas por el Gobierno para paliar los efectos de la segunda ola de COVID-19 en el país, en abril se estableció el cobro único de un bono de $ 15.000 para titulares de la AUH, AxE y monotributistas de las categorías más bajas (A y B) residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El complemento ya se ha comenzado a acreditar el pasado lunes 2 de mayo.
El 7 de mayo de 2021, se anunció la ampliación de la Tarjeta Alimentar para incluir a niños y niñas de hasta 14 años inclusive, y que aumentará a $12.000 para los hogares de hasta tres niñes.
De todas estas prestaciones, los niños, niñas y adolescentes de familias monomarentales que reciben Asignación por Hijo por embargo quedan excluidos. La pobreza los atraviesa de igual manera o en muchos casos más profundamente, ya que nos referimos a hogares en los cuales una mujer tiene a su cargo en forma absoluta y solitaria la manutención y provisión alimentaria.
Precarización que se profundiza en general cuando se pagan alquiler, expensas y servicios básicos, entre los cuales Internet se incluye como un servicio impostergable en este contexto de semipresencialidad.
Mientras exista incompatibilidad de las asignaciones familiares por embargo, con prestaciones como la Tarjeta Alimentar, o los bonos IFE o similares, seguirá excluyéndose a miles de niños y niñas de la asistencia que necesitan. De hecho, estas familias monomarentales no recibieron ningún tipo de auxilio económico en el contexto de pandemia debido a las incongruencias en los registros previsionales que aún siguen vigentes. Como tampoco refuerzos en las asignaciones por hijo ni actualizaciones en los montos, acorde a la profunda crisis económica y social.
No se puede seguir dejando a las familias monomarentales que cobran Asignación familiar por hijo, a la que usualmente se denomina “SUAF por embargo”, fuera de las políticas de asistencia alimentaria. Así como tampoco a aquellas mujeres que cuentan con un empleo registrado precario (escalas más bajas del Sistema SUAF) que nunca son consideradas poblaciones de riesgo, aunque estructural e históricamente soportan sobre sus hombros la carga económica y social de los cuidados en forma univoca y unipersonal.
Son familias que sufren violencia económica de parte de los progenitores varones que incumplen con el deber alimentario y también, sufren la ausencia del Estado que profundiza la violencia.
Hay miles de madres a cargo de niños, niñas y adolescentes que no solo soportan la soledad y el peso económico de las tareas de crianza y cuidados sin recursos ni corresponsabilidad, sino que, por estar vinculadas, para el sistema previsional, con sus ex parejas/progenitores de sus hijes, quedan fuera de la mirada del Estado cuando se trata de políticas de asistencia y emergencia.
Son aquellas madres que “embargan” las asignaciones familiares por hijo/a, muchas de ellas en contexto de violencia de género (con denuncia judicial mediante o sin ella) y que para el sistema de ANSES son fácilmente detectables, ya que el embargo solo se consigue a pedido expreso de la mujer a cargo y supone uno de los tantos trámites burocráticos a los cuales nos tienen acostumbradas a quienes llevamos adelante la administración de nuestros hogares.
Este tipo de hogares monomarentales son los pobres “invisibles” para el Estado, siempre a cargo de mujeres, que viven incluso debajo de la línea de indigencia, si tomamos los datos de la canasta básica del INDEC sobre ingresos mínimos. Y, aun así, sus hijes no “califican” para la AUH porque en estos casos el progenitor varón registra algún ingreso formal (empleo rentado/monotributo/responsable inscripto) o, afortunadamente, la madre a cargo ha conseguido mantener un empleo formal precario que se suma a los trabajos de cuidado que ella misma realiza sin corresponsable alguno.
¿Desconoce el Estado que estos varones son incumplidores alimentarios sistemáticos y crónicos y que muchos de ellos son conscientes de que las deudas con la AFIP, el no pago del monotributo y otros artilugios impositivos, dejan a sus hijes sin asistencia alguna?
¿Puede un Estado que ha promovido la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que ha sido reconocido internacionalmente como uno de los países que ha promovido políticas económicas de emergencia con perspectiva feminista, seguir desconociendo esta situación y mirando a otro lado? ¿Puede continuar ignorando a este vasto colectivo de mujeres que sistemáticamente son sometidas a innumerables exigencias de presentación de reclamos, llamados, declaraciones juradas y una y otra vez puestas al final de la cola?
Consideramos que las políticas previsionales deben urgentemente reformarse con perspectiva de género y asistir a niños, niñas y adolescentes pobres que quedaron signados a los vericuetos burocráticos y políticos de los cuales el patriarcado se sirve para redoblar la desigualdad y opresión.
El Ministerio de Economía -a través de la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro- en articulación con UNICEF Argentina ha emitido recientemente un informe titulado “Desafíos de las Políticas Públicas frente a la Crisis de los Cuidados – El Impacto de la Pandemia en los hogares con niñas, niños y adolescentes a cargo de mujeres”, donde señala claramente que los hogares monomarentales son los más afectados por la crisis del COVID-19; sin embargo, esto no se condice con lo sesgado de las políticas de asistencia que se activaron con posterioridad.
La desigualdad y la pobreza tienen cara de mujer y de mujeres a cargo de hijes y si queremos que los cuidados estén en el centro, es imprescindible reordenar, revisar y desburocratizar el sistema previsional de asignaciones familiares y universalizar la asistencia, entendiendo que basar las políticas en un modelo nuclear de madre y padres convivientes, es dejar a miles de familias diversas a la deriva en un contexto de pobreza extrema e hipotecar la salud integral de miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
