A raíz de que la semana pasada se conociera que el Ministerio de Educación porteño iba a dejar de enviar insumos contra el Covid a las escuelas públicas, alegando falta de presupuesto, la ministra Soledad Acuña difundió por varios medios de comunicación que iba a lanzar un refuerzo en la inversión para la compra de insumos con el objeto de garantizar que se cumplan los protocolos sanitarios en las escuelas. Según la versión oficial, la cartera educativa enviará una partida de dinero para comprar elementos de bioseguridad, publicado en la resolución RESOL-2021-114-GCABA-SSGEFYAR, bajo el título “Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de la Emergencia Sanitaria”. De acuerdo a lo informado, la Ciudad invertiría alrededor de 120 millones de pesos. Pero lo grave es que, de llegar a concretarse dicha inversión, no será el Gobierno porteño quien se encargue de la compra, selección, logística y distribución de los insumos sanitarios, sino que dejará todo en manos de las familias de la comunidad educativa que participan de las cooperadoras escolares.
En CABA hay alrededor de 840 escuelas públicas que cuentan con una cooperadora. Uno de los usos y costumbres más utilizados en toda la gestión del oficialismo porteño es delegar sus funciones y responsabilidades en la tercerización de los servicios. En este caso utilizará la misma estrategia pero con las cooperadoras escolares para que se hagan cargo de la adquisición de insumos para la sanitización de las escuelas en medio del avance de la segunda ola de Covid. Las cooperadoras no están en condición de llevar sobre sus espaldas semejante trabajo que corresponde a la gestión de gobierno y que es, ante todo, una labor sanitaria que tendría que estar bajo la órbita del Ministerio de Salud que dirige Fernán Quirós.
De acuerdo a lo comunicado por el GCBA, el reparto de dinero será en base a la matrícula de cada escuela, con montos que irán desde 200 a 330 pesos por cada estudiante por única vez en el año. A aquellos establecimientos con 50 alumnos o menos, se les destinará hasta 10 mil pesos. Si la escuela tiene desde 51 hasta 150 estudiantes, recibirán apenas 50 mil pesos. Para las escuelas con matrículas de 151 hasta 300 alumnos, 100 mil pesos. Los establecimientos de 301 hasta 450 estudiantes, recibirán 150 mil pesos. Si el establecimiento educativo cuenta con 600 alumnos, les tocará hasta 200 mil pesos; y, por último, si la población estudiantil es de hasta 1000 chicos y chicas, las cooperadoras recibirán 330 mil pesos.
En otras palabras, una escuela con mil estudiantes recibirá 330 pesos por cada alumno por única vez en el año. Si se divide esa cifra por la cantidad de días obligatorios de clases que tiene un ciclo lectivo, el Gobierno porteño invertirá apenas $1,83 por día por cada estudiante para la adquisición de insumos contra el Covid. A esta cifra irrisoria se le suma el rechazo de las cooperadoras escolares que coinciden en que es responsabilidad absoluta del Estado porteño garantizar las medidas sanitarias. “Esta imposición nos hace responsables de algo con lo que ni siquiera estamos de acuerdo, que es la presencialidad obligada a la que fuimos empujados el 17 de febrero”, comienza su análisis Patricia Barrera, vicepresidenta de la Cooperadora de la Escuela N°3 DE 15 República De Costa Rica y delegada de las Cooperadoras de la Comuna 12.
“Esta decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad delega una responsabilidad que es del Estado en las cooperadoras, que somos familias que desconocemos los temas relacionados con bioseguridad, calidades y cantidades de lo necesario para cumplir un protocolo sanitario en un contexto pandémico”, agrega Barrera.
Quienes integran las cooperadoras escolares son familias que se organizan para llevar adelante diferentes acciones en la que el Estado casi siempre está ausente. “Nosotras y nosotros somos familias que donamos nuestro tiempo y trabajo para mejorar las condiciones en las que aprenden nuestras hijas e hijos, no somos empleados del Gobierno de la Ciudad. El Gobierno porteño con esta resolución no sólo se desliga de sus funciones y no se hace cargo de la situación, sino que además se ahorra sueldos, aportes jubilatorios, horas de trabajo y diferentes compromisos”, añade Barrera. El conjunto de las familias coincide que no deben cargar con esta responsabilidad, y que el cuidado de la comunidad educativa (niños, niñas, adolescentes, docentes y no docentes) no puede y no debe pesar sobre las espaldas de las cooperadoras. “¿A quién le van a reclamar las conducciones o las mismas familias si un día se acaba el alcohol en gel y no se pueden abrir las escuelas? O peor aún, en caso de contagios, ¿nos van a reclamar a las cooperadoras que un niño se contagió porque no garantizamos los insumos necesarios para el cumplimiento del protocolo?”, termina Barrera.
En el mismo sentido, la cooperadora del histórico Mariano Acosta destaca que es el Gobierno de la Ciudad quien debe hacerse cargo y no deslindarse de sus tareas. “Es un trabajo para una Secretaría y no para familias que están dejando su tiempo de forma voluntaria”, afirma Mariana Ruibal, presidenta de la cooperadora de este colegio. “Tampoco sabemos cómo hacerlo, debemos resolver en todo caso a la inmediatez y desconocemos si el dinero alcanzará. La resolución explicita que la provisión de los insumos de higiene para garantizar el cumplimiento de protocolos sanitarios quedan a cargo de las cooperadoras usando el nuevo fondo”, cierra Ruibal.
¿Qué pasa en las escuelas porteñas que no tienen cooperadoras o que son muy pequeñas y con poca organización? ¿Les entregarán el dinero a los directivos, cargando sobre ellos aún más trabajo del que ya tienen? ¿Las cooperadoras escolares tienen que salir a buscar precios, comparar, decidir dónde, cómo y cuántos insumos comprar? ¿Con qué criterios y basados en qué conocimientos van a tomar esas decisiones? Estas y otras preguntas se hacen las familias que integran la Cooperadora del Normal 7. “Desde el mes de junio el Gobierno porteño nos dejará de enviar los insumos y, a cambio, girará dinero a las cooperadoras para que nos hagamos cargo. Está claro que la responsabilidad es del Ministerio de Educación y de Salud de la Ciudad”, asevera Pablo Cesaroni, integrante del colectivo de Cooperadores en Movimiento. “Podemos sumar varios factores que nos llevan a rechazar esta medida, queda claro que ésta no es una decisión por falta de dinero sino que es política, donde el gobierno se corre de su responsabilidad y descarga la misma en las escuelas mediante las cooperadoras, cuando en este momento muchísimas cooperadoras nos oponemos a que las clases sean presenciales por la gran cantidad de contagios que sigue habiendo en la Ciudad, y con este planteo el Gobierno porteño nos pide que nosotros suministremos los insumos para que haya presenciales”, concluye Cesaroni.
