El plan de Joe Biden para generar millones de empleos “bien pagos y sindicalizados” es ambicioso. El presidente de Estados Unidos propuso un paquete de inversiones públicas por 2.3 billones de dólares en infraestructura “moderna y resiliente” y en energías limpias que será difícil de aprobar en el Congreso. Mientras tanto, aguas abajo, en la coalición de actores e intereses que respaldan el plan, los sindicatos discuten los beneficios de la transición energética en materia de empleos y salarios.
Estados Unidos genera el 60% de su electricidad mediante usinas a gas y carbón. Las energías eólica y solar crecieron desde prácticamente un 0% en 2010 a un 10% en la actualidad. La propuesta oficial para acelerar la transición de las primeras a las segundas implicaría un impulso importante de la industria de la instalación y construcción de parques de energías renovables.
Actualmente la energía eólica y solar emplea a unos 222.000 trabajadores y trabajadoras de la construcción e instalación, según un reporte del 2020 compilado por la Asociación Nacional de Funcionarios de Energía Estatales y la firma Energy Futures Initiative. El futuro del sector es promisorio: los técnicos de servicio de turbinas eólicas ocupan el primer lugar en una lista de las ocupaciones de más rápido crecimiento, realizada por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. En tercer lugar están los instaladores de equipos solares.
Sin embargo, la promesa de Biden de una industria de energías verdes generadora de empleos “bien pagos y sindicalizados” choca con la realidad del sector. Apenas un 4% de los trabajadores de la energía solar y un 6% de aquellos empleados en energía eólica están sindicalizados, contra más del 10% en las centrales a gas, carbón o de energía nuclear. Según los sindicatos de la construcción nucleados en NABTU, menos de un cuarto de los proyectos eólicos y solares que comenzaron en 2020 están empleando trabajadoras y trabajadores sindicalizados.
La diferencia en los ingresos llega a ser importante. Los trabajadores y las trabajadoras de la energía solar que no pertenecen a un sindicato promedian entre 16 y 19 dólares por hora, según el Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica (LIUNA). El sindicato, que representa a medio millón de empleados de la construcción, dice que los trabajadores enrolados en éste y que se desempeñan en proyectos solares ganan 28 dólares por hora, mientras que sus colegas en proyectos eólicos obtienen 27 dólares. Todos empleos con cobertura de salud y beneficios jubilatorios.
El salario medio anual de 2019 para los instaladores de energía solar fotovoltaica fue de USD 44.890, según la Oficina de Estadísticas Laborales, mientras que el salario medio anual para los técnicos de servicio de turbinas eólicas fue de 52.910. En comparación, los trabajos en el sector de energía de combustibles fósiles pagan entre 70.310 y 81.460 dólares.
“La nueva economía verde es presentada como de beneficio mutuo para los trabajadores y el medio ambiente, pero eso es una gran mentira para los trabajadores y trabajadoras cuando los desarrolladores de energía eólica y solar desalientan los esfuerzos de sindicalización”, dijo Terry O’Sullivan, presidente general de LIUNA. Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, la principal confederación de sindicatos en Estados Unidos, remarcó que «si los trabajadores comienzan a sentir que la transición es realmente un asalto a nuestra forma de vida o a nuestro nivel de vida, habrá un retroceso económico y político».
La advertencia de Trumka encuentra su ejemplo en la revocación del permiso de operación del oleoducto Keystone, una de las primeras medidas que Biden tomó al asumir. La política energética de la nueva administración pone en riesgo miles de empleos en la industria del gas y del petróleo, una mirada compartida por trabajadores y sindicatos. El presidente estadounidense recibió a Trumka y otros líderes sindicales en febrero para asegurarles su compromiso con la generación de empleos sindicalizados.
Los sindicatos entienden que es el momento de apoyar a Biden. Avanza en el Congreso una ley para proteger el derecho de sindicalización. La Protecting the Right to Organize Act garantiza a los empleados del sector privado el derecho de unirse a un sindicato e impediría a los empleadores tomar represalias contra los esfuerzos de sindicalización. También facilita a los contratistas la demostración de que son empleados contratados bajo la ley laboral federal, una disposición que puede hacer más difícil la contratación de trabajadores contingentes en los proyectos con renovables. El proyecto pasó en la Cámara de Representantes por pocos votos y enfrentará un duro test en el Senado.
Independientemente de la cuestión sindical, hay otra dimensión de la industria de las energías renovables que preocupa a los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Gran parte de la cadena de suministros de energías renovables y otras tecnologías limpias se encuentra en el extranjero. Por ejemplo, casi el 70 por ciento del valor de un panel solar ensamblado en los Estados Unidos corresponde a empresas en China o empresas chinas que operan en el sudeste asiático, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y BloombergNEF.
Las organizaciones sindicales y especialistas del mundo laboral temen que los trabajos poco remunerados en construcción e instalación de parques renovables se impongan en demasía por sobre los empleos en la manufactura de esos equipos, que tradicionalmente implican mejores salarios y beneficios y dan estabilidad a la fuerza laboral.
No son temores infundados. El Reino Unido es uno de los países que más turbinas eólicas marítimas viene instalando en Europa. Sin embargo, por cada libra invertida en gastos de capital (como aerogeneradores y aspas) sólo 29 centavos quedan en la economía británica, según un estudio de Renewable UK. Dichos gastos, que constituyen casi el 70% del costo total de un proyecto offshore, es valor importado.
La intención de localizar la manufactura y agregar valor local repercute en el costo final de los proyectos. Esto genera una tensión no solo con las empresas constructoras sino también con los grupos ambientalistas. Cuanto mayor sea el énfasis en la fabricación nacional, más cara será la energía renovable (al menos al principio), y más tiempo podría llevar cumplir los objetivos de energías renovables.
El estado de Nueva York es un terreno testigo de esa tensión. Equinor, una compañía desarrolladora de parques eólicos, ganó recientemente la licitación para la construcción de dos parques eólicos offshore cerca del Puerto de Albany. En febrero, los sindicatos presentaron el borrador de un proyecto de ley que requiere a los desarrolladores como Equinor comprar sus equipos eólicos a fabricantes en el estado de Nueva York «en la mayor medida posible». No sólo las torres, como Equinor propuso, sino también otros componentes tecnológicamente más complejos, como palas y góndolas.
En rechazo, la industria y grupos ambientales expresaron que la medida podría disuadir a los desarrolladores de construir en el estado. El texto final, negociado con la industria y aprobado por la legislatura en abril, permite al estado otorgar puntos adicionales en el proceso de licitación a los desarrolladores que se comprometen a crear empleos de manufactura en el estado. También requiere que los trabajadores que construyen, operan o mantienen plantas eólicas y solares reciban salarios como si fueran sindicalizados o que puedan beneficiarse de la representación sindical.
Los líderes sindicales están pidiendo al gobierno federal condiciones estrictas en los subsidios que otorga a los proyectos renovables. «Vamos a exigir que el contenido nacional sea realmente alto», dijo Thomas M. Conway, presidente del sindicato del acero United Steelworkers. Biden anunció en marzo una serie de medidas para impulsar la manufactura y la construcción de parques eólicos marítimos.
